El proyecto de ordenanza que plantea el intendente de Córdoba, Martín Llaryora, para la creación del ente BioCórdoba, cuyo objeto será la administración, mantenimiento y explotación comercial del predio donde antes funcionaba el zoológico de la ciudad, es un ataque más a la biodiversidad por parte de esta gestión municipal, en sintonía con el gobierno provincial. Si bien se monta sobre el rechazo de organizaciones ambientalistas a la existencia del zoológico como vidriera que exhibe el maltrato de animales exóticos, tiene, de conjunto, una orientación ligada a los negociados que van de la mano de la conformación de “entes autárquicos”, brazos ejecutores de las políticas oficiales en favor de determinados intereses y grupos económicos. Es el caso del Esop (Ente de Obras y Servicios Públicos), devenido en Coys (Córdoba Obras y Servicios).

La pretensión de constituir un ente de carácter autárquico con barniz verde esconde la verdadera intención de fondo: una jugosa oportunidad de venta, comercialización y explotación del ambiente, su flora y fauna. Con la posibilidad de administrar y explotar comercialmente las tres reparticiones principales que lo conformarían se lo habilita a adquirir derechos, valores, acciones y a disponer libremente de ellos. Así, el Parque Sarmiento, la Reserva Natural Urbana Parque Gral. San Martín -un reducto de especies autóctonas- y el espacio del Zoológico de la ciudad de Córdoba serán sencillamente otorgados a concesiones privadas tanto locales, nacionales como internacionales, inclusive.

A las precarias condiciones laborales y el vaciamiento denunciado sistemáticamente por los trabajadores de los diferentes espacios en los que tendrá injerencia este ente, se suma el impulso de actividades y programas de voluntariado, una política en la que ya da cátedra el PJ provincial. El negocio a partir de la naturaleza en este proyecto de ordenanza se lee de principio a fin; mediante su artículo 16, por ejemplo, deroga toda disposición o instrumento legal que se oponga a la presente ordenanza, sentando las bases legales para avanzar sobre el predio de la Reserva.

La promoción de actividades y trabajo conjunto con la Universidad Libre del Ambiente, donde de manera no formal se dicta una tecnicatura en Gestión Ambiental o la participación de la Universidad Católica como miembro del consejo consultivo, abre la posibilidad a que los futuros informes de impacto ambiental resulten a la medida de los desarrollos urbanísticos e industriales que la municipalidad requiera. No olvidemos el conflicto desatado a partir del desvío de una curva natural del río frente a la reserva con una retroexcavadora de Recursos Hídricos de la provincia, que ante la intervención de la asociación civil Amigos de la Reserva, rectificó su “error”.

El BioCórdoba carece del espíritu preservacionista que reclaman los Amigos de la Reserva, los proteccionistas de plantas y animales, los ambientalistas y los vecinos en general. La repudiable situación de maltrato y abandono del zoológico, los incendios que siempre ocurren en zonas categorizadas en rojo y la desidia que impera en el parque Sarmiento exigen una solución que no aparece con la creación de este ente.

Los recursos previstos para su gestión y funcionamiento, descriptos en el artículo 10 de la ordenanza, plantean la sujeción a la prestación de servicios, los contratos, concesiones, subvenciones, abriendo la puerta a toda clase de ingresos que serán administrados desde el directorio del ente, constituido por tres funcionarios designados por el Ejecutivo. Es decir, además del presupuesto municipal, contará con una caja propia para manejo discrecional.

El rechazo que despertó en la sociedad el estado de abandono y maltrato en que se encuentran los animales del Zoo, sumado a las precarias condiciones de trabajo, no son resueltas por esta ordenanza. De hecho, el artículo transitorio plantea el traslado compulsivo de las especies que ahí se encuentran recluidas, a la Reserva Gral. San Martín, sin prever las mínimas condiciones materiales ni humanas para su atención. Todo su articulado deja expuesto que la ordenanza tiene un carácter oportunista que es necesario advertir.

Nuestro planteo

Una política integral que dé salida a la crítica situación de los espacios de reserva ambiental y protección animal en la ciudad, requiere de la participación activa y decisiva de las organizaciones que intervienen hoy en cada uno de los planteos y conflictos ambientales, porque son quienes pueden conocer en profundidad cada una de las aristas del problema. Convidarlos a un consejo consultivo no vinculante limita su posibilidad de intervención al mero barniz ecologista.

Cualquier medida de preservación de estos espacios debe partir de la incorporación de guardaparques y personal capacitado, bajo la modalidad de planta permanente, como así también la prohibición de cualquier despido o traslado compulsivo de los trabajadores que hoy desempeñan sus tareas en estos espacios. Reclamamos que la existencia y funcionamiento del consejo habilitado por la ordenanza, sea con mayoría de representantes de las organizaciones ambientales, de carácter vinculante, con protagonismo y revocabilidad de sus mandatos, con presupuesto autónomo garantizado por el municipio para evitar que sea el lucro el motor que direccione las decisiones de  política ambiental.

La resolución del problema ambiental es indispensable para toda la población. Llamamos a organizarnos para desmantelar el contenido oportunista de esta privatización que pretenden establecer sobre los bienes comunes.