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4 de agosto de 2019

¿Qué hicimos en la Cámara de Diputados?

Un balance de nuestra lucha legislativa en el Chaco.
Por Aurelio Díaz
Diputado Provincial PO

En este año y medio de trabajo intenso en la Cámara de Diputados nos hemos esforzado por demostrar a la población que el PJ y la UCR funcionan allí como socios. ¿Socios para qué? Por ejemplo, para aprobar el pacto fiscal, que impide el pase a planta y congela los salarios en el Estado. Para votar los presupuestos de ajuste contra la educación y la salud, o las leyes de endeudamiento, que llevaron a que el Chaco multiplique su deuda sin que sepamos en qué se gasta la plata. El oficialismo maneja la agenda legislativa, pero no puede aprobar ninguna ley sin el acuerdo del radicalismo.

Enfrentamos en la Cámara de Diputados estos pactos contra el pueblo. Frente a la crisis económica nacional, propusimos una sesión especial para discutir un pronunciamiento planteando que la crisis la paguen los capitalistas. Pedimos interpelar al ministro de Hacienda, para que explique adónde fueron aparar los 4.000 millones de pesos del crédito que pidió la provincia para pagar a los judiciales y al Tribunal de Cuentas, y construir viviendas a las comunidades originarias, pero no se cumplió nada de esto. También lo interrogamos sobre la ausencia de control de la Fiduciaria del Norte, nido de los negociados de Horacio Rey -funcionario del gobernador Peppo-, ante lo cual propusimos la disolución de la Fiduciaria y la integración de su presupuesto al general de la provincia del Chaco.

En defensa de la educación pública, impulsamos desde nuestra banca una interpelación a la ministra Mosqueda,denunciando los cierres de cursos en escuelas de toda la provincia. Presentamos un proyecto para realizar un congreso educativo donde docentes y estudiantes discutan las medidas necesarias para sacar adelante la educación. Defendimos en cada sesión de este año el salario de los docentes, planteando que no puede estar por debajo de la canasta familiar. Fuimos el único voto que rechazó el proyecto de CRES, con el que intentaron municipalizar la educación terciaria en la provincia y ponerla en manos de institutos de gestión social, volteado luego por la movilización masiva de estudiantes y docentes que logró el veto del gobernador.

La cuestión salarial fue discutida reiteradas veces en la Cámara, que ratificó en 2018 los decretos anti salariales de Peppo. Rechazamos estos decretos y planteamos la convocatoria a paritarias. En la última sesión, reclamamos paritarias para los legislativos y rechazamos el veto al proyecto de aumento salarial.

En defensa de las condiciones de trabajo, citamos a comparecer al presidente de la empresa Sameep, para que responda sobre las condiciones de seguridad en la empresa luego de la muerte de seis obreros en los pozos cloacales de la provincia. Impulsamos, además, un proyecto de ley para crear comisiones de seguridad e higiene en todos los lugares de trabajo para terminar con las muertes por accidente laboral, proyecto que la Comisión de Trabajo con mayoría peronista se negó a apoyar. Presentamos también proyectos por el pase a planta de los precarizados, organizado por comisiones electas de compañeros para evitar los acomodos del poder político. Especialmente defendimos este reclamo para los trabajadores del programa Expertos, compañeros con mucha calificación que sostienen el sistema de salud en toda la provincia, mientras el Ministerio promete pasar a planta solo algunos de ellos y en condiciones que no son claras.

Propusimos el loteo masivo de las tierras del ex campo de Tiro (un enorme terreno fiscal y baldío que se encuentra al sur de Resistencia) para destinarlo a la construcción masiva de viviendas, lo que además generaría trabajo para quienes están desocupados. También impulsamos una ley de banco de tierras, para garantizar el acceso a la población necesitada de toda la provincia. El PJ se negó a tratar todas esas iniciativas. En el mismo sentido, nos opusimos a los desalojos de la población sin recursos y contrapusimos  la realización de un censo para establecer las necesidades de vivienda y la regularización de los barrios.

En materia ambiental, llevamos a la Legislatura la lucha contra los desmontes, planteando que se revoquen los permisos que habilitan el desmonte de 52 terrenos en zonas amarillas (donde está prohibido)  otorgados irregularmente por el gobierno de Peppo y que abarcan más de 30.000 hectáreas de monte nativo. Planteamos la prohibición total de los desmontes, que son una causa de la crisis ambiental que conduce a las inundaciones.

Con respecto a las reivindicaciones de la mujer, defendimos la pelea por el acceso a la educación sexual integral laica y científica en las escuelas. Nuestro proyecto fue tratado por la Comisión de Educación, pero no fue aprobado a pesar de que el 74% de los estudiantes del Chaco sostienen que carecen de educación sexual. Denunciamos que el motivo de ese rechazo era la presión de las iglesias, a la cual se plegó el Ministerio de Educación bloqueando la modificación de la ley. Los mismos que no quieren avanzar en el dictado de ESI son los que se oponen al aborto legal, en una provincia donde miles de mujeres son hospitalizadas por abortos clandestinos y más de 200 niñas al año son obligadas a parir luego de haber quedado embarazadas producto de violaciones.

Con todos estos proyectos, llevamos la agenda de los trabajadores a la Cámara de Diputados de la Provincia. Ayudamos a organizar y apoyar las luchas en toda la provincia. En todo momento, sostuvimos que para imponer estos reclamos tenemos que  impulsar la movilización masiva para derrotar a los gobiernos del ajuste. 

Ahora, mientras todos los bloques políticos proponen continuar con el pecto  con el Fondo Monetario y su política de ajuste, nosotros vamos a elecciones a plantear una salida de los trabajadores a la crisis.

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