15/08/2020

Ley de humedales y quema en las islas del Delta

Conclusiones de la charla ambiental organizada por el PO de Santa Fe y Entre Ríos

Con más de 50 participantes, se realizó este jueves 13 una charla organizada por los comités del Partido Obrero de Santa Fe y Entre Ríos. Una iniciativa conjunta que se opone a la orientación dada por los gobiernos que busca oponer a los pueblos de estas provincias, echándole el fardo a la “población irresponsable” de uno u otro lado del río Paraná. Una orientación funcional a los incendios que necesitan ganaderos, sojeros y frigoríficos, cuando lo que se necesita es una lucha unificada para frenar las quemas.

El encuentro comenzó con la palabra de Luciano Cáceres, de la Comisión Directiva de Amsafe Rosario y del PO Rosario, quien destacó que “en las últimas semanas se produjo una intensificación de los incendios intencionales, en lo que va del año el fuego ha consumido el equivalente a tres ciudades de Rosario. Esto desencadenó una enorme movilización popular, con un fuerte componente de la juventud, que es acompañada por la docencia combativa como parte de una pelea integral contra la ofensiva capitalista en curso, que va de la depredación ambiental a los ataques contra las condiciones de vida de toda la clase obrera”.

Luciano denunció que “los gobiernos de las provincias se pasan la pelota unos a otros con procesos judiciales que solo sirven para hacer cartel. Nosotros planteamos que se tienen que detener ya mismo las quemas mediante su prohibición inmediata, en la línea de la suspensión de los desmontes que plantea el proyecto de ley que impulsa Romina Del Plá del FIT en el Congreso, con el apoyo de más de 40 organizaciones ambientales y varias miles de firmas”.

“En relación a las islas del Delta -prosiguió-, creemos que hay que prohibir la ganadería en ese territorio y poner en pie un Parque Nacional que debe ser fiscalizado por una asamblea de las organizaciones que integran estos movimientos de lucha, para ponerle un freno a la depredación en los Humedales del Paraná mediante la movilización popular”.

Por su parte, Facundo Ponce, integrante de la Comisión Directiva de Agmer Basavilbaso e integrante de la organización ambiental “Basta es Basta” de esa ciudad, inició su intervención denunciando que en su provincia, Entre Ríos, “el gobernador [Gustavo] Bordet viene dando sobradas muestras de que la salud le importa muy poco y que su gobierno está al servicio de los capitales agroexportadores, ahora con Alberto Fernández y antes como el mejor alumno de Macri. Bordet modificó la ley que impedía que se fumigue a menos de mil metros de las escuelas. Resultado de esta intervención estatal, es que hoy se puede echar veneno a solo cien metros de pueblos y escuelas rurales”.

Y dio a conocer un dato alarmante: “la contaminación con agrotóxicos explica que en el Hospital Garrahan el 55% de los pacientes con cáncer, adultos y niños, sean habitantes de la provincia de Entre Ríos”.

Ley de humedales

En último lugar tomó la palabra Carla Deiana, dirigente del Partido Obrero Santa Fe, quien habló de la ley de humedales, “la principal consigna del movimiento contra la quema en las islas”. Aclaró que “se han presentado tres proyectos de ley en la Comisión de Ambiente dirigida por Leonardo Grosso del Frente de Todos. Uno de esos proyectos corresponde al propio Grosso, el otro a Graciela Caamaño de Consenso Federal y por ultimo está el de Enrique Estévez Boero, del Frente Progresista y el Partido Socialista de Santa Fe. Para empezar, debemos clarificar entonces qué ley de humedales estamos reclamando”.

Carla indicó que “los tres proyectos tienen puntos en común. Parten de crear un Inventario de Humedales que presenta el problema de qué áreas se comprenden bajo esa definición, porque hay un fuerte lobby para excluir territorios de esa comprensión, como sucede con los humedales de la Puna, bajo presión de las mega mineras. Los proyectos plantean un largo proceso en niveles, que demoraría entre 5 y 3 años en el mejor de los casos. El que presenta el PS propone un inventario provisorio y de emergencia de acá a un año. Pero ningún proyecto plantea una moratoria en las quemas, es decir, el cese inmediato de los incendios cuando los gobiernos aún no han sofocado el fuego que se expande hasta el norte de Santa Fe en la frontera con Chaco”.

“La siguiente fase -continuó- es un Ordenamiento Territorial, todo a cargo del Poder Ejecutivo en sus distintos niveles, nacional y de las provincias. El proyecto de Grosso crea un Consejo Federal que integra a los ministros de todas las áreas del PEN, decidirán en conjunto desde el ministro de Ambiente hasta el de Agricultura. Por caso intervendrá [el ministro Luis] Basterra, un lobbista de las agroexportadoras que viene de anunciar que no habrá mayores impuestos a la exportación de soja para estimular que se expanda esa producción y así recaudar 25 millones de dólares más en 2021 que irán a parar al pago de la deuda externa. Iremos a un ordenamiento territorial en función de los beneficios ganaderiles, sojeros, de la megaminería y de los acreedores de la deuda”.

Y se refirió a la participación popular: “este consejo de Ministros, que es el que tendrá poder para decidir, estará asesorado por un Consejo, ad honorem, conformado por organizaciones ambientales, científicos y comunidades originarias, sin ningún poder de decisión ni de veto sobre las decisiones del gobierno, en un esquema de cooptación muy parecido al que rige en el Ministerio de la Mujer. En el caso del proyecto del PS, se le da mayor injerencia a los gobiernos provinciales en el Ordenamiento Territorial, que como sucedió con la ley de Bosques implicará una injerencia directa de los capitalistas que explotan las provincias sobre las zonificaciones”.

Otro punto es el del presupuesto: “las leyes establecen entre 0,3% y el 0,5% del presupuesto nacional. Contrasta con el 8.8% que va al pago de la deuda”.

Concluyó diciendo que «solo se ha puesto un límite a esta orientación mediante la lucha y movilización popular. El camino es desarrollar un frente de lucha independiente, poniendo en pie asambleas populares con poder de veto para a las actividades contaminantes. No nos oponemos a una legislación sobre los humedales, pero debemos elaborar un proyecto que parta de la prohibición inmediata de las quemas y que establezca los niveles de protección de los distintos tipos de humedales, excluyendo actividades económicas, en base a una elaboración de las organizaciones que luchan contra la depredación capitalista, con independencia de todos estos intereses”.

Compañeras y compañeros plantearon reforzar el reclamo para que haya más recursos estatales destinados a apagar el fuego y destacaron que la creación de un Parque nacional recogería una tradición popular de disfrute para los trabajadores sin afectar los intereses de conservación de los humedales, en oposición a los mega proyectos inmobiliarios y la explotación ganadera.

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