La Asamblea Antimegaminería de Bariloche convoca para el próximo 4 de marzo a un festival musical contra el avance de esta actividad en Río Negro. El encuentro será desde las 16 hs en la Plaza de los Pañuelos y tiene como objetivo impulsar en la ciudad andina la juntada de firmas por la Iniciativa Popular para prohibir la minería metalífera en la provincia.

Los partidos del régimen al servicio de las mineras

Entre 2005 y 2011 en Río Negro estuvo prohibido el uso de cianuro y mercurio en el proceso de extracción, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos, a través de la Ley provincial N° 3981/05, conocida como Ley Anticianuro y conquistada con la lucha de los pueblos. Carlos Soria, el primer gobernador peronista de la provincia, derogó esta ley el 29 de diciembre de 2011, a menos de veinte días de haber asumido en el cargo y habiendo evitado pronunciarse sobre el tema durante la campaña.

“Mientras haya un pibe cagándose de hambre arriba, no voy a tener guardado el oro abajo de Calcatreu por una cuestión ambiental”, se justificó en su momento. Apelaba al falaz recurso de anteponer la vida al cuidado del ambiente, y a la posibilidad de desarrollo económico y social a partir de la megaminería, cuando la experiencia concreta de las provincias mineras del Noroeste y Cuyo lo desmienten de forma incuestionable.

Soria llegó al gobierno en una fórmula de coalición con una ruptura del radicalismo que históricamente gobernó la provincia. Su vice, Alberto Weretilneck asumió como gobernador tras su muerte el 1 de enero de 2012, para luego conformar su propio espacio político “Juntos Somos Río Negro” (JSRN) de donde proviene también la actual gobernadora Arabela Carreras. Desde 2016 impulsan una modificación de la ley de tierras fiscales necesaria para habilitar la extracción de oro en Calcatreu. Es decir, que unos y otros están comprometidos a fondo en la política pro-minera en la provincia. Algunos referentes provinciales del Frente de Todos mencionan este tema cuando se acercan las elecciones, ocultando así que fue esta fuerza política un actor clave para el avance extractivista.

Los emprendimientos megamineros

Actualmente hay dos desarrollos mineros activos en la provincia. La mina de hierro en Sierra Grande es explotada desde 2005 por la minera MCC, cuyas ganancias fueron cuantiosas cuando el valor del hierro llegó a picos históricos. El declive del precio internacional de los últimos años ha llevado a que desde 2016 sólo realicen labores de mantenimiento con una planta mínima de empleados (Río Negro, 02/10/2019). La otra mina se encuentra en Fiske-Menuco (Roca), aunque no es metalífera sino de yeso. Río Negro es el principal productor del país, en volumen y antigüedad, de este mineral, llegando a exportar a otros países de la región (Río Negro, 03/04/2019).

Quizás uno de los emprendimientos mineros más reveladores del daño que causa esta actividad sea el de San Antonio Oeste. Pese a estar abandonada desde hace varios años, la mina de plomo Gonzalito arrasó con los animales de los pobladores de la zona. La mina presentó quiebra y desaparecieron todos los dueños, evadiendo cualquier responsabilidad penal o reparación ambiental. Quedó todo abandonado en inmediaciones de la ciudad, tambores de productos químicos, un temible pique de 200 metros de profundidad y montañas de desechos con metales pesados. El costo estimado para comenzar a revertir este desastre se estima en $60 millones. Una de las consecuencias más deplorables de esta mina es que el 40% de los niños de San Antonio Oeste tiene plomo en sangre por encima de los niveles aceptados (No a la Mina, 29/05/2018).

Lo que más nos moviliza hoy son los dos emprendimientos mineros que avanzan a paso firme en la provincia. El más importante es el depósito de oro y plata que se descubrió en 1997 en Calcatreu, cerca de Ingeniero Jacobacci. Desde el 2018, este proyecto muestra una importante reactivación, ya que, a los pocos meses de adquirir los activos, la empresa Patagonia Gold retomó las perforaciones en la zona (Río Negro, 22/02/2020). El Departamento Provincial de Aguas aprobó la extracción de agua para la exploración en Calcatreu, a pesar de que la megaminería le sacaría prácticamente toda el agua disponible en la zona de Jacobacci, en perjuicio de otras actividades como la ganadería ovina.

El otro emprendimiento que avanza a paso firme se conoce como “Amarillo Grande” y se encuentra en cercanías de Valcheta, donde la empresa canadiense Blue Sky Uranium concluyó una evaluación económica preliminar positiva para su depósito de uranio-vanadio, a lo largo de 13 años y ya se encuentran realizando pozos exploratorios. El proyecto requiere una abertura a cielo abierto cuya profundidad es de 30 metros y se extiende a lo largo de 3 km de largo, con anchos que van desde 400 metros hasta un kilómetro (Río Negro, 15/03/2019). Por sus características, ambos proyectos provocarán un impacto ambiental muy grave, dejando consecuencias que llevarían décadas para que se recompongan los ecosistemas naturales y las poblaciones cercanas.

Apoyemos la campaña por la Iniciativa Popular

Es evidente que las empresas mineras cuentan con la venia de todos los gobiernos del régimen -ya sean provinciales o nacionales- para saquear los bienes naturales. Las consecuencias en cuanto a contaminación del ambiente pretenden ser minimizadas, al igual que se ocultan los perjuicios que el desarrollo megaminero traerá para otras producciones locales de enorme importancia. El agua es un bien escasísimo en la meseta patagónica donde se emplazan estos proyectos.

El reciente incendio de El Bolsón, en el cual se han perdido 10.000 hectáreas de bosque y que ha mostrado el desfinanciamiento y desentendimiento del gobierno provincial, evidencia que se han declarado de manera informal “zonas de sacrificio” en favor de la actividad minera.

La lucha contra el avance de los proyectos de Calcatreu y Amarillo Grande requiere de una activa organización contra el extractivismo. La variedad de bienes naturales en la provincia exige una legislación que los proteja. El proyecto de ley al cual adherimos e impulsamos desde las asambleas locales y la asamblea del Kurrú Leufú (Río Negro) mediante la forma de Iniciativa Popular va en este sentido y es superador respecto de la derogada Ley Anticianuro, ya que prohíbe la minería metalífera en todas sus formas. Conquistarlo será posible mediante la organización y la unidad de las y los trabajadores y las asambleas ambientalistas a lo largo y ancho de la provincia. Reclamamos a su vez la reconversión de todos los trabajadores empleados actualmente en tareas de remediación ambiental sin afectar su continuidad laboral ni  sus salarios. Siguiendo el ejemplo del pueblo chubutense que cada día cuatro se reúne a marchar contra la megaminería, es que debemos dar esta batalla en las calles.