Hace unos días el gobernador entrerriano del PJ, Gustavo Bordet, consiguió que el Superior Tribunal de Justicia provincial falle a su favor en relación a un decreto que habilita que se realicen pulverizaciones con agrotóxicos a 100 metros de las escuelas rurales. Quedó sin efecto el anterior, así, el fallo del juez Oscar Benedetto, que determinaba entre 1.000 metros y 3.000 metros como zona de exclusión para pulverizaciones con equipos terrestres y aéreos, respectivamente.

El nuevo fallo del Superior Tribunal, además, revoca el pronunciamiento del juez Virgilio Galanti, de la Cámara Civil y Comercial de Paraná, quien a fines de septiembre había declarado inconstitucional el decreto 2239/19 sancionado por Bordet a principios de agosto, en el cual se establecía el aval a las fumigaciones a partir de los 100 metros. El gobernador habría maniobrado para que la causa sea tomada por los miembros del Tribunal más afines, quienes para disimular introdujeron que la determinación de la zona de exclusión deberá medirse a partir de una barrera vegetal a 150 metros de la escuela… unos metritos más.

De acuerdo a las denuncias de integrantes de la Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es basta, el gobernador modificó en forma exprés la ley de procedimientos constitucionales -que es la que regula los procesos de amparo- para conseguir una resolución favorable, y aseguran que apelarán ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Originalmente el amparo había sido presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, contra el gobierno provincial y el Consejo General de Educación.

La problemática es enorme. Los estudios preliminares elaborados por estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario afirman Gualeguaychú o la agraria localidad de Larroque casi duplican el promedio nacional de muertes por cáncer. Asimismo, demostraron que los casos diagnosticados de diferentes tumores superan entre tres y cuatro veces la media, situación que se agrava en las zonas rurales y sub-rurales del departamento Gualeguaychú.

Aún en campaña, cuando Alberto Fernández visitó Entre Ríos se solidarizó con el gobierno provincial del PJ y su cruzada contra lo determinado por el juez  Benedetto, calificando la resolución de éste como “desmedida”. En su defensa de los intereses del gran capital agrario, el presidente electo sostuvo que “debemos ser cuidadosos en que esto no se convierta en un boomerang contra la producción”, y agregó la falsedad de que las prohibiciones no permitiría producir en un radio equivalente a casi 300.000 hectáreas –lo que fue desmentido por ambientalistas y representantes docentes.

La necesidad social, en cambio, es reducir al mínimo los peligros y riesgos para la salud y el medio ambiente que supone la utilización de agroquímicos en las aéreas rurales. Una política que no anteponga la ganancia de los pulpos de los agronegocios debe partir de verificar la vulnerabilidad de la población y no tan solo el perfil toxicológico del químico, para maximizar la prevención y limitar su utilización.

Este flagelo abarca más de 5.000 escuelas rurales del interior en plena zona de cultivos transgénicos pulverizados a mansalva con agrotóxicos, en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Aquí está el “modelo productivo” que Alberto y los gobernadores peronistas se proponen perpetuar.