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29 de mayo de 2018

Chaco: se agrava la crisis política

El gobernador Domingo Peppo, en la cornisa

El pedido de desafuero y detención al minsitro de Infraestructura de la provincia de Chaco por parte de la jueza Zunilda Niremperger en la causa que investiga lavado de activos marca un nuevo salto en la crisis política provincial. Fabián Echazarreta, colaborador estrecho del gobernador Domingo Peppo desde hace años, está acusado de integrar la banda del ex secretario de la Gobernación, Horacio Rey, quien se encuentra preso junto a otros funcionarios por lavado de activos. 

Concretamente, el funcionario subordinado a Echazarreta y también preso, Ismael Fernández, había armado los contratos de obra pública con firmas de su propiedad y de la de sus socios (Constructora del Paraná, Fundación Norte y Vidrios Belgrano, entre otras). Los funcionarios habían montado un entramado empresarial para auto adjudicarse obras -presuntamente con sobreprecios-. Como Ministro de Infraestructura, Echazarreta firmó todas estas adjudicaciones de obras y autorizó los pagos, lo cual lo coloca como responsable de máxima jerarquía del entramado de fraude contra el erario público.

La jueza pide su prisión preventiva luego de un allanamiento realizado un domingo por la tarde, en el cual se lo encontró en Casa de Gobierno manipulando junto a colaboradores documentos vinculados a la causa. La prisión preventiva obedece a que, en libertad, tiene capacidad de obstruir el proceso judicial. Las pruebas están sobre la mesa. 

A diferencia de lo ocurrido con Horacio Rey, a quien Peppo le pidió la renuncia inmediatamente dictado su pedido de prisión preventiva, Peppo se jugó a "bancar" a Echazarreta. Negando el desafuero, le pateó la pelota a la Cámara de Diputados, que debe decidir ahora sobre los fueros. Esto provocó un quiebre en el PJ, puesto que la fracción de Gustavo Martínez e incluso la de Daniel Capitanich amenazan con votar en favor del desafuero. Esto colocaría al gobierno en un cuadro de aislamiento político y quebraría el bloque del PJ en la Cámara y el sostén político del gobierno.

Las diferentes fracciones del PJ podrían, a partir de este golpe, forzar una negociación con Peppo que apunte a un recambio de gabinete -un gabinete de consenso- y una negociación de cara a las listas del 2019. O directamente apuntar a una maniobra destituyente que colocaría al frente de la provincia a Daniel Capitanich (actual vicegobernador).

El radicalismo, por su parte, atraviesa problemas similares por el pedido de desafuero de Aída Ayala (ex intendenta de Resistencia y actual diputada nacional por Chaco). La jueza Niremperger reafirmó el pedido de prisión preventiva, en una decisión que apunta a acelerar los tiempos de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso que debe dictaminar el desafuero y que viene demorando el tratamiento del punto. Niremperger no ha avanzado, en cambio, en la investigación de las responsabilidades del actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, quien continuó el contrato con todas las empresas denunciadas por manejos turbios con la administración de Aída. 

Esta descomposición política de oficialistas y opositores se produce en un cuadro de ajuste en el cual los docentes se encuentran en huelga, se plantea la reapertura de las paritarias cerradas por decreto o decenas de movimientos sociales se movilizan semanalmente por el derecho al trabajo y la vivienda. La autoridad política tanto del gobierno nacional como del provincial está demolida para imponer el ajuste frente a las masas. Las diferentes fracciones del PJ se han metido en una guerra judicial y legislativa, pero ninguna apunta al triunfo de los reclamos populares. 
El Partido Obrero, frente a esta situación, plantea que tienen que intervenir los trabajadores. El pueblo del Chaco no puede mirar desde afuera mientras las diferentes bandas del PJ y el radicalismo se reparten los despojos del presupuesto provincial. Votaremos a favor del desafuero de Echazarreta, planteamos su separación del cargo y prisión preventiva. Planteamos el fin de las demoras y el desafuero de Aida Ayala por parte del Congreso Nacional. Deben investigarse las responsabilidades de Capitanich en los negociados con los fondos del municipio, dada la renegociación de todos los contratos con los mismos actores acusados de fraude en la Justicia Federal. 

Por sobre todas las cosas, proponemos a los sindicatos, las organizaciones sociales y de desocupados, al movimiento estudiantil de la provincia, la convocatoria a un congreso de delegados de base para plantear un plan de lucha por todos los reclamos y un programa y un planteo de reorganización social de la provincia frente a la crisis de poder.
 

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