El segundo juicio por fumigaciones de Barrio Ituzaingó todavía no tiene fecha, cabe recordar que se trata de una causa que registra denuncias del año 2002. Tras 18 años de lucha, estaba previsto que el juicio se iniciara el pasado 30 de marzo. Sin embargo, fue levantado antes de que sobreviniera la feria judicial por la pandemia. En un comunicado, la comisión creada a los efectos de hacer justicia dio a conocer los nombres de vocales que vienen actuando en la causa, frenando el reclamo popular de castigo a los responsables de la contaminación ambiental.

En el citado comunicado se afirma que los vocales de la Cámara del crimen n° 12 del Poder Judicial de Córdoba, Ana María Lucero Offredi, Gustavo Reinaldi y Gabriela María Bella, “están considerando volver a postergar la realización del juicio, postergarlo para el año próximo”.

La citada fuente agrega que los mencionados vocales “son quienes ya antes de la pandemia postergaron el inicio del Juicio Causa Madres Ituzaingó, que está en proceso desde 2002 y elevado a juicio por el hoy exfiscal Carlos Matheu en 2014, identificado como “Amuschástegui, Fernando Javier y otros o.ss.aa. Contaminación Ambiental dolosa continuada”.

Los vocales “también dejaron afuera a las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo o a sus familiares (maridos, hijos), personas que se habían constituido como querellantes con todas sus formalidades en alguno de los 18 años que vergonzosamente ha demorado este juicio. Por las trampas del sistema procesal cordobés, dejan sin posibilidad de resarcimiento a quienes han luchado, realizado análisis, denunciado este sistema macabro”, manifiestan desde la comisión.

El mencionado comunicado da cuenta que “también han quedado fuera del juicio una empresa paradigmática dentro de este modelo en Córdoba, ligado no solo a los agro negocios sino a los sectores políticos de la provincia, Tecnocampo y los hermanos Amuchástegui y también los 7 Ingenieros agrónomos responsables por la ley provincial de las fumigaciones que pusieron en riesgo y afectaron la vida, la salud y los planes de vida de las personas, todos ellos imputados por la investigación criminal que realizara el Dr. Carlos Matheu”.

El reciente despido de Medardo Davila cuando atendía un niño con leucemia, producto de las fumigaciones con agrotóxicos, da cuenta de un cuadro de impunidad de conjunto. Los capitalistas envenenan, y el Estado garantiza la impunidad, y no asiste a lxs damnificadxs. Y para peor, se despide a quienes denuncian las fumigaciones y se solidarizan con las víctimas.

Desde Tribuna Ambiental llamamos al conjunto de la población a sumarnos al reclamo para que no se siga dilatando el inicio del juicio, y que se haga justicia.