Tras cuatro años de silencio desde su última intervención en la causa por el saneamiento del Matanza-Riachuelo, la Corte Suprema convocó este miércoles 30 a una audiencia pública para evaluar el nivel de cumplimiento de la sentencia dictada en 2008, que condenaba a los estados Nacional, de la Provincia y de la Ciudad por la contaminación del ambiente.

Las exposiciones de los gobiernos dejaron en evidencia un enorme incumplimiento de todos los puntos del fallo, desde el control industrial de la actividad de la cuenca para la reducción de la contaminación, el tratamiento de los líquidos cloacales y hasta la simple erradicación de basurales. Las presentaciones, contradicciones y silencios que mostraron los gobiernos fue un verdadero papelón, como lo destacaron los principales medios.

La ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo), que nuclea a los tres gobiernos y es responsable de la ejecución de las tareas, estuvo representada por Gabriela Seijo, la Directora de Operaciones, ante la llamativa ausencia del Director Ejecutivo Julio Torti. Informaron que la reconversión industrial sólo alcanza el 30% o sea de las 1.397 empresas declaradas como contaminantes se reconvirtieron sólo 412. Unas 512 están “en proceso” y el resto se negó a modificar su condición. Tampoco presentaron avances sobre los 200 establecimientos considerados responsables del 80% de la contaminación. No pudieron precisar cuál es el estado de salud de los chicos diagnosticados con plomo en sangre, problemas de desarrollo psicomotor y otras enfermedades asociadas a la contaminación. De las soluciones habitacionales previstas, se concretó apenas el 20%. La pregunta del Ministro Lorenzetti, que los representantes del Estado no pudieron responder, terminó de completar el diagnóstico de la situación: “lo que nos dice el informe es que ya hay USD 5.200 millones invertidos pero sólo se cumplió el 20% de la sentencia, ¿qué se hizo con eso?"

Desde la sala contigua, unos 100 vecinos de villas y asentamientos de la cuenca reclamaban tener un espacio para manifestar sus reclamos. La respuesta de la Corte fue clara: “Usted cállese la boca” le dijo, con escasa profesionalidad, uno de los Magistrados a un delegado de la Villa 21.  Poco después, Lorenzetti ordenaba que se los desalojara del recinto. Las Defensorías públicas, que habían colocado una gran expectativa en esta instancia judicial, ni siquiera pudieron hablar.

Ello no impidió que se manifestara la conflictividad que genera la situación de la cuenca: las autoridades debieron retirarse en medio de los abucheos de los vecinos. Es que de las pocas viviendas construidas, la mayoría tiene problemas que las hacen inhabitables: techos que se caen, paredes electrificadas, con humedad y mal construidas, complejos enteros sin conexión a gas o a cloacas. Como las construcciones nunca terminan, los vecinos viven en medio de las obras durante años. Muchos terminan por volver a sus barrios de origen porque las nuevas viviendas están tan lejos que no pueden llegar diariamente a sus trabajos o las escuelas de los chicos. Los complejos de viviendas son muchas veces verdaderas “zonas liberadas” por la policía, que le amplía la zona de influencia de las bandas de los barrios vecinos, a las cuales protege. Es lo que sucederá en las viviendas a donde se pretende mudar Villa Inflamable, construidas entre otros dos barrios que también necesitan esos terrenos para su propia urbanización.

Los censos están desactualizados, y por lo tanto las soluciones que estaban previstas, tampoco alcanzan. Algunos barrios ni siquiera fueron incluidos en los planes originales, aunque carezcan de agua potable, estén asentados sobre basurales y al lado de industrias contaminantes. Los barrios en los que hubo relocalizaciones de las viviendas más cercanas al Riachuelo, están en una peor situación. Caños de agua y cloacas rotos, escombros y plagas en donde solía haber casas.

El gobierno actual, igual que el anterior, sólo encara proyectos que resulten “redituables” para algún negociado: justo ahora, el Gobierno de la Ciudad ha aumentado el presupuesto para la vivienda, pero no para resolver integralmente estos problemas sino para “maquillar” las villas y poder desarrollar grandes emprendimientos de shoppings, torres de lujo y mega-estadios deportivos a su alrededor de la mano de la especulación inmobiliaria. Es de esperar que impulsen lo mismo en la provincia de Buenos Aires. De hecho, una buena parte de los dólares del ‘blanqueo de capitales’ se destinará a obras como la Torre Trump. Lo que se destina a las villas y asentamientos es una migaja al lado de lo que implican estos negocios, es el “asistencialismo inmobiliario” del gobierno para contener el reclamo por la vivienda.

Los vecinos de los barrios preparan una asamblea para crear la Coordinadora de Afectados por la causa Matanza-Riachuelo para el 17/12. El Partido Obrero plantea la necesidad de romper con la expectativa en las Mesas de Trabajo del gobierno, que no han traido ninguna solución real, y en los organismos que fueron puestos en la picota durante la audiencia pública: la salida es luchar con el método de la movilización al poder político, con un programa claro: Control vecinal de las obras; Derechos de los inquilinos a la solución habitacional definitiva; Actualización de los censos y viviendas dignas para todos; Atención médica para todos los afectados por plomo y todas las enfermedades de la contaminación; Control de vecinos y trabajadores para las empresas contaminantes y AySA; Relocalización sólo cuando no haya otra forma de proteger la salud de la población y en terrenos cercanos a los barrios; Urbanización real de todas las villas y asentamientos.