El 6 de diciembre de 2019, luego de una de las polémicas sesiones de la Legislatura de Chubut, donde aprobaron la creación del Ministerio de Hidrocarburos y Minería en una de las ya conocidas intentonas del gobierno de Mariano Arcioni de instalar la megaminería a como dé lugar, seis personas fueron detenidas en un episodio de violencia policial mientras los diputados eran protegidos para retirarse del recinto.

Además de ser detenidos por una supuesta resistencia a la autoridad (por la cual fueron encausados formalmente y posteriormente sobreseídos por falta de méritos), los seis militantes fueron brutalmente golpeados y amenazados por los policías, tanto en el traslado hacia la comisaria como en el período que duró su detención. Esta situación fue cotejada por el cuerpo médico forense, que constató las lesiones físicas en las horas siguientes a la liberación. Luego se formalizaría en el Ministerio Público Fiscal la denuncia contra la Policía del Chubut por vejaciones, torturas y amenazas.

El 18 de septiembre se reanudó el proceso, que ya lleva más de tres años, no sin mediar otra maniobra dilatoria por parte de la abogada defensora de los policías acusados, Gladys Olavarría. La abogada recusó al defensor público Damian D´Antonio, que lleva la causa desde el primer momento y que fue ratificado en instancias anteriores, por tenerlo incluido en la nómina de testigos.

La jueza a cargo de la causa, Karina Breckle, quien fue acusada de parcialidad por la misma abogada, hizo lugar a la petición, por lo que una vez más se aplaza el comienzo de un juicio histórico, jugando al desgaste de la estabilidad emocional de las personas que vienen trabajando arduamente para que se les garantice el acceso a la justicia, que, como sabemos, es rápida y expeditiva para algunos, y lenta y procedimental para otros.

Quien quedó a cargo de la querella es el Dr. Omar López, también funcionario de la Defensa Pública. Se retoma el inicio del juicio el día miércoles 20 de septiembre a las 9:00 horas. Cabe destacar que este proceso se lleva adelante sin la presencia de la Fiscalía como representante legal del Estado, evidenciando un claro mensaje: el Estado es artífice, cómplice y encubridor de la persecución y la tortura a los ciudadanos que defienden sus derechos.

Esto no es un hecho aislado, estas detenciones fueron un caso más de criminalización de la protesta social, que se viene dando a lo largo y ancho del país y con mucha intensidad en la provincia de Chubut. Con la represión se trata de garantizar el saqueo, el ajuste y el disciplinamiento de un pueblo trabajador que es activo y lo demuestra en la calle. Acompañemos la lucha de las y los compañeros que ponen en el cuerpo contra el extractivismo y en defensa de los bienes comunes, los recursos naturales y el ambiente.