08/03/2020

Córdoba: suspenden el Juicio por fumigaciones en Barrio Ituzaingó Anexo 

Se profundiza el operativo de impunidad. 
Por Adrián Flores Tribuna Ambiental Córdoba

A días del segundo juicio por fumigaciones, la Cámara 12 del Crimen acaba de notificar a las partes la suspensión del comienzo del juicio de la denominada "Causa Madre" de Barrio Ituzaingó prevista para el día 31 de marzo del corriente sin precisar el tiempo que durará la medida.


Allí se juzgarán las fumigaciones realizadas de forma ilegal sobre terrenos colindantes al barrio que fueron denunciadas en 2003 y expusieron masivamente a la población a agrotóxicos, afectando la salud física, psíquica y moral de quienes la padecieron.


La postergación de la fecha de inicio del juicio se basa en un conjunto de chicanas presentadas por la defensa de los contaminadores y consolida un modus operandi del juzgado: “demora y prescribirá” ya que entre el 2013 a 2018 el caso estuvo en la Cámara 7 del Crimen demorado de diferentes maneras: por objeciones de la defensa de los acusados a la constitución de la demanda civil, falta de integración del tribunal de la cámara y, finalmente, cajoneo. A fines de 2018 la Cámara 7 se “desentiende” de la causa y pide su reubicación en otro juzgado, pasando a la Cámara 12 para realizar el debate. Como los hechos que se juzgan son denuncias del 2003 – 2004, la responsabilidad que le cabía a los funcionarios públicos denunciados (el entonces ministro de Salud Oscar González) prescribió. Así vemos a las claras cómo el paso del tiempo y las maniobras dilatorias del juicio otorgan un manto de impunidad a los responsables y cómplices. 


Contra toda lógica, doctrina y jurisprudencia, no se considera la contaminación ambiental como un delito de acción continua y se invocan prescripciones como si se tratara de delitos comunes, impidiendo el acceso a la justicia a afectados y afectadas. De los 38 querellantes iniciales muchos ya han fallecido a consecuencia de enfermedades ligadas a las fumigaciones y en las generaciones siguientes se evidencian daños cromosómicos, alteraciones hormonales, neurológicas, el cáncer, las malformaciones y los abortos espontáneos como consecuencias del envenenamiento masivo y sistemático con agrotóxicos. Este genocidio silencioso es la evidencia irrefutable de un delito cuyas consecuencias persisten.


Un dato más de este operativo judicial es la exclusión de querellantes: en diciembre de 2019, la Cámara 12 notifica a 15 de los 35 querellantes que han quedado fuera de la causa por no haberse constituido como querellantes particulares, entre las cuales están las propias integrantes del Grupo de Madres de Ituzaingó, quienes además de afectadas han sido las protagonistas de la denuncia pública durante todos estos años. 


Estamos en presencia un verdadero operativo de impunidad: no sólo se han excluido por prescripción a los responsables políticos sino a los empresarios de Tecnocampo, la empresa responsable de la fumigación. Este operativo no es casual, se inscribe en una alianza de mayor alcance entre el sector político y el empresarial que gobierna nuestra provincia y el poder judicial. En esa línea se entiende la sanción de la ley de las “buenas prácticas agrícolas” que sancionó la legislatura de Córdoba con la sola oposición del FIT, premiando a los contaminadores y garantizándoles impunidad.


La preocupación de los sectores del agronegocio y del gobierno socio de los pools de siembra es que un fallo favorable a los afectados desnudaría la relación entre enfermedad y agrotóxicos, algo que las organizaciones ambientales, los médicos de pueblos fumigados y científicos de todo el mundo venimos denunciando hace años, poniendo en cuestionamiento toda la matriz productiva.


A las maniobras de la justicia, el poder económico y político las tenemos que enfrentar redoblando la movilización popular en apoyo a las Madres. Vamos a un plan de lucha contra la impunidad. Convocamos a hacer de la ronda de los barbijos del 19 de marzo, una gran movilización popular para dar inicio a un campaña nacional por justicia y resarcimiento a los afectados por los agrotóxicos y en el mismo sentido a que el 22 de marzo, en la marcha plurinacional por el agua, el pedido de justicia esté como una de las banderas de todo el movimiento ambiental del país. 

 

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