En el sureste de Córdoba Capital, más precisamente en la zona de Estación Ferreyra, cientos de familias respiran a diario malos olores durante horas. La causa de esta situación se encuentra en que empresas como La Lácteo derraman sus desechos sin ningún tipo de control por parte de las autoridades.

Vecinxs de la zona afirman que la firma Frucor S.A. y Refinería del Centro también son responsables de arrojar desechos que afectan el aire. Por eso, la comunidad educativa del colegio Requena suele padecer los malos olores durante la cursada.

Esta situación empeora con las altas temperaturas. El aire contaminado y los mosquitos invaden los hogares de familias cordobesas que padecen una crítica situación. En este marco, días atrás, la concejala por el Partido Obrero en el FIT, Cintia Frencia, fue parte de una asamblea de vecinxs convocada por el Polo Obrero. La misma fue el punto de partida de iniciativas tendientes a defender la calidad del aire, y el pedido de que se concreten los reclamos elementales de las familias de la zona.

Esto vulnera derechos elementales, como el derecho humano al aire puro. Para peor, en la zona hay servicios esenciales que el gobierno provincial y municipal tampoco garantizan, como el acceso al agua potable. Además, la zona no cuenta con conexión de cloacas. Hay testimonios que afirman que la conexión de gas, entre otros factores, también se ve impedida por los pozos ciegos. Y en los días de lluvia las calles se tornan intransitables.

En este panorama, los malos olores representan una amenaza para todxs, en particular para mujeres embarazadas, niñes y familias que tienen que soportar respirar aire impuro. Lxs vecinxs de la zona vienen denunciando la contaminación del aire, y el foco de infecciones y el olor insoportable. Sin embargo, el gobierno no lo controla, aún cuando hay sobradas muestras expresadas en imágenes de los desechos contaminantes que arroja la empresa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe tener en cuenta que alrededor de 130 familias sin vivienda ocuparon terrenos fiscales ociosos, los mismos que ahora la empresa La Lácteo usa para derramar desechos industriales. Esta es una de las causas del violento desalojo de la mencionada toma de tierras. En aquella jornada fueron reprimidas hasta mujeres embarazadas, y también quedaron detenidas de manera ilegal una delegada del Polo Obrero y dos compañeras durante largos días. Soledad Díaz, por entonces legisladora provincial del Partido Obrero – FIT y Jorge Navarro, abogado de las familias, también fueron detenidxs.

Después del desalojo, la empresa La Lácteo construyó un muro para que no se vea como continúan vertiendo líquidos en el predio. Así las cosas, a la vulneración del derecho a la vivienda también se afecta otros derechos. Es necesario tener en cuenta que en el artículo 28 de la Carta Orgánica de la Ciudad Córdoba, el ejecutivo local a cargo de Martin Llaryora debe procurar “para los vecinos un ambiente sano y equilibrado, que asegure la satisfacción de las necesidades presentes, sin comprometer las de generaciones futuras”.

En ese sentido, la Carta Orgánica establece que corresponde al Municipio: “Proteger el ecosistema humano, natural y biológico, y en especial el aire, el agua, el suelo y el subsuelo; eliminar o evitar todos los elementos contaminantes no aceptables que puedan afectarlo. El daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la legislación”, y también “Efectuar la evaluación del impacto ambiental y social de proyectos públicos y privados de envergadura. En caso de obras que afecten el ambiente, las normas deben poner límites temporales para su solución. Asimismo, se deben crear órganos de control municipal y prever la realización de audiencias públicas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, en el Artículo 29, se dice que “el Municipio dicta normas tendientes al estricto control de las sustancias tóxicas de cualquier naturaleza que puedan provocar riesgo real o potencial a la salud, flora, fauna o aire y protege de todo tipo de actividad contaminante”. Sin embargo, en Estación Ferreyra vemos un claro ejemplo de cómo el gobierno provincial y municipal violan todas estas ordenanzas a la vez. Y esto porque la absoluta prioridad es el interés de los capitalistas.

El intendente Martin Llaryora, en clara campaña electoral, realiza una impostura cuando hace mención al cuidado del ambiente. O también cuando habla de la “economía circular”, cuando hay zonas enteras de la ciudad en las que la contaminación es nauseabunda. En este cuadro, el Partido Obrero, junto a la banca que ocupa en el Concejo Deliberante Cintia Frencia, puso en marcha un plan de acción en defensa de los derechos de las familias afectadas por la contaminación y la falta de servicios. El gobierno de Martin Llaryora y las empresas son responsables. Enfrentemos el ajuste y la contaminación ambiental con la izquierda.