En enero de 2019 el entonces ministro de Agroindustria de Vidal y  exCEO de Monsanto, Leonardo Sarquís, promulgó la resolución 246-MAGP-18, una norma manifiestamente regresiva sobre las distancias mínimas respecto a la aplicación de agrotóxicos en los lotes contiguos al área urbana, suburbana, cuerpos de agua, escuelas rurales, reservas naturales, tomas de agua (perforaciones) y espacios de esparcimiento. La única prohibición no cuestionada era la de que se utilicen agroquímicos en horario escolar cerca de establecimientos educativos, es decir que hasta un minuto antes de que entraran a clase se podía aplicar cualquier plaguicida sin ningún miramiento.

Por el enorme rechazo que generó, la resolución fue suspendida por el gobierno de Vidal un mes después. Esa medida suspensoria vencía el 18 de febrero, ante lo cual el gobernador Kicillof debía definir el futuro de la abusiva resolución. En lugar de derogarla por perjudicial y por el rechazo popular a la misma, ha decidido volver a postergar la suspensión por otro año.

Para adornar esta capitulación a los intereses de las grandes empresas productoras y a las cámaras de empresarios agrícolas, el gobernador encargó a una comisión de investigadores a estudiar el tema para dictar nuevas pautas sanitarias. Se trata de una operación de encubrimiento, cuando las evidencias en la bibliografía nacional y más aún en la internacional son totalmente concluyentes respecto a los perjuicios del uso de agrotóxicos. Al igual que en el resto del país, en la provincia existen cientos de denuncias realizadas por poblaciones afectadas, asociaciones y ONGs que reclaman controles más estrictos y regulaciones para el uso de estas sustancias, basándose en evidencias médicas contundentes sobre la enorme cantidad de enfermedades que se registran entre las poblaciones del medio rural. 

La continuidad del aval a los agrotóxicos profundizará el deterioro de la salud de los más de cinco millones de bonaerenses que habitan en zonas rurales y del medio ambiente provincial. Para terminar con este flagelo, es preciso empezar por reducir al mínimo los peligros y riesgos que supone la utilización de agroquímicos, prohibiendo lisa y llanamente toda aplicación de plaguicidas más nocivos (de las clases I, II y III) y permitiéndose bajo determinados recaudos los de menor toxicidad (clase IV). Entre las medidas preventivas, por ejemplo, debería establecerse que en las zonas cercanas a establecimientos educativos rurales se deba efectuar la aplicación de productos agroquímicos y/o plaguicidas, con equipos de aplicación aérea y/o terrestres, a partir de los 4.800 metros de distancia y fuera del horario de clases, debiendo comunicar al establecimiento el día y horario en que se realice la aplicación.

De los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, solo 24 son netamente urbanos. Los 111 restantes tienen superficies dedicadas a cultivos. De ellos, en más de 70 han debido dictar, o están en vías de hacerlo, ordenanzas restringiendo estas prácticas. En ellas, sin embargo, hay un abanico muy grande de regulaciones, y solo algunas prohíben las aplicaciones aéreas y delimitan zonas de exclusión respecto a escuelas rurales, cursos de agua y poblados. En esos casos, la normativa local colisiona directamente con la resolución provincial.

La no derogación de la resolución de Sarquís y Vidal, esgrimiendo que una comisión estudiará el tema, está al servicio de la continuidad de la carta blanca a las grandes multinacionales productoras de agroquímicos y de los pulpos de los agronegocios.