26/09/2020

Incendios en Córdoba: la responsabilidad del gobierno y la demanda popular de no cambiar el uso del suelo

Se confirmó que hay dos víctimas fatales.

Ph: Sebastián Salguero

«¡Hagamos algo! ¡Esto ya es demasiado!», fue la expresión de una férrea defensora del ambiente sano tras constatarse dos víctimas fatales por los incendios en Córdoba. La preocupación crece también por el daño profundo que genera sobre el ambiente, luego de que miles de hectáreas de monte nativo ardieran. Es claro de que no hay una orientación por parte del gobierno provincial de Juan Schiaretti de prevenir esta situación. Incluso el programa de «bomberos vigía» dejó de funcionar, sin establecer una superación del mismo.

Hay registros que dan cuenta que los incendios de agosto se quemaron 45.000 hectáreas y que en septiembre se prendieron fuego 25.000. Entre las zonas afectadas hay monte nativo, en donde el fuego provocó un impacto dramático.

Desde el gobierno se insiste en atribuir los incendios al factor climático ¿Olvidan las autoridades que el cambio climático y las sequías obedecen a la degradación del ambiente que tiene en el régimen de producción y explotación de los bienes naturales como principal responsable?

La otra de las razones señaladas oficialmente es el «factor humano». Según los especialistas, el 90 % de los incendios es causado por personas a las que les adjudican negligencia o intención. Pero es necesario poner de relieve los intereses materiales detrás de quienes prender fuego el monte nativo. Cualquiera sea el ángulo que se elija, el gobierno queda expuesto por acción u omisión.

Donde hubo fuego…

En este marco, el secretario de Ambiente de la provincia, Juan Carlos Scotto, resolvió el 17 de septiembre dejar sin efecto la resolución 227/2020, que dictamina recomendaciones técnicas para las intervenciones de mantenimiento sobre la vegetación nativa e implantada existente en los caminos. Estas décadas de gobierno del PJ en la provincia nos permiten proyectar que la obra vial no es para mejorar la transitabilidad o impedir la pérdida total de algunos ecosistemas bajo las lenguas de fuego, es para facilitar la extracción de los diferentes recursos.

Cualquier proyecto de intervención del ambiente debería encuadrarse en la normativa correspondiente y contar como mínimo con un informe de impacto ambiental. Pues bien, como no hay puntada sin hilo esta resolución, además autoriza en su mérito a la Dirección Provincial de Vialidad a realizar las tareas de mantenimiento de la red vial de la provincia de Córdoba que impliquen intervención sobre la vegetación, sin necesidad de efectuar presentación alguna ante la Secretaría de Ambiente u organismo que en el futuro la reemplace.

Cabe recordar que la cuestionada autovía de montaña, en su momento frenada por la lucha popular, pretende ser continuada por el gobierno sobre tierra incendiada. Toda una orientación. En una Córdoba en la que arden distintos focos, en lugar de desplegar un manejo del fuego efectivo Schiaretti redobla la apuesta y prepara el suelo para la obra pública y privada. Como todos sabemos: donde hubo fuego, countries y autovías quedan.

Con el daño efectuado el gobierno anunció que daría más recursos para resarcir a las personas damnificadas. También dijo que se reforestaría las zonas afectadas. Pero se sabe que del dicho al hecho hay un largo trecho de propaganda oficial. En este punto, funcionarios del gobierno posaron para la foto, entre ellos el cuestionado ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, que busca levantar su imagen pública tras el crimen de Blas Correas.

Hagamos efectiva una demanda popular

Lo que hace falta es garantizar que no se cambie el uso del suelo. En este punto, las organizaciones ambientales y el pueblo cordobés vienen dando toda una pelea para que no se establezca un reordenamiento del territorio en función de la especulación inmobiliaria. La legisladora por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Soledad Díaz García, presentó un proyecto de ley que recoge la demanda popular de impedir que el suelo sea destinado a emprendimientos inmobiliarios, cambiando su naturaleza.

El proyecto plantea que al menos por 20 años se prohíba que la tierra quemada sea destinada a otro uso. Se trata de un reclamo elemental, que gana adhesión entre las asambleas y el pueblo en general. De este modo, se refuerza la lucha popular y se intima al gobierno y a la oposición patronal en la Legislatura a que respondan a este reclamo.

Alertamos una vez más que los incendios tienen como fin el desarrollo de actividades incompatibles con el cuidado del ambiente, con el agravante de la repercusión social y sanitaria negativa. La hoja de ruta del gobierno, es la búsqueda de los dólares que le permitan afrontar la enorme deuda provincial a costa de ambiente y los derechos de la población. Por eso, este 25 de septiembre salimos a las calles a decir basta de depredación ambiental. Ni nosotros ni las futuras generaciones pagaremos la crisis económica, sanitaria y ambiental

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