Por estos días en la zona del Pato en Empalme Tanti, localidad de Punilla vecinos denunciaron trabajos con topadoras y desmontes ilegal en una zona protegida bajo la categoría amarilla en la Ley de bosques, en un sector que meses atrás se incendió. Según relataron vecinos de la localidad “desde el sábado se abrieron caminos, zanjas y se colocaron caños para agua. No sabemos con qué permisos lo hacen, todo ese sector no se puede tocar”.

Frente a los hechos los vecinos presentaron denuncias en la municipalidad y ante la policía ambiental que se presentaron en el lugar y frenaron parcialmente las actividades que allí se realizaban.

Lo sucedido refleja la intencionalidad que existe detrás de los incendios en estas zonas y en otras: los grandes lobbies de la especulación inmobiliaria quieren avanzar con sus negociados sobre áreas protegidas y los incendios intencionales que quemaron más de 300 mil hectáreas son una modus operandi de los mismos para avanzar en sus proyectos.

Lo que sucedió habría pasado desapercibido, sin la denuncia de vecinos de la zona con el apoyo de asambleas ambientales de Punilla. Quienes indicaron que las autoridades del municipio mostraban no conocer las reglamentaciones vigentes en materia ambiental. Los gobiernos tienen estrechos vínculos con quienes hacen de la tierra un negocio.

No es casual que en el mismo sector, pero en el ejido nuevo de Villa Carlos Paz, vecinos del barrio La Loma hayan denunciado en varias oportunidades irregularidades en cuanto a loteos y conexión de agua, ya que la forma de proceder en el loteo está dada por el desmonte y la instalación de servicios, para luego de la venta de las tierras habilitar dichos servicios.

Además, los mismos vecinos de la zona reclaman a las autoridades el control del desmonte y el loteo, para impedir que se sumen más familias a compartir dos medidores de luz para cerca de 50 familias y un servicio de agua de 6 horas al día, que no es prestado ni por la cooperativa de Villa Santa Cruz del Lago ni por la de Villa Carlos Paz.

Ante esto urge del estricto cumplimiento de la normativa ambiental, pero también la necesidad de prohibir el cambio de uso del suelo de zonas incendiadas y poder de veto sobre proyectos inmobiliarios por parte de las asambleas populares ambientales y los pueblos como lo planteo en su momento la bancada del FIT en la legislatura a través de Soledad Díaz García, y desde Tribuna ambiental.

El Estado debe garantizar el acceso a la vivienda a partir de un ordenamiento territorial basado en el menor impacto ambiental posible, pensado para el desarrollo de la vida de todes, y no como una estrategia comercial y de saqueo inmobiliario.

Es zonas de difícil acceso, no tan visibles, o de colindancia de municipios es donde más se vienen dando infracciones a la Ley de bosques. En este escenario la defensa del ambiente y de tierras para vivir tiene toda una agenda de lucha.

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