15/07/2019

Abajo el lobby fumigador de la patronal agraria en Entre Ríos

Defendamos las escuelas rurales y la salud de los chicos y maestros

La Sociedad Rural provincial ha iniciado protestas contra un fallo judicial que limita las fumigaciones sobre las escuelas rurales, cortando intermitentemente el túnel subfluvial Paraná-Santa Fe y el puente Rosario-Victoria, el pasado 10 de julio. Las protestas se replicaron en otros distritos.


El fallo del Tribunal Supremo de la provincia respaldó una ley que limita las fumigaciones en torno a las escuelas rurales a 1.000 metros para las emisiones terrestres y 3.000 metros para las aplicaciones aéreas. Estudios epidemiológicos y monitoreos de calidad de agua, realizados por institutos y universidades, fueron considerados para declarar la validez de la ley y desestimar un decreto posterior del gobernador Gustavo Bordet (Decreto 4407/18) que redujo arbitrariamente estas distancias.


El decreto del gobernador intentó sortear un amparo realizado por organizaciones del Foro ecologista de Paraná, la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos y la Asociación Gremial del Magisterio, resuelto a favor por el máximo tribunal en octubre del año pasado. Entre la prueba presentada en el expediente del amparo, está el estudio de la bióloga de la Universidad de Río Cuarto, Delia Aissa, sobre evaluación de daño en el material genético de niños y los relevamientos del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad de La Plata sobre genotoxicidad y contaminación de la tierra y los cursos de agua en las zonas rurales entrerrianas.


Hay alrededor de mil establecimientos educativos afectados por la contaminación propia de agroquímicos. Según un cálculo del ingeniero agrónomo Héctor Tortul, las restricciones involucran 3000 hectáreas productivas.



Según un informe difundido por el diario Tiempo Argentino (16/6), hay más de 5 mil escuelas rurales afectadas por la fumigación con agrotóxicos entre las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.


La presión del capital agrario impide que se avance en una normativa para frenar este enorme peligro para la salud de los chicos y los maestros. El mes pasado falleció de cáncer Ana Zabaloy, una luchadora docente de San Antonio de Areco que sufrió durante seis años los perjuicios de las pulverizaciones en los campos limítrofes a su escuela.


Rechazamos el lobby de las organizaciones patronales agrarias y planteamos que toda aplicación de agroquímicos y/o plaguicidas debe hacerse respetando una distancia de 4800 metros de los establecimientos educativos rurales y fuera del horario de clases.

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