Transitando la cuarta semana de audiencia pública por la construcción de la autovía de montaña en Punilla, Córdoba, se hace sentir el rechazo de la población a este emprendimiento dañino para el ambiente. A pesar de que ser una instancia restringida y amañada, las voces en contra de la obra son una inmensa mayoría.

Sin embargo, el gobierno provincial de Juan Schiaretti avanza con el emprendimiento, ya que se aprobaron los modelos de contrato para realizar la autovía, con el aval del gobierno nacional de Alberto Fernández para el financiamiento internacional de 75 millones de dólares otorgados por la Corporación Andina de Fomento. Esto blanquea la condición de trámite administrativo de esta audiencia, a los únicos fines de cumplimentar con los requisitos formales solicitados por el organismo financiero.

Tribuna Ambiental, agrupación impulsada por el Partido Obrero, participó de dicha instancia para rechazar la autovía denunciando que es una obra que consolida un enorme negocio, del gobierno provincial en sintonía con los gobiernos nacionales, como lo demuestra que el primer tramo de la obra involucró a empresarios de la construcción que engrosaron la lista de arrepentidos en la Causa de los Cuadernos. La obra pública sobrevaluada es puesta una vez más al servicio de grupos económicos amigos.

Cuestionamos la participación pública-privada, con mano de obra barata en condiciones de precariedad absoluta, el costo de la misma a cuenta de los trabajadores y las ganancias para el sector privado. Es la política que, corrupción y represión mediante, el peronismo local viene aplicando desde hace casi un cuarto de siglo. El PJ y la oposición patronal elaboran proyectos con intereses ajenos a las necesidades de la población. Solo guardan las formas convocando a audiencias públicas, que no son vinculantes, y por lo tanto son falsos escenarios de participación.

Como sucedió ya en la audiencia de mayo del 2018, los argumentos oficialistas para defender el proyecto se centran en la idea de “progreso”, vinculándolo con el mejoramiento del tránsito vehicular y la llegada de un mayor caudal de turistas. Otra vez intendentes y funcionarios públicos lanzan descalificaciones a quienes de oponen en la audiencia al emprendimiento. La legisladora oficialista Fernández, por ejemplo, dijo que “en éstos últimos tiempos, vemos un ecologismo foquista extremo y anti-Estado que intenta bloquear todas iniciativas de política pública”. Esa es la justificación del accionar represivo del gobierno, responsable de los allanamientos de domicilios y detenciones a quienes defienden el monte nativo, el agua y el cambio climático.

Sobran los motivos para rechazar la autovía de montaña. Los reclamos más sentidos de los vecinos siguen vigentes tres años más tarde al proyecto anterior: El propio estudio de impacto ambiental presenta más indefiniciones que certezas, a ellas se refirieron extensamente más del 80% de los exponentes que rechazan la autovía en estas semanas de audiencia.

Llamamos a la conformación de un frente único de lucha ambiental para impulsar un plan de acción hasta frenar otro ataque al ambiente con esta autovía de montaña en beneficio de los capitalistas. Urge la nacionalización de nuestros recursos estratégicos, además de validar la participación de las asambleas. Con organización y la lucha de todo el movimiento ambiental cordobés logramos evitar la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas y dimos batalla para frenar la ley de desmonte de Schiaretti. Es también el ejemplo de la movilización popular en Chubut que hasta ahora viene poniendo un freno al avance de la megaminería contaminante. Ese es el camino que debemos seguir, organizándonos de manera independiente de los partidos del régimen.