Reconocido por organismos internacionales, la ciudad de Avellaneda, y en especial el barrio de Dock Sud e Isla Maciel, se ubica como una de las zonas más contaminadas de América Latina.

La cuenca Matanza-Riachuelo, con 70 km de extensión, alberga a más de 20.000 industrias que descargan sus desechos en sus orillas y aguas, de las cuales el 25% se encuentra inscripto en el “nuevo sistema de registro para establecimientos”, informado por el Registro de Establecimientos y Actividades de la Cuenca Matanza Riachuelo (Reamar).

Una de las contaminantes es Trieco (Stericycle). Ubicada en Camino de la Costa y Sargento Ponce (frente al EcoPunto), se ocupa del tratamiento final de los residuos patogénicos (hospitalarios), incumplimiento con medidas de protección laboral y control ambiental.

Junto a otras firmas, Stericycle viene obteniendo año tras año el monopolio de dicha basura de centenares de centros de salud de la provincia de Buenos Aires.

Las jeringas, algodones y demás elementos son incinerados provocando sustancias contaminantes y de alta toxicidad, como dioxinas, furanos, metales pesados, gases ácidos, partículas ultrafinas y gases de efecto invernadero. Solo las dioxinas son consideradas sustancias cancerígenas, que quedan suspendidas en aire, tierra y agua de forma diaria cada vez que se encienden los hornos y de sus enormes chimeneas brota el espeso y oscuro humo. Sumado a que no existe limpieza de los incineradores. Y cuando no alcanzan a quemar todo lo destruyen y vuelan de forma directa a la tierra, envenenando las napas.

“El olor es insoportable. Nos tenemos que encerrar en nuestras casas. Se nos irritan los ojos, la nariz y garganta. En varias ocasiones nos provocó fuertes descomposturas. Y no podemos tomar el agua de la canilla, porque también está contaminada”, nos relata María, vecina de Trieco. Quien también nos muestra las innumerables denuncias presentadas en Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo), el municipio y el Polo Judicial. “Como represalia la empresa despidió a mi marido e hijo que venían trabajando desde hace años”, denunció.

La firma de Gustavo Solari (presidente de la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental y de la Cámara Argentina Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales) emite certificados de destrucción por incineración, pero sus hornos se encuentran clausurados desde 2016, y no existe documentación pública de puesta a punto en estos seis años.

El empresario afirma que “de 17.572.639 toneladas anuales que se generan en las empresas e industrias, solo se tratan adecuadamente 3.771.000 tn/año” (futuro sustentable.com.ar). Pero consultado por el costo y daño sanitario que puede contraer, Solari responde que “medir desde un punto de vista de la salud es muy difícil. Lo que no podemos es cuantificarlo”.

Desde hace más de tres años, la Acumar creó un régimen de control para las industrias. “El nuevo régimen de fiscalización crea un mapa de alertas, en las cuales los establecimientos deberán informar las modificaciones significativas, las emergencias y los vuelcos discontinuos y periódicos. Este mapa, una vez reglamentado, se visualizará en una plataforma en línea disponible a toda la población” (Acumar, 14/01/2019).

No solo que hoy, a tres años, la plataforma no se encuentran disponible, sino lo más aberrante es que se deje en manos de los contaminantes el “control” de sus descargas. Que el lobo proteja a las ovejas.

Acumar, creada hace más de diez años, es solo una firma, un agujero negro de caja del  Estado. Muy alejada de las problemáticas de los vecinos y trabajadores de la rivera.

“Vinieron autitos de Acumar, la policía ecológica, miraron un poco, se fueron y al ratito volvieron a prender los hornos”, nos afirman los vecinos.

Desde 2009, la agencia y el gobierno nacional vienen recibiendo préstamos del Banco Mundial, como parte del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (Pisa) con el objetivo de construir y reconstruir redes cloacales, remover barcos hundidos, instalar estaciones de bombeo y reconstruir industrias contaminantes. El organismo financiero internacional otorgó tres préstamos por un total de U$S 1.227 millones.

Informado por directivos de la propia Acumar, no avanzarán en la limpieza hasta lograr que las industrias dejen de ensuciar. “Hoy la premisa es dejar de contaminar. Todavía no llegamos a la etapa de limpiar” (Acumar 09/02/2021).

En definitiva, toda noticia de limpieza de las orillas del Riachuelo son solo espejitos de colores.

Pasaron los ’90 con María Julia Alsogaray y los mil días para limpiar el Riachuelo. El macrista Bergman y su campaña de plantación de arbolitos. Hoy Juan Cabandié preocupado por recaudar dólares para el pago de la deuda por sobre las condiciones ambientales. Pasan las décadas y los gobiernos (PJ – PRO- UCR – PJ) y las condiciones de vida empeoran de forma feroz.

Exigimos la inmediata formación de comisiones de seguridad e higiene bajo control de los vecinos y trabajadores.

Basta de contaminación ambiental.