26/12/2020

Córdoba: la autovía de montaña proyecta una nueva traza

Repudio de las asambleas ambientales frente al accionar ilegal del gobierno provincial.

El gobierno de la provincia de Córdoba elaboró un nuevo proyecto para concretar la autovía que unirá la ciudad de Córdoba con el corredor del Valle de Punilla. El trazado se extenderá por 40 kilómetros, desde la variante Costa Azul, al noreste de Villa Carlos Paz, hasta el ingreso a La Cumbre. La futura autovía de montaña se extendería al oeste de la ruta provincial 38, continuando la faraónica obra que engrosa la deuda pública cordobesa, uno de cuyos principales contratistas es Oderbrecht -la empresa brasileña condenada por sobreprecios y coimas a nivel nacional e internacional.

El punto de enlace con el proyecto de autovía anterior lo constituye el puente José Manuel de la Sota: un desopilante monumento de cemento construido en un dique que cada año exhibe mayor contaminación hídrica como consecuencia de la ausencia de políticas ambientales de cuidado y la preservación de las fuentes naturales de agua provincial.

El gobierno de Juan Schiaretti presentó el aviso de proyecto en la Secretaría de Ambiente y el miércoles 23 trató en la Legislatura provincial el proyecto de expropiación de tierras que serían afectadas por la obra, lo que generó el repudio de entidades ambientalistas que denunciaron el incumplimiento de estudios previos indispensables: estudio de impacto ambiental y audiencia pública.

En efecto, desde la Funam (fundación para la defensa del ambiente) denuncian que el gobernador estaría violando la ley al avanzar con gestiones crediticias por una obra que aún no se ha hecho pública. “Es fundamental que sepamos cuáles son los compromisos asumidos, si los hay, y cuál fue la traza presentada. Urge conocer las eventuales responsabilidades del gobernador Juan Schiaretti, del Secretario de Ambiente Juan Carlos Scotto y del titular de la empresa Caminos de las Sierras, Jorge Alves», declaró ante medios locales el presidente de esta fundación, el biólogo Raúl Montenegro. También pidió a la justicia provincial que investigue las gestiones crediticias del gobierno provincial con el Banco de Desarrollo de América Latina, entidad que proporcionaría los 75 millones de dólares para esta obra.

El accionar del gobierno de Schiaretti revela un modus operandi típico de esta gestión del PJ provincial, que se perpetúa desde hace 25 en la provincia defendiendo los mismos intereses empresariales ligados a los emprendimientos inmobiliarios y el agronegocio. Es lo que se desprende del diseño de la obra pública emprendida a lo largo de todos estos años, en que las rutas para facilitar la exportación agropecuaria y el turismo inmobiliario se han hecho a costa del ambiente, que perdió tan sólo en este año 320.000 hectáreas de bosque nativo como consecuencia de los incendios forestales y exhibe una crisis hídrica de magnitud asociada a todo este ecocidio.

En este cuadro se evidencian también los límites que deben superar las organizaciones ambientales locales, ligadas en muchos casos a fracciones del PJ local, que reducen sus reclamos a normas que fijen la obligación de dar mayor información a la población y establecer mecanismos de consulta. Es en definitiva un barniz democratizante sobre una política de devastación ambiental. Por el contrario, la clave para frenar este avance es pelear por el efectivo poder de veto frente a estas políticas depredatorias, lo cual requiere independencia política frente al gobierno.

Es lo que impulsamos desde la banca de la legisladora del FIT Soledad Díaz García, con el proyecto de ley de control ambiental de las asambleas populares y ambientales constituye la herramienta necesaria para frenar el avance especulativo. Es necesario que las organizaciones territoriales avancemos en un frente único, de independencia política, que permita unificar los reclamos ambientales, ya que nuestra salud y biodiversidad están al límite ante un sistema extractivista que avanza sin miramientos sobre todo el ecosistema local, nacional e internacional.

La agenda ambiental 2021 marca una intensificación de los conflictos ya expuestos sobre todo el territorio provincial. Desde Tribuna Ambiental nos preparamos para intervenir en ellos.