Una repercusión inmediata tuvo la presentación de un proyecto de ley en la Legislatura de Córdoba que plantea la prohibición del cambio del uso del suelo en zonas incendiadas, de Soledad Díaz del Frente de Izquierda. Se viralizó en las redes sociales, fue saludado por las asambleas ambientales, se hicieron eco los medios de comunicación, principalmente de las comunidades afectadas, y en unas horas se juntaron más de 5.000 firmas en apoyo al proyecto, lo que dio lugar a que se discuta una campaña y acciones para reclamar su aprobación. Por ese motivo, surgió rápidamente también un lobby para bloquearlo.

Los sectores desarrollistas inmobiliarios y sojero-ganaderos llamaron públicamente a no innovar, argumentando que en las leyes vigentes ya existe un límite al cambio de uso de suelo. Esta defensa del status quo, funcional al gobierno de Juan Schiaretti, omite agregar que en los términos actuales Córdoba ha perdido el 97% del bosque nativo por distintas vías (desmontes, incendios, extensión ilegal de la frontera agrícola ganadera), y que entre 1999 y 2017 se quemaron más de 700.000 hectáreas -algunas zonas llegaron a quemarse hasta cuatro veces. ¿No hay que cambiar nada?

La defensa de las leyes del PJ tiene detrás a los intereses de los empresarios del agro y los especuladores que compraron el Terrón de Mendiolaza, los dueños de la minera Camarassa en Casa Bamba o el Gran Ombú en Villa Allende, por nombrar algunos, que han hecho estos años grandes negocios. Este planteo pretende desconocer desconocer lo que todo el mundo sabe: el origen intencional de los focos de incendios, y las consecuencias sobre el uso de esos suelos afectados en favor de los negocios agrícola ganaderos, emprendimientos inmobiliarios y obras viales provinciales que van de la mano con ellos.

Incendios pasados golpearon donde luego la provincia ejecutó el primer tramo de la autovía de montaña. El 17 de septiembre el secretario de Ambiente, Scotto, mediante Resolución N°227 publicada en Boletín Oficial, autorizó a la Dirección Provincial de Vialidad a realizar las tareas de mantenimiento de la red vial de Córdoba que impliquen intervención sobre la vegetación, y caminos que se construyan bajo regímenes de fomento agrícola, ganadero, turístico o minero, sin necesidad de efectuar presentación alguna ante la Secretaría de Ambiente, o lo que es lo mismo sin estudio de impacto ambiental. A confesión de partes, relevo de pruebas.

No es ninguna novedad que las leyes provinciales y nacionales de protección ambiental y del bosque nativo no se cumplan. Por eso viene batallando desde hace más de 15 años el movimiento ambiental de la provincia. El proyecto de Soledad Díaz sobre la prohibición del uso del suelo de las zonas incendiadas y el plan de remediación plantea en su artículo 4 un punto esencial: “poder de veto, control y seguimiento del cumplimiento de la presente ley a las Asambleas Populares Ambientales”. Un cambio radical.

En las grandes luchas ambientales de la provincia las asambleas ambientales y su movilización fueron el eje vertebral de las conquistas. La expulsión de Monsanto, el freno a Cartez en 2016, la lucha contra los agrotóxicos y las fumigaciones, la movilización contra la autovía, se gestaron con independencia política de las fuerzas políticas de la burguesía, sin depositar expectativas en el gobierno y su aplicación de las leyes.

Los sectores que se oponen al proyecto del FIT también citan leyes nacionales, pero no se pronuncian contra las políticas de depredación ambiental que impulsa Alberto Fernández a nivel nacional para el pago de la deuda externa. No los hemos escuchado criticar la resolución de cancillería que baja aranceles para la importación de insumos para la fabricación de agrotóxicos, tampoco una posición sobre la avanzada megaminera en Chubut, y menos aún contra el acuerdo con China para instalar una megafactoría de cerdos.

Desde Tribuna ambiental y la banca del FIT hemos elaborado este proyecto al calor de las luchas, recogiendo los reclamos sentidos de las asambleas. Junto a cientos de activistas participamos en las últimas semanas de dos jornadas de lucha nacional contra el acuerdo porcino con China, de la huelga internacional contra el cambio climático, y en cada concentración contra los incendios, en donde claramente los participantes denunciaron la intencionalidad de los mismos y reclamaron el no cambio del uso del suelo.

Dos caminos

La presentación del proyecto por la prohibición del cambio de uso del suelo de zonas incendiadas forma parte de una campaña general contra las políticas de depredación del gobierno provincial y nacional. Es ante todo una iniciativa para reagrupar fuerzas y poner el eje en las asambleas ambientales como únicas garantes de la protección del suelo. En ese camino, es un disparador para movilizar a la población de Córdoba que se ha conmovido por la destrucción que produjeron los incendios. Así fue entendido por su gran recepción.

Los críticos solo ofrecen la parálisis. Mientras, los especuladores de toda laya siguen desarrollando las mismas prácticas nefastas bajo el amparo estatal. El vago llamado a organizarse por el cumplimiento de las leyes, sin generar ninguna instancia de intervención y movilización independiente, desconoce la larga trayectoria de lucha del movimiento ambiental y popular cordobés, y termina siendo funcional a los gobiernos de la depredación.

Con el proyecto de Soledad Díaz aportamos una herramienta para la lucha, que requiere antes que nada de un frente único para golpear como un solo puño contra la avanzada depredadora que impone el régimen capitalista. Llamamos a las asambleas ambientalistas y a todo el activismo popular a adherir a este reclamo, y a discutir un plan de lucha para arrancar su aprobación y efectiva aplicación.