26 de abril de 2018

Un Flybondi para Sturzenegger

La corrida cambiaria expresa una crisis de conjunto. Escribe Marcelo Ramal.
Por Marcelo Ramal

La nueva venta de 1.000 millones de dólares de reservas para frenar la corrida cambiaria empequeñece la “explicación” que algunos economistas buscaban ayer para justificar esta escalada. A saber, que los fondos de inversión extranjeros “recalculaban” sus beneficios en el país a raíz de la puesta en vigencia del impuesto a la renta financiera. Por un lado, la retirada de estos fondos viene produciéndose desde hace meses, según algunas fuentes, “desilusionados con la volatilidad cambiaria” (Claudio Zlotnik en iProfesional, 4/4) en mucha mayor medida que con un impuesto cuya aplicación ya estaba descontada. Es lo que habría ocurrido con los fondos Templeton y Black Rock a comienzos de este mes, que huyeron de Argentina para jugar al carry trade en Egipto. Por el otro lado, la corrida debe ser colocada en el escenario más general de la crisis mundial y del impasse de la administración macrista.

La tasa de interés estadounidense ha superado ya los tres puntos porcentuales, como expresión de la tendencia a la desvalorización de la exponencial deuda de ese país. La aspiradora de fondos en favor de los bonos del Tesoro yanqui, que en febrero pasado succionó a la Bolsa de Nueva York, ahora va por los fondos depositados en los países emergentes. Si Argentina ocupa un lugar prominente en esa fuga de capitales, ello se relaciona con sus propias y explosivas contradicciones.

En diciembre pasado, el gabinete económico habilitó a un “recalibramiento” de metas inflacionarias. En realidad, se trató de una devaluación del orden del 20%, que buscó contener los reclamos de la burguesía industrial y revertir las tendencias recesivas. Pero el remezón cambiario terminó por desnudar al castillo de naipes macrista: la devaluación resultó un golpe severo al carry trade, la bicicleta que permitía traer fondos en dólares, cambiarlos a pesos, colocarlos a elevadas tasas de interés y luego recomprar los dólares a un valor más o menos estable. Pero los que recalcularon a Argentina también tomaron en cuenta otras cuestiones: un nivel de deuda pública que ya supera los dos tercios del PBI; una balanza comercial deficitaria en 10.000 millones de dólares para este año y necesidades de financiamiento exterior –deuda, importaciones, atesoramiento– por 30.000 millones de dólares anuales. El “recalibramiento” fue la confesión del agotamiento del esquema económico macrista, y ese agotamiento ha disparado la presente fuga de capitales, que ya se llevó 4.500 millones desde que comenzó 2018. A los que preparan las maletas y han salido a pulsear con el Banco Central, se ha sumado una fracción recalcitrante del bloque de gobierno: los exportadores y pooles agropecuarios, que están reteniendo alevosamente la cosecha a la espera de una devaluación.

En este cuadro, la venta frenética de dólares por parte del BCRA es un intento desesperado por reconstruir el carry trade –o sea, ofrecer la certeza de una cierta estabilidad cambiaria e inflacionaria. La respuesta de los “mercados”, sin embargo, ha sido redoblar la apuesta, y dolarizar todos los fondos posibles a un dólar inferior a 21 pesos. Los comentaristas pro-oficialistas buscan disipar la corrida con el argumento de que “el Banco Central tiene reservas suficientes”. Pero ocurre que esas reservas tienen como contrapartida, y en un monto más o menos similar, a los pagarés emitidos por el propio Banco para absorber los pesos emitidos contra el ingreso de divisas prestadas –las Lebacs. La actual corrida consiste, esencialmente, en la venta de esas Lebacs para la adquisición de dólares. El BCRA, por lo tanto, enfrenta la corrida con divisas prestadas. La respuesta inmediata a la corrida –una suba general de la tasa de interés–, implicará, en el mejor de los casos, un recrudecimiento de las tendencias recesivas. Por el contrario, una nueva devaluación “moderada”, como la de enero pasado, no haría sino acelerar, en este cuadro, la fuga de capitales –y naturalmente, una nueva disparada inflacionaria que comenzará por las tarifas dolarizadas.

Es claro que la corrida excede por mucho a la aplicación circunstancial de un impuesto. Asistimos a una crisis general del orden económico y político del macrismo, lo que se expresa en las fricciones de la propia coalición gobernante; en las disputas por la justicia, y en la crisis del tarifazo, entre otros aspectos. La clase obrera y sus organizaciones deben partir de este escenario de conjunto para colocar a la orden del día todas sus reivindicaciones apremiantes.

Sobre el Autor

Marcelo Ramal

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El llamado del gobierno de “Cambiemos” al Fondo Monetario Internacional es una confesión rotunda de la crisis económica y política a la que están llevando al país. Después de dos años de ajuste y endeudamiento por 140.000 millones de dólares, el macrismo ha llevado  a la Argentina a una nueva crisis nacional.

Para afrontar este desastre, el gobierno y el Fondo Monetario discuten ahora una salida a costa de los trabajadores y el pueblo: una profundización en el ajuste y la entrega que ya están aplicando. 

Pero incluso antes de firmar este acuerdo, que tiene el aval de Trump y el  resto del imperialismo, el FMI ya impuso su primera exigencia: una gran devaluación de la moneda, que ha desvalorizado en una cuarta parte a los salarios y haberes jubilatorios, y a todos los gastos sociales. Esta devaluación representará otro salto en la carestía: en los alimentos y productos de primera necesidad; en las cuotas de los deudores hipotecarios atados al régimen UVA de capital y cuotas ajustadas por inflación. 

Y principalmente, llevará a otro salto en los tarifazos, porque el gobierno ha dolarizado los valores de la energía y los combustibles.    

¿A dónde irán a parar estos recursos arrebatados a los trabajadores? A resarcir a los fondos internacionales que obtienen beneficios extraordinarios con la deuda argentina. A los que se benefician ahora de la nueva y precaria “bicicleta” financiera que recreó el gobierno, y que le asegura a estos especuladores rendimientos del 40% anual. Semejante nivel de saqueo, sin embargo, no le servirá al gobierno para zafar de una mayor crisis y nuevas protestas. 

En medio de este derrumbe económico y político, el gobierno “Cambiemos” ha salido a plantear un “Gran Acuerdo Nacional”. Quieren un blindaje político para el acuerdo con el FMI, y las medidas antiobreras y antipopulares que se preparan. Este llamado va dirigido a una oposición patronal que, desde el Congreso a las gobernaciones le ha votado y avalado al gobierno todas las leyes de ataque a los trabajadores y entrega del país, desde el pacto con los fondos buitre en adelante. Denunciamos a esta oposición patronal cómplice que, en aras de ese pedido del gobierno, ya ha comenzado a negociar la postergación, modificación  –o incluso el archivo definitivo- de la ley que ellos mismos redactaron sobre el recorte a los tarifazos, aun cuando ésta ya tenía un alcance ultramezquino. El kirchnerismo dice oponerse a esta política, pero sin ningún planteo de medidas para que la crisis la paguen los que la provocaron y no el pueblo trabajador. Todos los gobernadores K aplican el ajuste macrista, como Alicia Kirchner en Santa Cruz que implementó un congelamiento salarial. En definitiva, son los mismos que, cuando gobernaron el país durante 12 años, pagaron puntualmente la deuda externa fraudulenta y usuraria –así lo hicieron en beneficio del propio FMI - y también la acrecentaron. 

La burocracia sindical de la CGT y la CTA, en sus diferentes variantes, sigue este libreto cómplice de la oposición patronal.  Más allá de los lamentos verbales sobre el FMI, o la promesa difusa de algún paro aislado ¡para dentro de un mes!- carecen de cualquier política de lucha para enfrentar este saqueo.  El triunvirato de la CGT pactó la ley de reforma laboral y todas las cúpulas sindicales ahora nos llaman a que esperemos sentados “hasta el 2019” los mismos que hoy, ante la enorme crisis nacional, no pueden ofrecernos ni una política en defensa de los trabajadores, ni un rumbo de lucha. 

Los opositores de los partidos patronales y burócratas sindicales que se suban a este pretendido “Gran acuerdo”, sólo pueden terminar hundidos junto al propio gobierno. El Frente de Izquierda, por el contrario, luchará por unir y poner de pie a la clase obrera y a sus organizaciones, a las mujeres y a la juventud, para derrotar esta nueva tentativa antiobrera y colonial y abrirle paso a una salida de los trabajadores a esta crisis nacional. 

Por eso, llamamos a empeñar todos los esfuerzos por la victoria de las luchas en curso, y, en primerísimo lugar, del gran paro provincial de los docentes de Neuquén, en defensa del salario y la educación pública, de los trabajadores de Cresta Roja, de los despedidos del hospital Garrahan, de los terciarios contra el proyecto de UNICABA, de los trabajadores del Subte, de los tercerizados del Sarmiento, de los obreros de la ex Stani, de las enfermeras del Posadas. Repudiamos la represión a estas luchas obreras,  la cual, a fuerza de palos y detenciones,  pretende terminar con el derecho de huelga. 

Con lucha se han arrancado las reincorporaciones de todos los mineros en lucha en el Turbio y de un sector de los delegados de INTI, de los trabajadores de Ferrobaires y de los estatales del Ministerio de Hacienda y Finanzas.  En esa línea, el FIT apoya los esfuerzos del sindicalismo clasista y combativo por reagruparse para resolver acciones de lucha dirigidas a poner de pie a las grandes organizaciones obreras levantando un programa propio de los trabajadores de salida a la crisis nacional.  

Los trabajadores tienen que seguir el rumbo de las grandes movilizaciones de diciembre de 2017 contra el robo a los jubilados y profundizarlo, para reunir la fuerza capaz de derrotar al gobierno. 

Contra el plan antiobrero del gobierno, el FMI y sus cómplices de la oposición patronal, planteamos un programa de los trabajadores: 

    -Abajo el acuerdo entre Macri y el FMI. No pago de la deuda externa, y que esos fondos vayan a salario, trabajo, salud, educación y vivienda.

    -Reapertura de las paritarias, abajo el techo salarial del 15%, ajuste mensual de salarios y jubilaciones de acuerdo a la inflación. Basta de despidos.  No a la reforma laboral

    -Anulación de los tarifazos desde enero de 2016 hasta hoy. Apertura de cuentas a las privatizadas a comisiones de control obrero, fin de concesiones a las empresas privadas. Nacionalización de la industria energética y de transporte. Estatización de todas las empresas privatizadas, bajo gestión de los trabajadores y el control de los usuarios populares. 

    -Nacionalización de la banca y del comercio exterior. Por un plan económico de la clase obrera que le dé solución a todas las demandas del pueblo.  Por un gobierno de trabajadores. 

    -¡Abajo la represión a las luchas obreras!

Para impulsar este programa, el Frente de Izquierda gana las calles, lugares de trabajo y estudio, con una primera jornada de movilización el próximo 30 de mayo. Llamamos a debatir en todos los sindicatos y centrales obreras la exigencia de un inmediato paro activo nacional, y un plan de lucha en el camino de preparar la huelga general hasta la derrota del plan de los capitalistas, su gobierno y sus partidos.   

Frente de Izquierda y de los Trabajadores 22/5/2018

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El Concejo Deliberante de General Enrique Godoy se ha vuelto un gran campo de intervención y lucha política para la banca del PO-FIT, que conquistamos en las últimas elecciones y que está colocada al servicio de la organización y los reclamos más perentorios de la población trabajadora de la ciudad, al tiempo que es también una tribuna de denuncia del régimen social y de los crímenes del imperialismo contra distintos pueblos del mundo.

En este último período hemos presentado diversos proyectos y declaraciones, entre ellos uno para eliminar las “sesiones secretas” del Concejo Deliberante para que este delibere de cara a la población de la ciudad. El oficialismo decidió mantenerlas argumentando, insólitamente, que como “no hay nada secreto”, las iban a mantener… secretas.

Por el contrario, desde la banca que ocupamos hemos hecho públicas todas las iniciativas que impulsamos, generando importantes debates y reacciones positivas dentro de la comunidad. 

Hemos desarrollado una intensa actividad de clarificación política respecto de los bloques del FPV y la UCR, que se han alternado en el poder del Estado municipal y lo han utilizado en su beneficio. 

Esto nos ha permitido introducir entre los trabajadores y la juventud de la localidad y de una parte de la provincia la perspectiva de un partido que defiende los intereses de la clase trabajadora. 

Entre otros, presentamos un Proyecto de Ordenanza sobre Seguridad Vial y en los próximos días se estaría aprobando un texto que incorpora todos nuestros planteos. Asimismo, en una reciente sesión del Concejo Deliberante se aprobaron los proyectos de declaración presentados por nuestro bloque en contra del tarifazo, a favor del aborto legal, seguro y gratuito y contra la guerra imperialista en Siria.

El proyecto contra los tarifazos -al igual que el de repudio a la agresión imperialista en Siria-fue aprobado por unanimidad, lo que supuso un gran triunfo político de nuestra banca ya que el mismo contrasta con las posiciones de una “oposición” que ha dejado pasar gran parte del tarifazo, además de despidos y cierres de fábricas  en toda la provincia.

El que más polémicas generó fue el de apoyo a la aprobación del proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito, que finalmente fue aprobado por mayoría, con la abstención del edil radical. 

Es un triunfo frente a un Estado municipal fuertemente influenciado por la presencia clerical. Planteamos la necesidad de acompañar la aprobación del proyecto para que el Estado garantice el aborto, que hoy se ejecutan de manera clandestina y en condiciones de insalubridad extremas y exigimos la separación de la Iglesia del Estado.

El Partido Obrero se ha presentado como un organizador, con un claro programa de defensa de los intereses de los trabajadores, que también señala que solo la unidad de los trabajadores con la izquierda dará una salida a la crisis detrás de un programa obrero y socialista.

 

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“Tenemos quince compañeros detenidos, varios de ellos miembros de la comisión directiva de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP)”, dice a Prensa Obrera Christian Paletti, delegado de la línea C y miembro de la Agrupación Naranja del Subte.

–¿Cómo se originaron las medidas?

–Todo empezó cuando nos retiraron la personería gremial por parte del ministro Jorge Triaca y que se la concedió a la UTA de Roberto Fernández. Luego, esa burocracia firmó un acuerdo paritario por el diez por ciento de aumento, cuando la inflación ya supera el treinta por ciento para 2018. Iniciamos medidas de fuerza hace unas semanas, pero el gobierno redobló el ataque y mandó suspensiones y desafueros a delegados, incluso a mí, que me quieren desaforar. Entonces definimos un plan de lucha. Estaba programado un paro en la línea E y la línea H, pero Larreta reprimió a los trabajadores y por eso hoy el paro está en la totalidad de las líneas del servicio.

–¿Qué plantea la Naranja del Subte?

–Planteamos que haya un paro de todos los sindicatos de la Capital. Sabemos que Ademys adelantó su paro, lo pasó de día, para solidarizarse con este conflicto y ese debe ser el camino. La represión a los trabajadores del subte, la militarización del Inti: son todos signos de cómo quiere el gobierno fortalecer su ajuste. Ahora viene por el sindicato del Subte y por sus delegado y no lo podemos permitir.

–¿Cuál es el ánimo de sus compañeros?

–Hay un ánimo de luchar. Entienden que es la única manera de contrarrestar el ajuste. Esto nos pone firmes a los trabajadores y trabajadoras del subterráneo.

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–La UTA representa formalmente a los operarios de Metrovías, ¿cómo ve a sus compañeros afiliados a ese sindicato?

–Todo cayó mal incluso en los sectores de la UTA, varios de los cuales pararon con nosotros. Esta situación y esta paritaria del ajuste nos toca a todos. Hay una conmoción en el sindicato de la UTA. Hay un proceso de discusión en ese gremio dirigido por una burocracia.

–¿Cómo evalúa la actitud de los pasajeros y usuarios del subte?

–A ningún pasajero le gusta que haya una problemática en el transporte, pero ese pasajero no está ajeno al cuadro general del ajuste. Creo que los pasajeros saben que todos somos trabajadores que estamos luchando por condiciones de vida que están siendo vulneradas, en nuestro caso y en los suyos.

En una entrevista que le realizaran en C5N, Christian Paletti, destacó que todas las líneas se encuentran paralizadas por la represión del gobierno de Rodríguez Larreta contra los compañeros que estaban llevando adelante un paro contra el acuerdo salarial de miseria que firmó la burocracia de la UTA. Destacó que ya hay más de cien compañeros suspendidos o con diversas sanciones y añadió que a él mismo la empresa le ha pedido el desafuero para proceder a un eventual posterior despido. Planteó que la medida de lucha debe mantenerse hasta lograr no solo la libertad de los compañeros sino también que se consigan los reclamos pendientes.

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Laura Iglesias era trabajadora social y trabajaba en el Patronato de Liberados de Miramar (PDL). En una de sus tantas visitas domiciliarias fue violada y asesinada.  Su crimen desnudó las condiciones de precariedad laboral a la cual estamos sometidas diariamente las y los trabajadores sociales: trabajaba sola acompañando a sus tutelados, todos hombres que habían pasado por el sistema penitenciario, por quienes trabajaba por su reinserción social.
 
Laura había denunciado en varias ocasiones, junto a sus compañeras, que la Policía Bonaerense organizaba el delito de forma extorsiva con los liberados en la zona. Sus denuncias la dejaron expuesta, a punto tal que la misma Policía liberó la zona donde ella trabajaba el día de su asesinato. El Estado nunca reconoció que su muerte sucedió durante su jornada de trabajo. 
 
En el 2015 se desarrolló el juicio, del cual sólo se logró la condena de uno de los acusados: Esteban Cuello. Su familia y compañeros denuncian la complicidad policial. Pero nunca se investigó completamente ni se abrieron líneas complementarias. En la zona hay policías presos por los femicidios de Natalia Mellman y Mara Matheu. Los responsables políticos, Daniel Scioli (gobernador en ese momento), Ricardo Casal (ministro de Seguridad) y Alejandra López (presidenta del Patronato de Liberados) quedaron impunes.
 
Las y los trabajadores sociales -que trabajamos con los sectores más oprimidos de la sociedad, que viven, trabajan y estudian en las peores condiciones-  lo hacemos sin condiciones necesarias.  Al día de hoy seguimos sufriendo profundamente la precarización laboral: trabajos temporales realizados en soledad, sin asistencia y con un enorme esfuerzo personal; ausencia de derechos laborales;  trabajo en negro; salarios que requieren que sostengamos varias actividades para llegar a fin de mes. 
 
Las y los trabajadores sociales debemos movilizar este 29 de mayo a las 15:30 a Plaza Congreso exigiendo justicia para Laura Iglesias. Por nuestras condiciones de trabajo.
 
 

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La especie oficialista de que “lo peor pasó”, difundida en estas horas por alguno de los miembros del gabinete nacional, apunta a dar por terminada la crisis de fondo que se evidenció con la corrida cambiaria, la megadevaluación y la convocatoria al FMI. Pero estrictamente, y fuera del propio gabinete, la expectativa “optimista” ni siquiera es comprada por los propios propagandistas del macrismo. El cimbronazo de días pasados ha agravado todos los desequilibrios económicos y, naturalmente, anticipa choques sociales de enorme magnitud.

La devaluación le permitió al gobierno degradar los salarios estatales y los gastos sociales del presupuesto. Pero ha acentuado el peso de la deuda pública externa sobre el PBI: algunas estimaciones que calculaban esta relación en el 59% hace un mes atrás, calculan que se elevó al 69% con el dólar a 25 pesos (Página 12, 20/5). En el meollo de la corrida de días atrás, que no es otro que el de una crisis de deuda y, por lo tanto, de financiamiento del Estado y de la propia burguesía, la situación es hoy más aguda. El gobierno puede solazarse de que en alguna medida se ha licuado la deuda pública en pesos. Pero un componente fundamental de esa factura, la deuda del Banco Central (Lebac), compensa esa desvalorización con la pesada carga de intereses al 40%, el precio comprometido para que puedan renovarse estas letras. El próximo vencimiento implicará mayor capital e intereses a reciclar, si se quiere impedir una nueva corrida. No sorprende, en ese cuadro, que los “ultraliberales” vuelvan a plantear la conversión forzosa de esta deuda en títulos del Tesoro nacional. Así, los tenedores de los “ultraseguros” pagarés del Banco Central serían obligados a cambiarlos por deuda de un país en manos del FMI. Estaríamos ante una variante parcial de defol, y –cuanto menos– ante una crisis de gabinete. Por otra parte, el 63% de las (abultadas) deudas provinciales están nominadas en dólares o “linkeadas” al dólar, que es lo mismo.

Dujovne y las provincias 

Precisamente, el gobierno ya atraviesa en estas horas una crisis de gabinete disimulada, con el nombramiento de Dujovne como “ministro coordinador” del abanico de carteras ministeriales relacionadas. No es un secreto que la unificación, en manos del ministro que trata con Mrs Lagarde, es la aspiración de “ordenar” esa agenda económica bajo la batuta directa del Fondo Monetario. Pero las crisis políticas y choques sociales que resultarán de ello recién comienzan a verse. El gobierno ha comenzado a negociar con los gobernadores un “acuerdo nacional” que consiste, esencialmente, en “recortes para el presupuesto 2019 y todas las políticas incluidas en esa ley: obras pública prioritarias, planes sociales, inversiones, subsidios, empleo público” (La Nación, 20/5). Aunque se afirma que no serán tocadas las jubilaciones, se prevé revisar “regímenes especiales de jubilaciones” y pensiones de discapacidad mal otorgadas” (id) –o sea el latiguillo que el gobierno viene planteando para atacar conquistas jubilatorias arrancadas por diferentes gremios, así como las obtenidas por los discapacitados y las jubilaciones especiales por insalubridad, todas consideradas como “privilegios”.

Pero este ajuste sobre las provincias deberá hacerse encima de otro –el que ya está en marcha en los distritos con importantes niveles de deuda externa, como Jujuy, Chubut, Mendoza, entre otros– y que han visto crecer sustancialmente el peso de esa hipoteca después de la devaluación. La voluntad de los gobernadores de la seudo oposición por aportar a la “gobernabilidad” del macrismo ya ha sido probada durante dos años. Hoy, está presente en la decisión de los senadores del pejota de “adormecer” el proyecto de recorte de tarifas votado por el Congreso. Ninguno de ellos ignora, sin embargo, que el “acuerdo” fondomonetarista transformará al interior en un polvorín social. Por eso han pactado eludir el Congreso en el pacto con el FMI. El gobierno se evita de este modo el escarnio público de tener que discutir con todas las fuerzas políticas la letra inevitablemente leonina del acuerdo y la oposición pejotista dejar sus huellas en esta entrega.

Otra vez las tarifas 

Finalmente, la megadevaluación ha instalado una sorda crisis en el mundo de las privatizadas de la energía. Ocurre que los recientes aumentos confiscatorios en la luz y el gas –y que desataron una crisis política al interior de la propia coalición gobernante–, fueron calculados en base a un dólar del orden de los 18,50 pesos. Pero de acuerdo al esquema organizado por el propio gobierno en 2016, los productores de gas, de combustibles líquidos y los generadores de energía arrancaron un “sendero de precios” ascendentes y dolarizados. En consecuencia, “queda descartado que en octubre las tarifas de gas puedan aumentar menos del 15%, según había anticipado Aranguren. Porque además en esa fecha, el precio del gas tiene que subir a 5,26 dólares, según el cronograma oficial, lo que a un dólar de 25 pesos, ya sumaría otro 14,5% en las facturas” (ver en www.elentrerios.com). Lo mismo ocurrirá con la electricidad, la cual, en noviembre, “debería subir un 30% por la devaluación, sin mencionar lo que se quiera trasladar al público por estos meses de desfase, más una nueva reducción de subsidios” (id). La magnitud de este `tarifazo sobre el tarifazo´ ha llevado a Macri a maniobrar. Por caso, postergó por unas semanas el aumento de las naftas que correspondía por la devaluación y la suba internacional del precio del crudo. En el caso de la energía, acaba de anunciar un subsidio de 40.000 millones de pesos para atenuar el impacto del aumento de los valores de la generación eléctrica. Va de suyo, sin embargo, que estas maniobras se dan de cabeza con el programa que exigirá el FMI. Macri se ha quedado sin financiamiento para patear hacia adelante un choque de mayor envergadura con las masas. Pero al mismo tiempo, nunca tuvo tan pocos recursos políticos para imponerlo. La precaria “tregua” cambiaria, que el gobierno pagó a precio de oro, no lo va a eximir del escenario convulsivo que ha dejado la `megadevaluación`. 

El movimiento obrero –y en primer lugar el clasismo y la izquierda– debe tomar cuenta de ello. 

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Una segunda y multitudinaria marcha contra los tarifazos en la ciudad de Libertador General San Martín (capital de Ledesma, Jujuy) tuvo lugar el pasado jueves 17 de mayo. Como la movilización anterior, esta fue convocada por periodistas, el Frente de Izquierda, la CCC-PTP, el SOEAIL (sindicato de los obreros del Ingenio de Ledesma) y sectores del kirchnerismo, entre otras organizaciones. 

En el último año, los tarifazos en Jujuy han rondado entre el 24% y el 30% en el caso de luz y agua, mientras que el aumento en el gas llegó al 100%. El contraste con el aumento miserable del 5% que otorgó el gobernador Gerardo Morales a los estatales, no podía ser mayor.

Para maniobrar ante el repudio popular, Morales tomó el planteo macrista de que las provincias y municipios eliminen impuestos locales sobre los servicios en cuestión. Pero la provincia solo cobra un equivalente al 1% para financiar la Susepu (superintendencia de servicios públicos), una especie de ente regulador que ha avalado todos los aumentos; mientras que los gravámenes municipales solo representan entre el 2 y el 6% del monto final de la boleta. En definitiva, el anuncio sólo aumentó la indignación de la población trabajadora, mientras que la medida agudiza la crisis financiera de los municipios, muchos de ellos ya al borde de la declaración de quiebra y paralización de todos sus servicios. El intendente radical de Libertador, Oscar Jayat, mantiene un completo silencio ante la situación.

Pero nada de esto explica por sí mismo semejante movilización obrera y popular en Libertador. En verdad, esta ha sido antecedida por multitudinarias marchas al año pasado, en solidaridad a la lucha de los obreros azucareros de Ledesma y contra el fraude que intentó birlar la victoria del Frente de Izquierda en la localidad. Los trabajadores de Ledesma y Libertador vienen dando muestras de su voluntad de lucha y rebelión hace bastante tiempo. 

En ese cuadro, ahora deben superar una nueva intentona desmovilizadora.

Deliberación popular versus tutelaje

Después de que la primera marcha contra los tarifazos terminara con un acto y micrófono abierto, tomando forma de una verdadera asamblea popular, la CCC-PTP ha tomado la iniciativa de tutelar el movimiento. Para esto llamó a una reunión previa a todas las organizaciones y allí, junto a sectores kirchneristas y peronistas, y con la presencia de los directivos del SOEAIL entre otros, impuso un documento que reclama la auditoría y estatización genérica de Ejesa y Gasnor, la ampliación de la tarifa social y –como plantea el macrismo– que se anulen los impuestos provinciales y municipales sobre los servicios en cuestión. El escrito culmina amenazando con acciones legales y administrativas sobre los funcionarios públicos.

Al finalizar la marcha última, la CCC-PTP trató de imponer un acto con el micrófono reservado a las organizaciones firmantes del documento, lo que no le evitó crisis. Mientras los dirigentes peronistas y kirchneristas destacaban proseguir la lucha por “vías institucionales”, el secretario general del SOEAIL resaltó que la lucha se definirá por la organización y acción callejera de la población, arrancando los aplausos de las masas movilizadas. 

Los referentes del FIT tuvieron que imponerse para poder hablar. El PTS llamó a pelear por un paro provincial para conquistar la aprobación de los proyectos del FIT de anulación de los tarifazos y la estatización bajo control obrero de Ejesa y Gasnor, y el diputado del PO-FIT Iñaki Aldasoro llamó la atención de la pueblada en curso y propuso organizar una gran asamblea popular que vote un programa y un plan de acción para derrotar los tarifazos.

Profundicemos la rebelión popular para derrotar el tarifazo

Se encuentra abierta una fuerte lucha política entre las organizaciones que intentan institucionalizar al movimiento contra el tarifazo y aquellos que queremos profundizar la movilización obrera y popular para anularlos. Deben ser los trabajadores y vecinos movilizados los que decidan el destino y orientación de su lucha.

El Partido Obrero de Libertador está llamando a las organizaciones políticas y sociales convocantes a preparar una gran asamblea popular y que allí se defina el programa y el plan de acción para derrotar los tarifazos. Planteamos su anulación, la apertura de los libros contables de Ejesa, Gasnor y Agua Potable de Jujuy (estatizada) y su expropiación bajo control obrero. Sumamos el reclamo de la gratuidad del servicio para todos los trabajadores que ganen menos de la canasta familiar, la extensión y conexión gratuita de los servicios esenciales a todas las barriadas.

La amplificación de la movilización contra el tarifazo a Perico, Fraile Pintado y Humahuaca abre la perspectiva de preparar una gran marcha provincial: impulsemos esta lucha en toda la provincia.
 

 
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El martes 22 habrá una nueva concentración en defensa de los vecinos del barrio La Sexta, de Rosario, que luchan contra los intentos de desalojo del gobierno municipal ‘socialista’. Distintas agrupaciones nos organizamos para definir medidas de lucha en apoyo a las familias del barrio y resolvimos movilizarnos al Rectorado, donde sesionará el Consejo Superior que votó el proyecto de cesión de esas tierras (que pertenecen a la Universidad Nacional de Rosario) a la provincia en acuerdo con el gobernador Miguel Lifschitz y la intendenta Mónica Fein. Nos movilizamos por una salida integral en beneficio de los vecinos del barrio y los estudiantes, contra los intereses del gobierno provincial y la universidad. Asimismo, convocamos a un acto en Gobernación (Santa Fe y Dorrego) el jueves 24 a las 10:30 hs

Recordemos que el día martes 15 se había producido una represión policial contra los vecinos que intentaron impedir el ingreso al espacio comunitario del barrio a una camioneta de la construcción. La policía arrojó gas pimienta a una menor y tres vecinos resultaron heridos con balas de goma. Luego de varias horas en las que movilizamos a los estudiantes de la CUR (ciudad universitaria), ubicada dentro del barrio, hacia el lugar de la represión, tuvo que hacerse presente el fiscal de la causa y logramos que la policía se retire del predio.

Los vecinos pudieron presentar un amparo mediante abogados y la jueza de la causa lo ha aprobado, lo que significa que no se puede avanzar con el proyecto hasta que las partes se reúnan en una audiencia. Igualmente, las familias llaman a “no dormirse, no relajarse, estar atentos y armar estrategias de lucha”.

Lo cierto es que el Partido Socialista busca desalojar un barrio obrero que ha resistido por generaciones a las dictaduras y al negocio inmobiliario. El gobierno de la provincia busca hacer pasar como una “urbanización”  los negociados con la especulación inmobiliaria y laboratorios privados que quieren llevar a cabo. Y no lo hace solo, la UNR le ha cedido las tierras para beneficiarse con sus propios negociados y enriquecer sus “cajas paralelas” para compensar el desfinanciamiento educativo. Un punto aparte merecen los medios que buscan presentar a los vecinos organizados como un grupo de violentos.

Desde la UJS venimos participando de las reuniones de vecinos y asambleas estudiantiles, denunciando el rol de la UNR. Mientras los estudiantes de La Siberia no entramos en las aulas y rendimos exámenes en el piso, ésta impulsa la construcción de edificios que luego van a ser utilizados para posgrados pagos, respetando la línea de privatización de la educación pública que impone el macrismo a nivel nacional de la mano del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, que ya se está implementando en Rosario, y del Plan Maestro.

Por la urbanización integral del Barrio República de La Sexta.
Fuera la policía de La Siberia y La Sexta.
Reforcemos la organización de los estudiantes con las familias del barrio, con la que logramos frenar la represión y el avance policial.
Concentramos el martes a las 8 am en Rectorado.
 

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El Partido Obrero continúa su ciclo de charlas en vivo de los lunes, esta vez abordando el análisis de la crisis económica y política, con los compañeros Néstor Pitrola y Pablo Heller. 

Tendremos la oportunidad de desarrollar un intercambio con el público a través de la fanpage del Partido Obrero sobre este tema, como parte de la campaña política que estamos llevando adelante contra el pacto con el FMI.

Los esperamos.

 

 

Posted by Partido Obrero on Monday, May 21, 2018
 
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Tras el anuncio sobre el pacto con el FMI, Macri convocó a los gobernadores del PJ para solicitarles su apoyo a las negociaciones. Schiaretti no demoró ni 24 horas en hacerlo.

ápidamente salió a desmarcarse del proyecto que limita el tarifazo, que sus propios diputados habían votado (entre ellos su esposa), señalando que el senado debe rechazar el proyecto porque la “fijación de tarifas es atribución del Poder Ejecutivo”. Una semana después, Schiaretti recibió a Macri en Córdoba y también apoyó el planteo de “acelerar la reducción del déficit fiscal”.

Schiaretti ha montado en la provincia un esquema de endeudamiento usurario que sigue el colapso macrista, y que en los últimos dos años ha hecho crecer la deuda provincial en un 333%, pasando de $18.500 millones al 31 de diciembre de 2015 a los $61.745 millones actuales, luego de la devaluación. Además Schiaretti ya emitió decretos respectivos para contraer nueva deuda por 700 millones de dólares, lo que llevaría el total de deuda a $79.203 millones, que representa más del 50% del presupuesto provincial. 

Pero allí no termina la historia. Córdoba tiene gestiones de préstamos con el Banco Mundial (BM) por 300 millones de dólares. También con el Deutsche Bank por 100 millones de dólares, con el BBVA, con fondos de los Emiratos Árabes y de Kuwait, y con la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP). El conjunto de esas operaciones puede hacer llegar la deuda de la provincia a los $100.000 millones en el corto plazo. También la Provincia se lanzó de manera desembozada a timbear con las Lebac, ($11.733 millones), superando en tenencia al Banco Francés, al HSBC, Citibank entre otros.

El fenomenal endeudamiento de la provincia ha tenido como objetivo refinanciar deuda anterior y sostener un plan de obras públicas que regentean los Odebretch y los Calcaterra. 

Para seguir alimentando este saqueo de las finanzas provinciales, Schiaretti apoya el pacto de Macri con el FMI. Considerando que el 95% de la deuda ha sido emitida en dólares, el programa del gobierno es entregar la provincia al capital financiero. Solo como ejemplo, la provincia debía atender servicios de deuda por $4.958 millones durante este año y $9.178 millones para 2019; y con la devaluación esas sumas aumentaron $6.464 millones y $11.176 millones.

Schiaretti apoya el curso adoptado por Macri porque el programa del FMI plantea la agenda de los capitalistas que mandan en la provincia. En primer lugar, la devaluación de la moneda ha sido saludada por el capital sojero (que mantenía retenida la cosecha en silos-bolsas a la espera de una depreciación de la moneda) y por las terminales automotrices. En la visita de Macri mencionada, Fiat anunció una inversión en la planta local cercana a los 100 millones de dólares. Ese programa establece mayores beneficios para los empresarios, como la baja de ingresos brutos que el gobierno dispuso de acuerdo al pacto fiscal; y por otro lado mayores cargas a los trabajadores con la “reducción del déficit fiscal” y la desvalorización de los salarios.

Una parte fundamental de ese programa se está discutiendo en las calles de Córdoba. Schiaretti viene lanzando provocación tras provocación a los trabajadores de Luz y Fuerza, con el objetivo de derrotarlos para modificar su convenio colectivo, hacer pasar la reforma laboral y los despidos, y finalmente para privatizar la empresa de energía pública (EPEC). En la visita de Macri hubo una reunión con las principales patronales metalmecánicas y metalúrgicas, y con la burocracia del Smata y UOM, donde el tema central fueron los convenios colectivos de trabajo. Esto se complementa con otra parte del ajuste ya se impuso a comienzo de año con las paritarias a los trabajadores estatales y de salud del 11% y a los docentes del 15%; el salario inicial de maestro no llega a los $16.500 mensuales.

Crisis del PJ

El apoyo de Schiaretti a Macri también busca una salida a la crisis terminal del PJ local. En las últimas elecciones el peronismo alcanzó apenas el 30% de los votos y Cambiemos le sacó 18 puntos de ventaja. Al mismo tiempo, la Legislatura viene siendo el escenario de un acercamiento entre Schiaretti y Cambiemos, cuyas partes (UCR-PRO-Juez) ha votado toda la política oficial. La última maniobra en este sentido fue levantar la sesión especial por el aborto legal, que se había resuelto a iniciativa Eduardo Salas del PO-FIT. El “gran acuerdo nacional” puede ser la prenda de cambio de un acuerdo en desmedro de la oposición burguesa provincial, o incluso excusa para una integración, que le despeje el camino de la reelección a Schiaretti.

El Partido Obrero y el Frente de Izquierda rechazamos el pacto con el FMI y planteamos una salida de los trabajadores a la crisis: inmediata reapertura de las paritarias de estatales, docentes y todos los trabajadores; no a la reforma laboral, abajo el ataque a los CCT; anulación de los tarifazos, la apertura de los las empresas, nacionalización de los recursos energéticos, y control obrero de la EPEC; no pago de la deuda usuaria provincial y nacional; que se retire de inmediato los fondos de Lebac, para comenzar ya un plan de viviendas populares. Al cálculo actual ($700.000) se podrían construir cerca de 17 mil casas.

Por un paro activo y un plan de lucha y un congreso de delegados de base de todo el movimiento obrero cordobés.

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Los diarios nos anuncian que el FMI apoyaría el “gradualismo” y Macri ha dicho que “el mundo nos pide acelerar las reformas” y estaríamos por lo tanto ante una “aceleración de ese gradualismo”. Más allá de que “el mundo” serían los fondos buitres y capitales financieros especulativos que armaron la corrida cambiaria y la fuga de capitales, se nota que los que plantean así las cosas no viven de un salario en la Argentina, cuya moneda se devaluó un 45% en lo que va del año y tuvo el 9,6% de inflación en el primer cuatrimestre. Esto contra un 15% en cuotas en las paritarias para todo el año y de un aumento del 5,7% en marzo a los jubilados (y planes sociales) desde septiembre hasta el próximo julio.

¿Cuál sería el ´gradualismo´?

Veamos. Desde la aprobación del pacto con los fondos buitres –votado por un Congreso con amplia mayoría pejotista-FpV–, en 2016, Macri aplicó una devaluación de $9 a $16, el tarifazo de ese año, miles de despidos estatales y privados (al tiempo que vetó la llamada ´ley antidespidos´); estableció un presupuesto de ajuste en el gasto educativo y social con la contrapartida de rebaja de retenciones a sojeros y mineras, y logró la aprobación –nuevamente con el voto del peronismo, en sus diferentes variantes– de la ley de perpetuación del impuesto al salario y, a fin del año, de la ley de ART. Por otro lado, las paritarias cerraron en promedio en el 31%, perdiendo 10 puntos aproximados contra una inflación del 41,6%. En 2017, en un año electoral, el gobierno no aflojó las riendas del ajuste y los salarios perdieron otra vez, con un promedio paritario de 21,6% frente a la inflación de 24,8%, nuevos despidos masivos –entre los que vale recordar las grandes luchas de AGR y Pepsico contra el cierre de las plantas respectivas. Ramas enteras de la industria sufrieron una verdadera devastación, como calzado, textiles o gráficos.

Tras la victoria electoral 2017, Macri se envalentona y convoca a los gobernadores, 23 de los cuales –incluida Alicia Kirchner– firman el pacto fiscal que da base a la trilogía de leyes de reforma previsional, tributaria y laboral. La CGT se prende en el pacto y acuerda una reforma laboral de 127 artículos, consensuada con 23 abogados de sus sindicatos, entre ellos “Huguito” Moyano, el menor del clan. Se aprueban las primeras dos y la reforma laboral se posterga luego del tropezón de las extraordinarias de febrero. Peña que había anunciado la convocatoraria a extraordinarias el 28 de diciembre pero éstas finalmente nunca se realizaron, porque tras las jornadas calientes de diciembre, el pejota, a través del mismísimo Pichetto, exigió “que venga la CGT a defenderla”. Pero ya casi no había CGT. El Triunvirato había estallado como consecuencia de la desobediencia masiva de las bases obreras del 14 y 18 de diciembre, que terminó en un cacerolazo.

A esta trilogía de leyes, el Partido Obrero la llamó “plan de guerra contra los trabajadores”.

La postergación de la reforma laboral fue consecuencia de las jornadas de diciembre, que desprestigiaron al gobierno y obligaron a una mínima toma de distancia de parte del PJ. Pero en su lugar empezó a funcionar el tope del 12/15% a las paritarias que acompañaron, transversalmente, todas las burocracias, incluso kirchneristas, como Santa María de porteros (12%), Aceiteros San Lorenzo y más tarde el propio Palazzo. Al mismo tiempo y antes de la corrida cambiaria y la crisis que llevó a los brazos del FMI, tuvimos un desborde inflacionario en el marco de los enormes tarifazos  de este año, que conmovieron a todo el país; de la mano del aumento casi mensual de combustibles y el reguero de despidos, especialmente estatales, que se estimaron en 35.000 a febrero, según datos de la seguridad social.

¿Y el gradualismo?

Se le ha dado en llamar así a ciertos límites puestos en realidad por la resistencia popular y del movimiento obrero. Por ejemplo, el movimiento que llevó a la Corte a moderar los primeros tarifazos en 2016, a las luchas que desplazaron algunos topes paritarios 2016/2017, a la rebelión obrera y los cacerolazos del 18 de diciembre que obligaron a postergar y dividir en leyes parciales la reforma laboral –aunque Macri no se privó del megaDNU de enero.

Lo que tenemos, en realidad, son los fracasos de los ajustes de los primeros dos años. Luego, el fracaso del “plan de guerra”, no obstante que la “opo” votó en ambas cámaras el robo a los jubilados y la reforma tributaria que le roba al Anses y les regala los aportes de los trabajadores a los capitalistas.

El fracaso de las dos primeras fases del ajuste condujo al golpe de los “mercados” contra el Banco Central, contra sus reservas, a la fuga de capitales, al forzamiento de la devaluación, al encarecimiento del crédito argentino en el marco de un nuevo escenario de la crisis capitalista, con el aumento de las tasas y del precio internacional del petróleo.

Con la apelación al rescate ´stand by´ del FMI, un gobierno políticamente en caída libre se apresta a aplicar la tercera fase del “plan de guerra”. El más fuerte, políticamente, de los gobiernos de ofensiva capitalista en América Latina ha tenido que guardar por ahora los planes reeleccionistas de 2019 y ser tapa de los diarios del mundo por caer en las garras del FMI. Todo esto, sin embargo, está muy lejos de “gradualismo” alguno.

La clase obrera no puede ser el ´valet´ de los operativos de recambio capitalista de 2019. Es la única que puede levantarse, con sus métodos y programa, contra el tercer capítulo del plan de guerra. Ellos no son “graduales”, y nosotros tampoco podemos serlo.

Paro activo nacional y plan de lucha, para derrotarlos con los métodos de la huelga general. Congreso de delegados mandatados por las bases de todos las centrales y sindicatos, para imponerlo.

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