Llegó a su fin el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros cladestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, Infierno de Avellaneda y Brigada de San Justo.

El juicio comenzó en plena pandemia, el 27 de octubre de 2020; duró tres años y medio. A 48 años de los hechos, llegaron a juicio 18 imputados por cuatro centros clandestinos de tortura y exterminio. Durante la tramitación del juicio, 6 genocidas fallecieron impunes; el múltiple condenado Miguel Osvaldo Etchecolatz; Miguel Ángel Ferreyro, cabo de guardia del CCD el Infierno, quien fue reconocido en el juicio por la verdad como su violador por la compañera Nilda Eloy; Ricardo Armando Fernández, exintegrante del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército en La Plata; Carlos del Señor Hidalgo, capitán del ejército; Emilio Herrero Anzorena, jefe de grupo de actividades especiales; y Eduardo Samuel De Lio, jefe del Batallón de Depósitos de Arsenales 60. De los 12 imputados, solo Jorge Héctor Di Pasquale se encuentra detenido en la Unidad 34 de Campo de Mayo; el resto goza del beneficio de la prisión domiciliaria.

El veredicto se desarrolló en medio de una enorme jornada de lucha convocada por las querellas y las organizaciones de derechos humanos de La Plata, que estuvieron expectantes durante la lectura del mismo, colmando el TOF N° 1 de La Plata.

Se trata del juicio más grande de la jurisdicción, se pudo incorporar a través de implicaciones parte de los hechos cometidos en la Brigada de San Justo, logrando que no quedaran para otro juicio con los mismos imputados. Fueron más de cien audiencias, en las cuales transcurrieron más de 500 testimonios de sobrevivientes, familiares y testigos de concepto. Los casos del juicio fueron 611, muchos compañeros y compañeras sobrevivientes no llegaron a ver justicia por sus casos, como las enormes luchadoras Adriana Calvo, Nilda Eloy, Cristina Gioglio, Chicha Mariana, entre otros.

Condenas

El tribunal, integrado por los jueces Ricardo Basílico, Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero, comenzó calificando los hechos juzgados como delitos de lesa humanidad, negando el genocidio padecido en nuestro país, rechazando la petición de la querella Justicia Ya! del pedido de delito de genocidio, ya que se secuestraron, torturaron, abusaron y asesinaron militantes políticos, sociales, gremiales por oponerse al proyecto político, social y económico que se intentó imponer, constituyendo un retroceso. Además, hubo apropiación de niños. Así no lo entendieron los jueces Walter Venditti y Esteban Carlos Rodríguez Eggers, quienes ni siquiera se hicieron presentes en la sala. La disidencia fue del presidente del tribunal, quien calificó los hechos como delitos de lesa humanidad en el marco de genocidio, calificación que fue reconocida en esta jurisdicción en el primer juicio contra Miguel Osvaldo Etchecolatz en el año 2006.

A diferencia de los juicios anteriores, los genocidas no se hicieron presentes en la sala; escucharon el veredicto por Zoom ya que cumplen sus sentencias en prisión domiciliaria. Varias veces el presidente del tribunal tuvo que solicitarles que prendieran las cámaras mientras les leía sus condenas, ya que las apagaban o salían del cuadro, especialmente cuando hacían referencia a los delitos sexuales, situación que fue denunciada por querellantes.

Seis de los once condenados operaron desde el Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata. Se trata de Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Carlos María Romero Pavón, Jorge Héctor Di Pasquale y Roberto Armando Balmaceda, quienes recibieron una pena de prisión perpetua, y de Alberto Julio Candioti, condenado a 25 años de prisión.

Federico Antonio Minicucci fue responsable del Área 112, tenía jurisdicción, control y responsabilidad total en los CCD de Banfield, Quilmes, Lanús y San Justo como jefe del Regimiento III de Infantería de La Tablada y como teniente coronel entre el 6 de diciembre de 1975 y el 5 de diciembre de 1977.

Jaime Lamont Smart fue ministro de Gobierno del 8 de abril de 1976 al 4 de septiembre de 1977; recibió su séptima condena.

Al médico de la Bonaerense, Jorge Antonio Bergés, quien estaba a cargo de la maternidad clandestina del Pozo de Banfield, se lo condenó a prisión perpetua por el delito de sustracción, retención y ocultación de menores de 10 años previsto en el artículo 146 del Código Penal en perjuicio del hijo de Repetur-Carriquiriborde, de Diego Martín Ogando Montesano, de Daniel Santucho Navajas, de María José Lavalle Lemos, de Rosa Isabella Valenzi (hija de Silvia Mabel Isabella Valenzi), de Carlos D’Elia Casco y de María Victoria Moyano Artigas.

Juan Miguel Wolk, quien prestó servicios en calidad de jefe de la División Delitos contra la Propiedad y contra las Personas como comisario inspector dependiente de la Dirección General de Investigaciones y luego siguió prestando servicios en Banfield como comisario mayor, estuvo prófugo durante años, se hizo pasar por muerto y hoy finalmente fue condenado a prisión perpetua.

Por su parte, Horacio Luis Castillo cumplió funciones en el Pozo de Banfield entre el 10 de agosto de 1976 y el 3 de marzo de 1977 y en dos periodos en El Infierno de Lanús, también fue condenado a prisión perpetua.

Fue injustamente absuelto Enrique Augusto Barre, número dos de Juan Miguel Wolk en el Pozo de Banfield. Barre había cumplido servicios como segundo jefe de la División Delitos contra la Propiedad, que funcionaba en el Pozo de Banfield entre el 1 de agosto de 1975 y el 1 de junio de 1976. Hasta diciembre, Barre fue defendido por Mariano Cúneo Libarona, el actual ministro de Justicia de la Nación y su patrocinio lo siguió su mismo estudio de abogados.

De los 12 genocidas, Castillo, Fontana y Barre estuvieron en juicio por primera vez. El resto ya tiene otras condenas previas.

El juicio

Este mega juicio tuvo varias particularidades que sintetizaron todos los condimentos del último genocidio en argentina. La Plata fue un centro de enorme organización militante obrera, estudiantil, barrial, que la dictadura genocida intentó eliminar.

Entre los casos particulares se juzgó el secuestro, la detención ilegal y el asesinato de los estudiantes secundarios de la llamada Noche de los Lápices, que fueron vistos por última vez en el Pozo de Banfield y fueron secuestrados el 16 de septiembre del 76: Claudio De Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro Emilce Moler, Patricia Mirand y Pablo Díaz -caso emblemático reconocido mundialmente.

Sin ningún tipo de antecedente previo, fue la primera vez que participó una querellante travesti trans en un juicio de lesa humanidad. Entre noviembre de 2022 y abril de 2023 prestó testimonio la querellante Valeria del Mar Ramírez, seguida por Julieta Gonzalez, Carla Fabiana Gutiérrez, Paola Leonor Alagastino, Analia Velázquez y Marcela Viegas Pedro, que declararon por primera vez, quedando demostrado que durante la dictadura genocida existió una persecución particular contra el colectivo travesti trans y de todas aquellas personas que desafiaban la moral católica con su identidad de género, situación que estuvo invisibilizada en el marco de estos juicios.

Otro de los hechos de enorme trascendencia fue la aparición durante el juicio del nieto número 133, Daniel Santucho Navajas. Su hermano, Miguel “Tano” Santucho, declaró previamente que su madre Cristina Navajas estaba embarazada cuando fue secuestrada. En la causa están involucradas 442 víctimas, entre ellas 23 mujeres embarazadas. Faltan recuperar más de 400 hijos e hijas que continúan apropiadxs, lo que pone de relieve la necesidad de pelear por la apertura de los archivos.

También quedó demostrado el secuestro de niñes; en diciembre de 1975, Mario y Marcela Santucho festejaban un cumpleaños cuando se llevaron secuestrados a Ofelia Santucho y a 9 menores de edad, que tenían entre 15 años y 9 meses. Todos integrantes de la familia Santucho, más el bebé del “Turco” Abdón.

Por otro lado, se probó cabalmente el funcionamiento del Plan Cóndor en la región, la coordinación represiva entre las dictaduras de Argentina y Uruguay; 28 militantes uruguayos fueron secuestrados y fueron llevados a las Brigadas.

Otro aspecto que se demostró en el juicio fue la participación de los medios de prensa como actores del genocidio, como fue el caso que citó Alejandrina Barry. En 1977 se publicaron diversas notas en los medios que formaban parte de la Editorial Atlántida, como las revistas Gente, Somos y Para Tí, donde se mostraba a una niña sola que había sido supuestamente abandonada por sus “padres terroristas”. La nota más conocida tenía como título “Los hijos del Terror”.

Este veredicto constituye un enorme triunfo contra la impunidad, en este escenario actual donde el gobierno de Milei está llevando adelante una política no solo negacionista sino apologista del genocidio, que contó con la complicidad de los principales partidos capitalistas, de los empresarios nacionales y extranjeros, de los terratenientes, de la burocracia sindical, los medios de comunicación, la Iglesia Católica y de Estados Unidos. Como decía nuestra compañera Nilda Eloy, en referencia a que sigue primando la impunidad para otros genocidas: “No son los juicios que queremos, son los que tenemos”.

Finalmente, ordenaron la revisión de las prisiones domiciliarias de las que gozan 10 genocidas. Fue genocidio, son 30.400. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos.