29/04/2020

El gobierno favorece la producción de agrotóxicos

En medio de la crisis sanitaria una resolución de Solá rebaja costos de importación de dos insumos básicos.

En medio de la pandemia y cuando desde el gobierno machacan con que su prioridad es la salud de la “gente”, el canciller Felipe Solá auspicia una rebaja de aranceles para la importación de productos químicos que se utilizan para producir agrotóxicos.


El pasado 22 de abril el Ministerio de Relaciones, Comercio Internacional y Culto informó mediante publicación en el Boletín Oficial la entrada en vigor de este acuerdo arancelario con el Mercosur firmado en Uruguay en marzo pasado.


El estanciero Solá es un agente de los negocios de los capitales agrarios vinculados a la siembra directa y la exportación de granos, ya desde los años menemistas. Recordemos cuando ya hace 25 años, como ministro de Agricultura de Carlos Menem, recurriendo al oscurantismo burocrático, en un trámite exprés de 81 días y basado en estudios de la propia multinacional, autorizó a Monsanto a introducir la soja transgénica y otros paquetes tecnológicos.


Ahora, bajo la cobertura de la crisis sanitaria el gobierno hace pasar esta rebaja en los costos de importación de dos insumos básicos como el Monoisopropilamina y la Dimetilamina como si se tratara solo de productos necesarios para la industria farmacológica. Estos elementos se utilizan, sobre todo, para la producción de herbicidas y también para los fármacos. El tema es que la intención del gobierno queda al descubierto cuando se analizan la cantidad de toneladas de cupo de cada uno de estos químicos, que son muchos más de los que se necesitaría para cubrir los requerimientos de la crisis sanitaria.


Por si faltara algún otro dato basta decir que los principales portales del agronegocio de la Argentina festejan esta decisión del gobierno nacional que les permitirá volcar sobre sus campos los más de 250 millones de litros/kilos que requiera la producción industrializada de la tierra.


Decididos a defender sus intereses, los patrones rurales esconden millones de toneladas de granos a la espera de una devaluación en regla. El “campo”, que tampoco ha quedado obligado a la cuarentena, continúa volcando millones de litros de venenos para garantizar la ganancia capitalista.


El gobierno intenta restablecer lazos con los capitalistas del agro, toda vez que su necesidad de divisas se profundiza con la bancarrota de las cuentas públicas al tiempo que las negociaciones con los acreedores externos se empantanan cada vez más.


La ilusión de un amplio sector de la sociedad vinculado a las luchas ambientales, que apostó por los Fernández como contracara del macrismo, se ve ahora confrontada con una realidad que lejos está de sus mínimas expectativas.


Las enfermedades vinculadas a los agrotóxicos y las muertes por cáncer se siguen produciendo en el marco de la pandemia. La ganancia capitalista está por encima de la salud de las poblaciones fumigadas.


En este cuadro hay que desenvolver una programa que ponga fin al envenenamiento de las poblaciones, que garantice la producción y distribución de alimentos sin la utilización de agrotóxicos y que vaya de la mano con la expropiación de los grandes latifundios, con el freno a los desmontes, con la devolución de tierras a los pueblos originarios, con el fin de la megaminería y contra el extractivismo contaminante.


La lucha por el medioambiente, contra los agrotóxicos y por otro modelo productivo, no puede estar desligada de la lucha general por un gobierno de los trabajadores que ponga la tierra al servicio de la necesidad social y no al servicio de la ganancia de un puñado de capitalistas.




 

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