La larga serie de conflictos en contra de las compañías mineras ha recrudecido con fuerte virulencia en estos días gracias a la lucha del pueblo de Famatina, en la norteña provincia de La Rioja. A esta lucha se ha sumado, recientemente, el apoyo de la Asamblea Ambiental de Andalgalá, en la vecina Catamarca. "Andalgalá no se vende y el Famatina no se toca" son gritos que resuenan en el eco de la resistencia de la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas), para frenar los avances depredadores de las empresas capitalistas dedicadas a la extracción de minerales bajo la modalidad "a cielo abierto".

Para estos pueblos, en particular, y para todos, en general, no se trata de una mera cuestión reivindicativa; por el contrario: es una seria cuestión de supervivencia (ambiental y cultural), porque de los daños provocados, claramente, no hay vuelta atrás.

Quizá, ahora mismo, muchos se estén preguntando ¿pero, qué hacen estos tipos acá? ¿Cómo llegaron a la zona? Para estas preguntas hay dos respuestas: una, evidente y obvia, para la primera cuestión; otra, más compleja, para la segunda.

Para la número uno, es sencillo y no hay nada nuevo: máximo beneficio y mínima inversión, y hasta luego y muchas gracias.

El otro aspecto necesita la siguiente explicación: el 29 de diciembre de 1997 se firmó el tratado minero entre la Argentina y Chile; fueron signatarios de este documento Carlos Menem y Eduardo Frei, respectivamente. Vale decir que, en nuestro caso, dicho acuerdo fue ratificado por la ley 25.243 de marzo del año 2000. Según el documento mencionado, se permite a las corporaciones mineras extraer los minerales diseminados a lo largo de los 5.000 kilómetros de la frontera compartida (toda la cordillera de los Andes).

También se les permite contar con vías de comunicación a lo largo de los dos países. Se estipula, además, que las empresas no harán doble tributación y cada territorio les otorga, asimismo, beneficios y franquicias -como por ejemplo, en nuestro caso, el uso de insumos tales como agua, gas, electricidad, etc. Vale decir, a las compañías mineras se les dio el "As de oro", favoreciendo al máximo sus ganancias y reduciendo a la nada sus responsabilidades.

La "otra cara de la moneda" es que esta realidad sólo fue posible porque contó con una dirigencia política con "el culo sucio", que entiende que los bienes comunes, las comunidades, los trabajadores y el compromiso con las generaciones futuras pueden ser sacrificados en el altar de las ganancias de las megacorporaciones transnacionales. Eso sí, como ya es moneda corriente en la Argentina de estos tiempos, la estructura represiva y la criminalización de la protesta no se hicieron esperar: Andalgalá, Belén, Famatina, sólo por citar algunos casos, dan cuenta de ello.

Los vetos recientes a la prohibición del uso del cianuro en Río Negro y Chubut, los idas y vueltas de gobernadores de opinión muy voluble y una presidencia que tira la pelota afuera, so pretexto de que las agrupaciones ambientales no critican la depredación en las Malvinas, son síntomas claros de una política que no hace más que continuar con el saqueo y la dependencia agravada durante la década de los ’90 y que, en verdad, de nacional y popular no se le ve nada.

Resulta evidente que la minería a cielo abierto, el cultivo de transgénicos, el religioso pago de la deuda externa, la continuidad de las "privatizadas" en el rubro de la energía, los ajustes, los tarifazos, la represión y la criminalización de las protestas son lo que significa, para algunos, militar "para profundizar el modelo".

 

Bibliografía

Rodríguez Pardo, Javier: Vienen por el oro, vienen por todo, Buenos Aires, ediciones Ciccus, agosto 2009, págs. 93 a 114.