10 de mayo de 2018 | #1501

[Editorial] La última carta

Por Gabriel Solano

El llamado desesperado de Macri a Lagarde para solicitar un rescate del FMI muestra que el gobierno camina sobre la cornisa. Las medidas anunciadas a fin de la semana pasada fracasaron sin miramientos. Ni la tasa de interés del 40% ni el anuncio de un recorte presupuestario fueron suficientes para detener la corrida contra el peso y la fuga de capitales. La metástasis de la crisis capitalista se expandió por todo el organismo: la venta masiva de Lebac derivó en una caída en picada de las acciones y de los bonos de deuda, tanto los cotizados en pesos como en dólares. La pérdida de valor de las empresas argentinas batió todos los récord. Quienes se conformaban a sí mismos caracterizando la crisis como “cambiaria”, vieron rápidamente como ésta se transformaba en financiera y hasta en comercial. Sucede que varios diarios destacaron que la falta de liquidez estaba afectando la cadena de pagos de las pymes, que no podían hacer frente a sus obligaciones. La suba de tasas convirtió a los descubiertos de los bancos en expropiatorios.

Los propagandistas del oficialismo que se amparaban en la ‘robustez’ de las reservas del Banco Central de la República Argentina para negar la posibilidad de una crisis que derive incluso en un defol fueron refutados por la propia realidad. La fuga de capitales de los últimos meses equivalió al 15% de las reservas brutas del BCRA. Sólo los vencimientos de Lebac del martes 15 superan los 600.000 millones de pesos, lo que al tipo de cambio actual significan casi 30.000 millones de dólares -el 60% de las reservas brutas del BCRA. La evidencia que la liquidación de Lebac para pasarse al dólar seguiría sin importar ya la tasa de interés que se pague, colocaba al gobierno en una disyuntiva: o admitir una megadevaluación y acelerar un rodrigazo, o buscar un rescate desesperado del FMI. La viabilidad de esta alternativa todavía está por verse.

Lo peor, por venir

La carta del FMI, sin embargo, deberá pasar la prueba de los acontecimientos. Ejecutivos de los bancos de inversión hicieron saber que la Argentina no califica para los créditos flexibles. Acaba de conocerse la noticia de que el gobierno deberá conformarse con un crédito stand by, que tiene muchas menos condiciones pero es por montos menores. Esos mismos ejecutivos, sin embargo, señalaron que sería una señal negativa que el monto pactado no sea ‘importante’. Los 30.000 millones de dólares que, según trascendió, el gobierno solicitaría, podría tener gusto a poco. Es que como señalamos más arriba, esa cifra equivale sólo a los vencimientos de Lebac de la semana próxima. Resta todavía financiar un déficit de balanza de pagos que supera los 30.000 millones de dólares y que el gobierno hoy no puede conseguir sin pagar tasas usurarias superiores al 11% anual en dólares. Se trata de una tasa compatible con un país quebrado. Quienes se jactaban de haber evitado que la Argentina sea Venezuela están siguiendo la ruta más directa a Caracas.

En estas condiciones, el financiamiento que podría brindar el FMI se parece como dos gotas de agua al ‘blindaje’ de De la Rúa. Este sirvió para financiar la fuga de capitales del círculo rojo y una vez que ésta concluyera se procedió a decretar la quiebra del país. Después de todo, la película tiene hasta los mismos actores. El actual presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, fue procesado por la Justicia por este acto delincuencial que concluyó con un aumento sustancial de la deuda externa de la Argentina. Si Macri lo designó fue justamente por estos antecedentes.

Un préstamo del FMI no modifica en nada el camino hacia el precipicio que sigue el gobierno; en el mejor de los casos, puede reducir la velocidad de la caída. Se plantean, por lo tanto, medidas de fondo que hasta ahora el gobierno ha querido eludir, porque teme caer en el intento. En su reciente aparición televisiva, Cavallo se pronunció porque el gobierno dejase salir todos los dólares del carry trade, lo cual supone una megadevalución y un rodrigazo. Otros sectores ya han planteado que el gobierno debe transformar las Lebac del Banco Central en deuda del Tesoro, para zafar de los vencimientos quincenales de lo que es una verdadera bola de nieve que alcanzó la dimensión de 1,2 billón de pesos y que se ajusta a una tasa de interés del 40% anual. Una medida de este tipo debería ser forzosa, extendiendo unilateralmente los plazos de pagos y al menos el interés inicial a pagar. Paradójicamente, tendríamos de parte del macrismo una medida semiexpropiatoria y un semidefol.

Una megadevaluación podría ser útil para licuar el pasivo del Banco Central, ya que las Lebac están emitidas en pesos. Sin embargo, encarecería la deuda en dólares del Tesoro y, por sobre todo, echaría más leña al fuego de la inflación. La dolarización de las tarifas y naftas es incompatible con un rodrigazo, salvo que se quiera generar una rebelión popular. La inviabilidad de todo este esquema se prueba en el hecho de que el agente de las petroleras Aranguren ha salido de emergencia a anunciar un ‘congelamiento’ de los combustibles. Sin embargo, las petroleras han puesto condiciones leoninas. Los aumentos que no se hacen ahora se acumulan todos para el segundo semestre, en cuotas mensuales hasta fin de año. En la letra chica se estableció que si por algún motivo este sendero de precios no se puede aplicar, el gobierno compensará a las empresas con subsidios. Las contradicciones saltan a la vista: por un lado, el gobierno anuncia la rebaja del déficit y, por el otro, se compromete a más subsidios. Estamos frente al perro que se muerde la cola.

Ajuste y política

El anuncio del pedido de rescate al FMI ha colocado al gobierno a merced del capital financiero internacional. Esto es simple de entender. Macri se ha quedado sin restos para defender en una negociación la continuidad del ‘gradualismo’. Su único punto fuerte es, paródicamente, su gran debilidad. El gobierno podrá amenazar con su caída para reclamar condiciones menos severas en una negociación. Es que no caben dudas que la caída del macrismo será un golpe a los planes imperialistas en la región, impactará en la crisis brasilera y en la capacidad de intervenir en Venezuela. Siendo cierto esto, el gran capital quiere a Macri para emprender una ofensiva contra las masas. Su permanencia dependerá de su capacidad para cumplir su función.

El FMI ya hizo saber sus exigencias el año pasado, en oportunidad de la revisión anual de la economía argentina. Estas incluían una reforma previsional más a fondo, que establezca la suba de la edad de jubilación a los 70 años y la vuelta al sistema de capitalización; la reforma laboral con el objetivo de fondo de terminar con la llamada ‘ultraactividad’, que permite la renovación automática de los convenios colectivos; un ajuste fiscal más pronunciado, que alcance los sistemas de salud y educación; una mayor presión a las provincias y municipios para que apliquen ellas mismas el ajuste sobre sus trabajadores. Este plan de guerra contra las masas, sin embargo, el macrismo lo ha ido aplicando hasta donde la resistencia popular se lo permitió sin revertir la quiebra del Estado y el vaciamiento financiero del país.

El problema de fondo es que el macrismo carece de los recursos políticos para un ajuste de esta envergadura. Si no pudo hacerlo en su momento de ascenso, menos podrá ahora que camina sobre la cornisa. La crisis económica se transforma por esta vía en una crisis política. La negociación con el FMI no se limitará al plan económico sino también a quien lo aplica. No podemos descartar en los próximos días y semanas cambios de gabinete e incluso ensayos de gobierno de coalición, ya sea mediante una mayor presencia de los aliados de Cambiemos en el gabinete o el ingreso de algún pejotista. La cercanía de las elecciones es un obstáculo no menor para estos experimentos. La hoja de ruta del gobierno iba en un sentido inverso: disputarle al pejotismo, que le votó las leyes en el Congreso, todas las gobernaciones en las elecciones del año que viene. El anuncio de la salida de Monzó confesó que en el círculo íntimo del gobierno se había tomado la decisión de rechazar compromisos electorales con el pejotismo. Ahora que el gobierno está en retroceso, la cuestión se invirtió: será difícil encontrar sectores de peso dispuestos a sacrificarse por la continuidad del macrismo.

A la acción

El movimiento obrero enfrenta esta nueva etapa en un cuadro defensivo. Luego de las jornadas del 14 y 18 de diciembre, donde mostró la disposición de lucha un sector amplio de los trabajadores, la burocracia sindical selló un pacto con el gobierno para aislar las luchas y hacer pasar las paritarias a la baja, dejar pasar los despidos y reflotar la reforma laboral. En este punto, el fracaso del gobierno ha sido también el de la burocracia sindical, cuya autoridad ante los trabajadores se ha visto nuevamente golpeada. La incapacidad de la CGT para reagruparse expresa la falta de liderazgo interno y es una expresión acentuada de la descomposición del peronismo. El kirchnerismo, por su lado, va a la rastra del pejotismo en todos los terrenos. Las direcciones sindicales que se referencian con el kirchnerismo han firmado paritarias del mismo tenor que los gordos de la CGT. El ‘frente único contra el macrismo’ ha sido la excusa para acelerar su derechismo.

La velocidad que ha tomado la crisis plantea la necesidad de tomar la iniciativa política. El impacto en la conciencia de los trabajadores deberá evaluarse en la propia acción. El reclamo de un paro nacional y un plan de lucha a la CGT y las centrales sindicales sigue siendo un planteo valioso, porque prefigura una respuesta de conjunto del movimiento obrero ante la crisis y apuntala luchas parciales que sufren dificultades como resultado del aislamiento. Pero es necesario que ese planteo el activismo lo realice postulándose como dirección alternativa, tanto por sus métodos como por su programa. El planteo del Congreso de delegados con mandato de sus bases, mediante asambleas, dirigido a todos los sindicatos y centrales debe ser una campaña central, para cuestionar la legitimidad de la burocracia en el manejo de las organizaciones obreras y postular una intervención independiente. Los sindicatos, comisiones internas y tendencias del movimiento obrero que luchan por esta perspectiva deben agruparse ellas mismas y convocar un plenario obrero con estos planteos de fondo.

El agravamiento inusitado de la crisis coloca la cuestión del programa en el orden del día, ante las variantes de recambio capitalista y compromisos que planteará la oposición y la burocracia sindical. En ese sentido, planteamos la anulación del tarifazo y la reconvocatoria inmediata de todas las paritarias; la prohibición de despidos y suspensiones; la defensa de los convenios colectivos y el rechazo a la reforma laboral; la nacionalización de los recursos naturales y energéticos bajo la dirección de los trabajadores; el repudio a la deuda externa y la nacionalización de la banca y el comercio exterior.

Esta perspectiva ha sido marcada claramente por el Frente de Izquierda en una declaración elaborada por su Mesa Nacional. Contra los que postulan que la crisis conduce a la unidad de toda la oposición -es decir, al pacto con el pejotismo y el massismo ajustador-, nosotros planteamos la unidad de la izquierda y el movimiento obrero para derrotar al macrismo y abrir una perspectiva de gobierno de los trabajadores.

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Gabriel Solano

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Por una resolución del Ministerio de Educación (1254/18), se modificaron de un saque las “actividades profesionales reservadas” de 37 carreras de grado. Esto significa un recorte de las actividades exclusivas en las que se puede desempeñar el graduado de una carrera.

El recorte es abrumador: en Geología se pasa de 40 actividades reservadas a 7; en Arquitectura de 20 a 4; y así en cada una de las 37 carreras a las que se les asignan actividades restringidas y diferenciadas. En lo inmediato, se trata de una devaluación de los títulos, cuyo valor disminuye al perder la exclusividad sobre numerosas actividades, y pasando a competir en el mercado laboral con carreras más cortas, en general del ámbito privado, cuya retribución es más barata.

Esta medida está asociada a toda la política de privatización educativa que, bajo el auspicio de la OCDE y el FMI, encarna el macrismo.

Del recorte de incumbencias al recorte de contenidos

El mismo día que se publicó esta resolución, el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro expresó “el interés del Gobierno por contar con carreras más ágiles con trayectorias formáticas que permitan, sin quitar conocimiento, reducir horas de estudio” (La Nación, 18/5). Sin embargo, el recorte de las incumbencias anticipa un recorte de contenidos: ¿para qué enseñar urbanismo en la carrera de Arquitectura si no es un ámbito exclusivo del título? ¿Para qué gastar recursos en enseñarle Psicología Laboral a un Licenciado en Psicologia si por mucho menos puede hacerlo un Técnico en Coaching o algún derivado?. La orientación del gobierno es clara: carreras de grado cortas con títulos devaluados.

Los resultados de esto son el crecimiento de los posgrados pagos –para completar una formación integral y mejorar las chances de inserción laboral– y el reforzamiento de las carreras cortas, que reemplazan la formación científica por la capacitación para desempeñarse solamente en actividades específicas. 

Los socios de Macri en la universidad

Esta política ha sido pactada con los rectores radicales y peronistas, no es un secreto para nadie. Mientras que la Franja Morada maneja la Secretaría de Políticas Universitarias a través de Danya Tavela, el ex rector K de la Universidad de Córdoba, Francisco Tamarit, es quien coordina el Sistema de Reconocimiento Académico y establece la nivelación –a la baja– de las carreras públicas con las privadas. El mismo acuerdo se reproduce en el Consejo Interuniversitario Nacional, donde preside el radical Hugo Juri y es secundado por el ex viceministro de Cristina Jaime Perczick, e incluso en la Federación Universitaria Argentina.

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Los Rectores actúan como los CEOs de la universidad, buscando “seguridad jurídica” para desenvolver el negocio de los posgrados y las carreras chatarra. Esta comprensión es el punto de partida para desarrollar un movimiento estudiantil independiente.

Pongamos de pie al movimiento estudiantil

La “modernización” que postulan Macri y Finocchiaro en acuerdo con los rectores significa una degradación de las carreras para adecuarlas a la descalificación del trabajo que marcan la reforma laboral y el acuerdo con el FMI. Como no podía ser de otra forma, empalma con el recorte salarial a los docentes y el ajuste presupuestario que ha sido golpeado por la devaluación del peso. 

La UJS va a proponerle a la FUBA y los centros de estudiantes combativos la convocatoria a asambleas en todos las facultades para apoyar a los docentes, discutir este ataque a las carreras y preparar una gran movilización en junio hacia la Conferencia Regional de Educación Superior, donde planean reunirse los rectores de América Latina para darle un aval a esta política de desguace y privatización de la universidad pública. 

El viernes, a las 17hs, convocamos a un plenario abierto de la UJS en la Facultad de Farmacia para preparar esta campaña.
 

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El gobierno nacional acaba de oficializar una declaración de guerra contra la Universidad Pública en general y, en ese marco, contra la Licenciatura en Psicología.

Por medio de la resolución 1254/2018 del Ministerio de Educación, publicada en el Boletín Oficial del 17 de mayo, se recortan una enorme cantidad de actividades pasibles de ser ejercidas por egresados de carreras de grado; en el caso de la Licenciatura en Psicología, de 16 “actividades profesionales exclusivamente reservadas al título” se pasa solamente a 5. De esta manera,  han desaparecido las relativas a las áreas educacional, social comunitaria, jurídica y pericial, laboral y de diseño de políticas públicas de Salud. Las “actividades exclusivas” de la licenciatura establecidas en el Anexo XXXIII de la resolución quedan limitadas al área clínica y orientadas a las actividades de diagnóstico, evaluación y administración de técnicas. Para el área de Salud Mental, solamente para “promoción y prevención”. Cabe mencionarse que si bien las “actividades reservadas” no son lo mismo que las llamadas “incumbencias”, las primeras derivan a las segundas. Las “actividades reservadas” son aquellas autorizadas a ejercer solamente por la profesión como actividad específica (aún trabajando interdisciplinariamente en una misma área con profesionales de otras carreras). 

Para el caso del campo de la Salud Mental,  el modelo que se presenta es casi la antigua concepción del psicólogo como “auxiliar del médico” (especializado en tareas de diagnóstico y administración de test) y absolutamente ausente en la gestión de servicios, instituciones y dispositivos de salud pública y comunitaria y en el diseño de políticas públicas sanitarias. Una verdadera concesión a las camarillas de las asociaciones médicas privadas y “colegiadas" que reclaman el monopolio de la gestión y los tratamientos en el Sistema de Salud Pública (hospitales, centros de salud, dispositivos comunitarios y alternativos) como también en el ámbito privado (clínicas, sanatorios, prepagas, etc.).

El recorte oficial de las incumbencias, encuadrada en el proceso de privatización de la salud y la educación, es en primer lugar una “compensación” gubernamental a aquellas camarillas privatistas, que impulsaron el año pasado una nueva reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental a favor de sus intereses. Finalmente, la misma no se produjo por las denuncias de una gran cantidad de instituciones y agrupaciones de psicólogos, y el fracaso gubernamental se terminó llevando puesto al Director Nacional de Salud Mental, Andrew Blake, un lobbysta de los laboratorios.

El objetivo que no se cumplió por el mostrador de Salud retorna ahora por el de Educación; y así la nueva resolución entra en abierta contradicción con las incumbencias y el perfil del psicólogo establecidos en las leyes de Salud Mental y del Ejercicio Profesional de la Psicología.

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La “Contrarreforma” Universitaria y la complicidad de los rectores del CIN

El avance gubernamentalse inscribe en un plan general del Gobierno acordado con los Rectores de las Universidades Nacionales que integran el Consejo Interuniversitario Nacional/CIN –macristas, radicales, peronistas y kirchneristas–quienes vienen “cocinandolo" desde el año 2015, en la perspectiva de avanzar hacia una “reforma universitaria” en sintonía con los modelos privatistas del Banco Mundial.  De hecho, la Resolución de marras incluye 41 carreras de grado de Universidades Nacionales.

Justamente, días atrás, el Ministro de Educación Alejandro Finocchiaro declaró la necesidad de convertir a las carreras de grado en “carreras más cortas y flexibles” (Infobae, 17/5) como anticipo del lanzamiento oficial del “Sistema de Reconocimiento Académico” (SRA), un plan de reforma de carreras universitarias que apunta a acortar el grado, traspasar sus contenidos profesionales de especialización a los posgrados (arancelados en universidades, asociaciones y colegios profesionales)devaluando los títulos universitarios de grado, y a su vez promoviendo a su vez la “movilidad” de estudiantes en distintas carreras a través de un sistema de “créditos” y equivalencias. Prácticamente el modelo del Banco Mundial y la Ley de Educación Superior del menemismo.

Para el caso de la Licenciatura en Psicología, el recorte de la Resolución por ejemplo puede abrir la instancia no solamente al acortamiento de la carrera de grado y a la consiguiente privatización en el posgrado que señalamos en el párrafo anterior sino al establecimiento de “títulos intermedios” y/o tecnicaturas en la misma Universidad y en un sinfín de “institutos-kioscos privados” que en los últimos años vienen proliferando (coaching, counselings, etc.) para promover un ejército de “semiprofesionales” y “técnicos” que con sus servicios abaraten el costo de un profesional con título de grado en las distintas áreas del mercado laboral público y privado incumbentes a la Licenciatura en Psicología.  De hecho, en el año 2003 en la Facultad de Psicología de la UBA, las autoridades de entonces internaron aplicar una Reforma similar acorde a los lineamientos de la acreditación de la carrera de grado a CONEAU, la cual no pudo ser implementada por la movilización estudiantil impulsada por el Centro de Estudiantes dirigido en aquel entonces por el EPA/UJS-PO.

El agravante del caso pasa por que la misma Federación de Psicólogos de la República Argentina (Fepra)–que ahora ha salido a poner el grito en el cielo con la resolución ministerial- participó durante todo el 2015 junto al CIN de los cambios hoy estipulados en la nueva resolución. La Fepra desde hace años viene intentando concentrar y monopolizar la gestión de cursos de posgrados y las carreras de especialización de los psicólogos graduados de nuestro país; la nueva resolución plantea ahora que algunas tareas correspondientes a las incumbencias que venían figurando en la Licenciatura en Psicología puedan comenzar a aparecer en carreras “cortas” –muchas veces dictadas en institutos universitarios privados– con títulos intermedios y tecnicaturas.

La resolución 1254/18 sintetiza y condensa el avance privatista del gobierno de Macri en la Universidad (en acuerdo con rectores radicales, peronistas y kirchneristas de todo el país) y la Salud Pública (Proyecto CUS) con la venia de las corporaciones médicas y la burocracia sindical vaciadora de las obras sociales. Distintos medios ya anticipan que parte del acuerdo con el FMI podría incluir una primera etapa de arancelamiento de las universidades y hospitales públicos para estudiantes y pacientes extranjeros.

Se plantea como necesaria la inmediata derogación de la Resolución 1254/18. Bajo esa perspectiva llamamos a realizar asambleas y reuniones abiertas en Facultades y lugares de trabajo de psicólogos graduados, estudiantes y docentes graduados de Psicología para desenvolver de manera urgente una movilización nacional independiente del gobierno, los rectores del CIN y las camarillas capitalistas médicas y profesionales en defensa de la salud pública, la universidad pública, nuestras incumbencias y profesión y las condiciones laborales del trabajador profesional de la salud mental.

 

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El gobierno de la Ciudad esta mañana reprimió con la infantería con balas de gomas y a los golpes a trabajadores del Subte que se encontraban garantizando las medidas de paro, en la Estación Las Heras de la Linea H. 

El macrismo y la empresa Metrovias viene avanzando con una escalada de fuertes provocaciones contra los trabajadores y su sindicato, con el robo de la personería que corresponde a la AGTSyP y la aplicación de suspensiones arbitrarias, sanciones que ya superan las 82 y causas judiciales por desafueros a todos los delegados mas otros activistas y trabajadores que han participado del plan de lucha. 

 

 

Con este ataque directo contra el derecho a la huelga intentan detener el reclamo por la reapertura de paritarias y hacer pasar la rebaja salarial firmada con la UTA del 15% en coutas, junto con el descuento del 1% de los salarios para el aparato de la burocracia de Fernandez de la UTA. 

 

 

El jefe de gabinete de CABA declaró en los medios que se van a iniciar causas penales y civiles contra los trabajadores en lucha. Denuncio que “el corte es ilegal”, desconociendo el derecho a huelga. Y que la AGTSyP no tiene atribuciones para cuestionar un convenio firmado por la UTA que es el gremio “que representa a los trabajadores”.

Hay que pararle la mano a esta fuerte provocación de la patronal de Metrovias y del gobierno macrista de la Ciudad. La Agrupacion Naranja llama urgente a resolver en asambleas de base y que los delegados resuelvan parar todas las líneas.

* Repudio a la represión. Defensa del derecho a huelga y levantamiento de todas las sanciones y desafuero de los delegados de la AGTSYP.

*Reapertura de la paritaria salarial con clausula gatillo.

*Anulación del descuento para UTA 

*Devolución de la personería a AGTSyP

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Los trabajadores del subte anunciaron el paro total de las seis líneas y el premetro en repudio a la represión que sufrieron esta mañana en la línea H y para exigir la inmediata libertad de los más de quince compañeros detenidos, entre ellos el directivo de AGTSyP Néstor Segovia y el delegado paritario Claudio Baigorria. En estos momentos, la estación Las Heras se encuentra virtualmente sitiada por la policía. Trabajadores, legisladores, delegaciones solidarias y medios de comunicación se dirigen hacia allí. También se han desplegado en otros puntos nodales de la red, como Pueyrredón y Corrientes.

Por cuenta y orden del Gobierno porteño y Metrovías, la Policía de la Ciudad reprimió esta mañana con balas de goma, bastonazos y gas pimienta a trabajadores del Subte que se encontraban garantizando las medidas de paro en la estación Las Heras, perteneciente a la línea H. 

 

 

La medida de fuerza respondía a la exigencia de reapertura de paritarias, que el gobierno y la empresa sellaron con la UTA por el 15% en cuotas, más el descuento compulsivo del 1% de los salarios para el aparato de la burocracia de Roberto Fernández. La UTA es un gremio absolutamente minoritario en el subte, donde los trabajadores pusieron en pie su propio sindicato, AGTSyP. Sin embargo, éste nunca fue reconocido formalmente como tal por el Ministerio de Trabajo. A pocas horas de su relevo, tras doce años de ninguneo, Carlos Tomada otorgó la personería de AGTSyP y recientemente, la cartera ahora a cargo de Jorge Triaca la revocó. 

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“La ofensiva contra los trabajadores del subte por parte del gobierno de Larreta y la empresa Metrovias hoy ha pegado un nuevo salto: tras las más de 100 suspensiones y los pedidos de desafuero a delegados hoy ha respondido a los balazos a las medidas de reclamo por salario y condiciones de trabajo que se están llevando adelante”, denunció el legislador Gabriel Solano (PO-FIT), quien exigió la presencia del Ministro de Seguridad de la Ciudad en la Legislatura para dar explicaciones sobre lo sucedido.

“Para pararle la mano a esta provocación de la patronal tenemos que llamar urgente a asambleas de base y parar todas las líneas por el levantamiento de las sanciones, la reapertura de la paritaria salarial con cláusula gatillo, la anulación del descuento para UTA y la devolución de la personería a AGTSyP”, reclamaron Cristian Paletti y David Carballo, trabajadores de las líneas C y B y militantes de la Agrupación Naranja, de fuerte presencia entre los metrodelegados. 

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“Los trabajadores se estan defendiendo de una ola de ataques, que tiene como primer elemento el quite de su personería gremial que desconoce que la AGTSyP es el sindicato que organiza a los trabajadores del subte y les quita sus legítimos derechos gremiales. Con ello, pretenden imponer además el  tope salarial del 15%,  instalar trabajo insalubre, hacer pasar materiales cancerígenos, etc. A su vez, la empresa que impone esta política presta pésimo un servicio a los usuarios.

Pero Metrovías no es sancionada sino premiada con un aumento del pasaje del 66%. La banca del Frente de Izquierda defiende a los trabajadores del subte y su derecho a huelga. Exigimos el cese de la represión, el respeto a los derechos de los trabajadores y respuestas de las autoridades del gobierno de la ciudad”, apuntó Solano.  

 

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La especie oficialista de que “lo peor pasó”, difundida en estas horas por alguno de los miembros del gabinete nacional, apunta a dar por terminada la crisis de fondo que se evidenció con la corrida cambiaria, la megadevaluación y la convocatoria al FMI. Pero estrictamente, y fuera del propio gabinete, la expectativa “optimista” ni siquiera es comprada por los propios propagandistas del macrismo. El cimbronazo de días pasados ha agravado todos los desequilibrios económicos y, naturalmente, anticipa choques sociales de enorme magnitud.

La devaluación le permitió al gobierno degradar los salarios estatales y los gastos sociales del presupuesto. Pero ha acentuado el peso de la deuda pública externa sobre el PBI: algunas estimaciones que calculaban esta relación en el 59% hace un mes atrás, calculan que se elevó al 69% con el dólar a 25 pesos (Página 12, 20/5). En el meollo de la corrida de días atrás, que no es otro que el de una crisis de deuda y, por lo tanto, de financiamiento del Estado y de la propia burguesía, la situación es hoy más aguda. El gobierno puede solazarse de que en alguna medida se ha licuado la deuda pública en pesos. Pero un componente fundamental de esa factura, la deuda del Banco Central (Lebac), compensa esa desvalorización con la pesada carga de intereses al 40%, el precio comprometido para que puedan renovarse estas letras. El próximo vencimiento implicará mayor capital e intereses a reciclar, si se quiere impedir una nueva corrida. No sorprende, en ese cuadro, que los “ultraliberales” vuelvan a plantear la conversión forzosa de esta deuda en títulos del Tesoro nacional. Así, los tenedores de los “ultraseguros” pagarés del Banco Central serían obligados a cambiarlos por deuda de un país en manos del FMI. Estaríamos ante una variante parcial de defol, y –cuanto menos– ante una crisis de gabinete. Por otra parte, el 63% de las (abultadas) deudas provinciales están nominadas en dólares o “linkeadas” al dólar, que es lo mismo.

Dujovne y las provincias 

Precisamente, el gobierno ya atraviesa en estas horas una crisis de gabinete disimulada, con el nombramiento de Dujovne como “ministro coordinador” del abanico de carteras ministeriales relacionadas. No es un secreto que la unificación, en manos del ministro que trata con Mrs Lagarde, es la aspiración de “ordenar” esa agenda económica bajo la batuta directa del Fondo Monetario. Pero las crisis políticas y choques sociales que resultarán de ello recién comienzan a verse. El gobierno ha comenzado a negociar con los gobernadores un “acuerdo nacional” que consiste, esencialmente, en “recortes para el presupuesto 2019 y todas las políticas incluidas en esa ley: obras pública prioritarias, planes sociales, inversiones, subsidios, empleo público” (La Nación, 20/5). Aunque se afirma que no serán tocadas las jubilaciones, se prevé revisar “regímenes especiales de jubilaciones” y pensiones de discapacidad mal otorgadas” (id) –o sea el latiguillo que el gobierno viene planteando para atacar conquistas jubilatorias arrancadas por diferentes gremios, así como las obtenidas por los discapacitados y las jubilaciones especiales por insalubridad, todas consideradas como “privilegios”.

Pero este ajuste sobre las provincias deberá hacerse encima de otro –el que ya está en marcha en los distritos con importantes niveles de deuda externa, como Jujuy, Chubut, Mendoza, entre otros– y que han visto crecer sustancialmente el peso de esa hipoteca después de la devaluación. La voluntad de los gobernadores de la seudo oposición por aportar a la “gobernabilidad” del macrismo ya ha sido probada durante dos años. Hoy, está presente en la decisión de los senadores del pejota de “adormecer” el proyecto de recorte de tarifas votado por el Congreso. Ninguno de ellos ignora, sin embargo, que el “acuerdo” fondomonetarista transformará al interior en un polvorín social. Por eso han pactado eludir el Congreso en el pacto con el FMI. El gobierno se evita de este modo el escarnio público de tener que discutir con todas las fuerzas políticas la letra inevitablemente leonina del acuerdo y la oposición pejotista dejar sus huellas en esta entrega.

Otra vez las tarifas 

Finalmente, la megadevaluación ha instalado una sorda crisis en el mundo de las privatizadas de la energía. Ocurre que los recientes aumentos confiscatorios en la luz y el gas –y que desataron una crisis política al interior de la propia coalición gobernante–, fueron calculados en base a un dólar del orden de los 18,50 pesos. Pero de acuerdo al esquema organizado por el propio gobierno en 2016, los productores de gas, de combustibles líquidos y los generadores de energía arrancaron un “sendero de precios” ascendentes y dolarizados. En consecuencia, “queda descartado que en octubre las tarifas de gas puedan aumentar menos del 15%, según había anticipado Aranguren. Porque además en esa fecha, el precio del gas tiene que subir a 5,26 dólares, según el cronograma oficial, lo que a un dólar de 25 pesos, ya sumaría otro 14,5% en las facturas” (ver en www.elentrerios.com). Lo mismo ocurrirá con la electricidad, la cual, en noviembre, “debería subir un 30% por la devaluación, sin mencionar lo que se quiera trasladar al público por estos meses de desfase, más una nueva reducción de subsidios” (id). La magnitud de este `tarifazo sobre el tarifazo´ ha llevado a Macri a maniobrar. Por caso, postergó por unas semanas el aumento de las naftas que correspondía por la devaluación y la suba internacional del precio del crudo. En el caso de la energía, acaba de anunciar un subsidio de 40.000 millones de pesos para atenuar el impacto del aumento de los valores de la generación eléctrica. Va de suyo, sin embargo, que estas maniobras se dan de cabeza con el programa que exigirá el FMI. Macri se ha quedado sin financiamiento para patear hacia adelante un choque de mayor envergadura con las masas. Pero al mismo tiempo, nunca tuvo tan pocos recursos políticos para imponerlo. La precaria “tregua” cambiaria, que el gobierno pagó a precio de oro, no lo va a eximir del escenario convulsivo que ha dejado la `megadevaluación`. 

El movimiento obrero –y en primer lugar el clasismo y la izquierda– debe tomar cuenta de ello. 

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“Tenemos quince compañeros detenidos, varios de ellos miembros de la comisión directiva de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP)”, dice a Prensa Obrera Christian Paletti, delegado de la línea C y miembro de la Agrupación Naranja del Subte.

–¿Cómo se originaron las medidas?

–Todo empezó cuando nos retiraron la personería gremial por parte del ministro Jorge Triaca y que se la concedió a la UTA de Roberto Fernández. Luego, esa burocracia firmó un acuerdo paritario por el diez por ciento de aumento, cuando la inflación ya supera el treinta por ciento para 2018. Iniciamos medidas de fuerza hace unas semanas, pero el gobierno redobló el ataque y mandó suspensiones y desafueros a delegados, incluso a mí, que me quieren desaforar. Entonces definimos un plan de lucha. Estaba programado un paro en la línea E y la línea H, pero Larreta reprimió a los trabajadores y por eso hoy el paro está en la totalidad de las líneas del servicio.

–¿Qué plantea la Naranja del Subte?

–Planteamos que haya un paro de todos los sindicatos de la Capital. Sabemos que Ademys adelantó su paro, lo pasó de día, para solidarizarse con este conflicto y ese debe ser el camino. La represión a los trabajadores del subte, la militarización del Inti: son todos signos de cómo quiere el gobierno fortalecer su ajuste. Ahora viene por el sindicato del Subte y por sus delegado y no lo podemos permitir.

–¿Cuál es el ánimo de sus compañeros?

–Hay un ánimo de luchar. Entienden que es la única manera de contrarrestar el ajuste. Esto nos pone firmes a los trabajadores y trabajadoras del subterráneo.

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–La UTA representa formalmente a los operarios de Metrovías, ¿cómo ve a sus compañeros afiliados a ese sindicato?

–Todo cayó mal incluso en los sectores de la UTA, varios de los cuales pararon con nosotros. Esta situación y esta paritaria del ajuste nos toca a todos. Hay una conmoción en el sindicato de la UTA. Hay un proceso de discusión en ese gremio dirigido por una burocracia.

–¿Cómo evalúa la actitud de los pasajeros y usuarios del subte?

–A ningún pasajero le gusta que haya una problemática en el transporte, pero ese pasajero no está ajeno al cuadro general del ajuste. Creo que los pasajeros saben que todos somos trabajadores que estamos luchando por condiciones de vida que están siendo vulneradas, en nuestro caso y en los suyos.

En una entrevista que le realizaran en C5N, Christian Paletti, destacó que todas las líneas se encuentran paralizadas por la represión del gobierno de Rodríguez Larreta contra los compañeros que estaban llevando adelante un paro contra el acuerdo salarial de miseria que firmó la burocracia de la UTA. Destacó que ya hay más de cien compañeros suspendidos o con diversas sanciones y añadió que a él mismo la empresa le ha pedido el desafuero para proceder a un eventual posterior despido. Planteó que la medida de lucha debe mantenerse hasta lograr no solo la libertad de los compañeros sino también que se consigan los reclamos pendientes.

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Una segunda y multitudinaria marcha contra los tarifazos en la ciudad de Libertador General San Martín (capital de Ledesma, Jujuy) tuvo lugar el pasado jueves 17 de mayo. Como la movilización anterior, esta fue convocada por periodistas, el Frente de Izquierda, la CCC-PTP, el SOEAIL (sindicato de los obreros del Ingenio de Ledesma) y sectores del kirchnerismo, entre otras organizaciones. 

En el último año, los tarifazos en Jujuy han rondado entre el 24% y el 30% en el caso de luz y agua, mientras que el aumento en el gas llegó al 100%. El contraste con el aumento miserable del 5% que otorgó el gobernador Gerardo Morales a los estatales, no podía ser mayor.

Para maniobrar ante el repudio popular, Morales tomó el planteo macrista de que las provincias y municipios eliminen impuestos locales sobre los servicios en cuestión. Pero la provincia solo cobra un equivalente al 1% para financiar la Susepu (superintendencia de servicios públicos), una especie de ente regulador que ha avalado todos los aumentos; mientras que los gravámenes municipales solo representan entre el 2 y el 6% del monto final de la boleta. En definitiva, el anuncio sólo aumentó la indignación de la población trabajadora, mientras que la medida agudiza la crisis financiera de los municipios, muchos de ellos ya al borde de la declaración de quiebra y paralización de todos sus servicios. El intendente radical de Libertador, Oscar Jayat, mantiene un completo silencio ante la situación.

Pero nada de esto explica por sí mismo semejante movilización obrera y popular en Libertador. En verdad, esta ha sido antecedida por multitudinarias marchas al año pasado, en solidaridad a la lucha de los obreros azucareros de Ledesma y contra el fraude que intentó birlar la victoria del Frente de Izquierda en la localidad. Los trabajadores de Ledesma y Libertador vienen dando muestras de su voluntad de lucha y rebelión hace bastante tiempo. 

En ese cuadro, ahora deben superar una nueva intentona desmovilizadora.

Deliberación popular versus tutelaje

Después de que la primera marcha contra los tarifazos terminara con un acto y micrófono abierto, tomando forma de una verdadera asamblea popular, la CCC-PTP ha tomado la iniciativa de tutelar el movimiento. Para esto llamó a una reunión previa a todas las organizaciones y allí, junto a sectores kirchneristas y peronistas, y con la presencia de los directivos del SOEAIL entre otros, impuso un documento que reclama la auditoría y estatización genérica de Ejesa y Gasnor, la ampliación de la tarifa social y –como plantea el macrismo– que se anulen los impuestos provinciales y municipales sobre los servicios en cuestión. El escrito culmina amenazando con acciones legales y administrativas sobre los funcionarios públicos.

Al finalizar la marcha última, la CCC-PTP trató de imponer un acto con el micrófono reservado a las organizaciones firmantes del documento, lo que no le evitó crisis. Mientras los dirigentes peronistas y kirchneristas destacaban proseguir la lucha por “vías institucionales”, el secretario general del SOEAIL resaltó que la lucha se definirá por la organización y acción callejera de la población, arrancando los aplausos de las masas movilizadas. 

Los referentes del FIT tuvieron que imponerse para poder hablar. El PTS llamó a pelear por un paro provincial para conquistar la aprobación de los proyectos del FIT de anulación de los tarifazos y la estatización bajo control obrero de Ejesa y Gasnor, y el diputado del PO-FIT Iñaki Aldasoro llamó la atención de la pueblada en curso y propuso organizar una gran asamblea popular que vote un programa y un plan de acción para derrotar los tarifazos.

Profundicemos la rebelión popular para derrotar el tarifazo

Se encuentra abierta una fuerte lucha política entre las organizaciones que intentan institucionalizar al movimiento contra el tarifazo y aquellos que queremos profundizar la movilización obrera y popular para anularlos. Deben ser los trabajadores y vecinos movilizados los que decidan el destino y orientación de su lucha.

El Partido Obrero de Libertador está llamando a las organizaciones políticas y sociales convocantes a preparar una gran asamblea popular y que allí se defina el programa y el plan de acción para derrotar los tarifazos. Planteamos su anulación, la apertura de los libros contables de Ejesa, Gasnor y Agua Potable de Jujuy (estatizada) y su expropiación bajo control obrero. Sumamos el reclamo de la gratuidad del servicio para todos los trabajadores que ganen menos de la canasta familiar, la extensión y conexión gratuita de los servicios esenciales a todas las barriadas.

La amplificación de la movilización contra el tarifazo a Perico, Fraile Pintado y Humahuaca abre la perspectiva de preparar una gran marcha provincial: impulsemos esta lucha en toda la provincia.
 

 
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La fábrica de motocicletas Motomel acaba de dejar en la calle a más de 130 trabajadores y trabajadoras, quienes debido a sus contrataciones precarias no cobrarían siquiera indemnización.

La UOM de San Nicolás, en boca de su secretario de prensa Fabián Gigli, ha salido a justificar los despidos y a la patronal, arguyendo que esta se ha visto afectada por la suba del dólar. Lejos de llamar a asamblea y plantear medidas por la reincorporación inmediata, así como un programa de defensa de los trabajadores frente a los despidos -que se abran los libros de la empresa, el control obrero, el llamado a asamblea-, pone paños fríos diciendo que se trata de una no renovación de contrato, que “podrían volver a ser contratados” en otro momento.

La UOM actúa como cómplice directa de una patronal que ha ido aumentando su lugar en el mercado en base a la superexplotación de sus cerca de 600 trabajadores, tomados sistemáticamente con contratos precarios, avalados en todos sus términos por la gremial. Gracias justamente al llamado “contrato UOM” (a término), durante años pende sobre los trabajadores el temor a la no renovación, y así el sindicato impone la desorganización y la sumisión obrera en función de “hacer buena letra” para lograr la renovación del contrato.

En estas condiciones, los más de 130 despidos no le cuestan un peso a la patronal.

Enfrentar los despidos

Para los trabajadores de planta esto no cierra: dicen que hasta hace unas semanas atrás estaban tomando gente, y cuentan que han stockeado al punto de no tener ya espacio. En circunstancias similares había tenido lugar en 2015 otra serie de despidos.

Mientras la patronal justifica las cesantías por el curso de la economía, el gerente de Motomel Marcelo Meller viene de participar de la reunión que los capitalistas nucleados en IDEA mantuvieron con los ministros Luis Caputo (Finanzas) y Francisco Cabrera (Producción), en la cual ratificaron el rumbo económico del gobierno (Diario Contexto 19/5).

La patronal de Motomel apoya y avala el plan de guerra del gobierno, y se monta sobre la crisis para arremeter contra los trabajadores. La UOM, una vez más, actúa como sostén de las patronales y del gobierno.

Planteamos:

-Asamblea general.

-Reincorporación inmediata de los despedidos.

-Pase a planta permanente de todos los trabajadores. Basta de contratos basura.

-Que se abran los libros de la empresa. Control obrero de la producción.

 

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El Instituto Nacional de Tecnología Industrial amaneció militarizado por dentro y fuera. Uno de sus accesos está bloqueado por las fuerzas policiales.

En el día de hoy se lleva adelante una jornada de paro de actividades con Asamblea general a las 10h y se pide la renuncia del vicepresidente Testori, quién el viernes pasado atropelló a delegados de ATE, entre ellos al Delegado general, dejándolo herido en el brazo.

El presidente Javier Ibañez tomó la decisión, en el día de hoy, de no dejar ingresar a los despedidos, científicos y técnicos de larga experiencia, incumpliendo un acta firmada por ellos mismos el pasado 9 de febrero.

Personal policial uniformado, de civil y el Gerente General Mariano Zlatanoff en persona hostiga a trabajadores y despedidos en la entrada, queriendo impedir una actividad de volanteo. 

Las condiciones de militarización en INTI se han agudizado. Es la condición para implementar el plan de ajuste y desguace que pretende llevar adelante Ibañez, al que llaman “reestructuración”.

A casi 4 meses de iniciado el conflicto, seguimos exigiendo la reincorporación de los científicos, técnicos y auxiliares del Instituto. Rechazamos el desguace y la privatización. 

 
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El llamado del gobierno de “Cambiemos” al Fondo Monetario Internacional es una confesión rotunda de la crisis económica y política a la que están llevando al país. Después de dos años de ajuste y endeudamiento por 140.000 millones de dólares, el macrismo ha llevado  a la Argentina a una nueva crisis nacional.

Para afrontar este desastre, el gobierno y el Fondo Monetario discuten ahora una salida a costa de los trabajadores y el pueblo: una profundización en el ajuste y la entrega que ya están aplicando. 

Pero incluso antes de firmar este acuerdo, que tiene el aval de Trump y el  resto del imperialismo, el FMI ya impuso su primera exigencia: una gran devaluación de la moneda, que ha desvalorizado en una cuarta parte a los salarios y haberes jubilatorios, y a todos los gastos sociales. Esta devaluación representará otro salto en la carestía: en los alimentos y productos de primera necesidad; en las cuotas de los deudores hipotecarios atados al régimen UVA de capital y cuotas ajustadas por inflación. 

Y principalmente, llevará a otro salto en los tarifazos, porque el gobierno ha dolarizado los valores de la energía y los combustibles.    

¿A dónde irán a parar estos recursos arrebatados a los trabajadores? A resarcir a los fondos internacionales que obtienen beneficios extraordinarios con la deuda argentina. A los que se benefician ahora de la nueva y precaria “bicicleta” financiera que recreó el gobierno, y que le asegura a estos especuladores rendimientos del 40% anual. Semejante nivel de saqueo, sin embargo, no le servirá al gobierno para zafar de una mayor crisis y nuevas protestas. 

En medio de este derrumbe económico y político, el gobierno “Cambiemos” ha salido a plantear un “Gran Acuerdo Nacional”. Quieren un blindaje político para el acuerdo con el FMI, y las medidas antiobreras y antipopulares que se preparan. Este llamado va dirigido a una oposición patronal que, desde el Congreso a las gobernaciones le ha votado y avalado al gobierno todas las leyes de ataque a los trabajadores y entrega del país, desde el pacto con los fondos buitre en adelante. Denunciamos a esta oposición patronal cómplice que, en aras de ese pedido del gobierno, ya ha comenzado a negociar la postergación, modificación  –o incluso el archivo definitivo- de la ley que ellos mismos redactaron sobre el recorte a los tarifazos, aun cuando ésta ya tenía un alcance ultramezquino. El kirchnerismo dice oponerse a esta política, pero sin ningún planteo de medidas para que la crisis la paguen los que la provocaron y no el pueblo trabajador. Todos los gobernadores K aplican el ajuste macrista, como Alicia Kirchner en Santa Cruz que implementó un congelamiento salarial. En definitiva, son los mismos que, cuando gobernaron el país durante 12 años, pagaron puntualmente la deuda externa fraudulenta y usuraria –así lo hicieron en beneficio del propio FMI - y también la acrecentaron. 

La burocracia sindical de la CGT y la CTA, en sus diferentes variantes, sigue este libreto cómplice de la oposición patronal.  Más allá de los lamentos verbales sobre el FMI, o la promesa difusa de algún paro aislado ¡para dentro de un mes!- carecen de cualquier política de lucha para enfrentar este saqueo.  El triunvirato de la CGT pactó la ley de reforma laboral y todas las cúpulas sindicales ahora nos llaman a que esperemos sentados “hasta el 2019” los mismos que hoy, ante la enorme crisis nacional, no pueden ofrecernos ni una política en defensa de los trabajadores, ni un rumbo de lucha. 

Los opositores de los partidos patronales y burócratas sindicales que se suban a este pretendido “Gran acuerdo”, sólo pueden terminar hundidos junto al propio gobierno. El Frente de Izquierda, por el contrario, luchará por unir y poner de pie a la clase obrera y a sus organizaciones, a las mujeres y a la juventud, para derrotar esta nueva tentativa antiobrera y colonial y abrirle paso a una salida de los trabajadores a esta crisis nacional. 

Por eso, llamamos a empeñar todos los esfuerzos por la victoria de las luchas en curso, y, en primerísimo lugar, del gran paro provincial de los docentes de Neuquén, en defensa del salario y la educación pública, de los trabajadores de Cresta Roja, de los despedidos del hospital Garrahan, de los terciarios contra el proyecto de UNICABA, de los trabajadores del Subte, de los tercerizados del Sarmiento, de los obreros de la ex Stani, de las enfermeras del Posadas. Repudiamos la represión a estas luchas obreras,  la cual, a fuerza de palos y detenciones,  pretende terminar con el derecho de huelga. 

Con lucha se han arrancado las reincorporaciones de todos los mineros en lucha en el Turbio y de un sector de los delegados de INTI, de los trabajadores de Ferrobaires y de los estatales del Ministerio de Hacienda y Finanzas.  En esa línea, el FIT apoya los esfuerzos del sindicalismo clasista y combativo por reagruparse para resolver acciones de lucha dirigidas a poner de pie a las grandes organizaciones obreras levantando un programa propio de los trabajadores de salida a la crisis nacional.  

Los trabajadores tienen que seguir el rumbo de las grandes movilizaciones de diciembre de 2017 contra el robo a los jubilados y profundizarlo, para reunir la fuerza capaz de derrotar al gobierno. 

Contra el plan antiobrero del gobierno, el FMI y sus cómplices de la oposición patronal, planteamos un programa de los trabajadores: 

    -Abajo el acuerdo entre Macri y el FMI. No pago de la deuda externa, y que esos fondos vayan a salario, trabajo, salud, educación y vivienda.

    -Reapertura de las paritarias, abajo el techo salarial del 15%, ajuste mensual de salarios y jubilaciones de acuerdo a la inflación. Basta de despidos.  No a la reforma laboral

    -Anulación de los tarifazos desde enero de 2016 hasta hoy. Apertura de cuentas a las privatizadas a comisiones de control obrero, fin de concesiones a las empresas privadas. Nacionalización de la industria energética y de transporte. Estatización de todas las empresas privatizadas, bajo gestión de los trabajadores y el control de los usuarios populares. 

    -Nacionalización de la banca y del comercio exterior. Por un plan económico de la clase obrera que le dé solución a todas las demandas del pueblo.  Por un gobierno de trabajadores. 

    -¡Abajo la represión a las luchas obreras!

Para impulsar este programa, el Frente de Izquierda gana las calles, lugares de trabajo y estudio, con una primera jornada de movilización el próximo 30 de mayo. Llamamos a debatir en todos los sindicatos y centrales obreras la exigencia de un inmediato paro activo nacional, y un plan de lucha en el camino de preparar la huelga general hasta la derrota del plan de los capitalistas, su gobierno y sus partidos.   

Frente de Izquierda y de los Trabajadores 22/5/2018

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