Los vecinos organizados en V.U.D.A.S. (Vecinos Unidos en Defensa del Ambiente Sano) acamparon 4 días en la vereda de Tribunales Federales en la Ciudad de Córdoba exigiendo la lectura de una sentencia en la causa abierta contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y Porta Hnos. La expectativa culminó el lunes, cuando el juez de la causa, Hugo Vaca Narvaja, integrante de Justicia Legítima, estableció un plazo de 90 días hábiles a favor de la empresa para demostrar que ha realizado los trámites ambientales. Flaco favor a los capitalistas que continúan dañando el ambiente, dado que un Estudio de Impacto Ambiental no cambia la realidad de daños ya existentes y colabora en demorar la justicia largamente esperada.

Los vecinos de San Antonio conforman V.U.D.A.S. y han sido querellantes en la causa que ya lleva 8 años contra el Ministerio y contra la empresa Porta Hnos. Se trata de una empresa que ha crecido exponencialmente, ampliando y diversificando su objeto inicial: pasó de productora de licores a elaborar vinagres, alcohol; y desde 2012 se constituyó en productora de bioetanol. Es esta última actividad la que ha generado mayor contaminación y expansión de su predio original: pasó de ocupar una manzana a 5 hectáreas dentro de una zona ya urbanizada.

“Si la justicia no llega a tiempo no es justicia” reza un dicho popular: es tiempo que se roba la calidad de vida y a la salud de cada habitante, y lo roba este sistema desde la falsa sensación de tener derechos. En ese sentido, un primer balance de VUDAS expresa: “Luego de una enorme cantidad de argumentos que dan cuenta a las claras, de las razones que justificarían un pedido inmediato de cese de la producción, las conclusiones a las que arriba el fallo resultan lamentables y poco valientes; especialmente por tratarse de una causa que atiende a la vulneración absoluta de los derechos humanos básicos a la posibilidad de VIVIR en un ambiente sano y seguro, incluso como declara el mismo Juez en su sentencia”. En el fallo el Juez reconoce la producción de bioetanol y confirma la evasión de leyes ambientales: debería aplicar de manera urgente y determinante la Ley General de Ambiente N° 25675 que habilita el principio precautorio para proteger a les habitantes hasta tanto pueda demostrarse que la producción no genera daños en el ambiente y las poblaciones aledañas. No lo hace, por tanto, persiste el delito y la justicia se torna con su sentencia en cómplice de esta contaminación.

Del Fernet al Bioetanol

En Córdoba se elabora el 60% del total del bioetanol del país utilizado para el corte de naftas en base a maíz; con el aceite de soja se produce el biodiesel para el corte de gasolina. En ambos casos la producción se realiza sobre la base de la explotación de semilla transgénica, lo que asocia la cuestión de la comercialización de semillas y el uso de agrotóxicos como negocios indisociable al primero. Porta es una de las principales empresas productoras de bioetanol, negocio al que ha virado en los últimos 8 años. Este entramado subyace a la extensión de la causa y a la demora en dictar sentencia favorable a V.U.D.A.S.

En un escenario donde los vecinos claman por justicia ambiental a jueces que chapean la defensa de los derechos humanos pero no la efectivizan. La conclusión más importante a sacar es que no existe independencia del poder judicial sino una intrínseca relación con los negocios capitalistas.

Un programa de independencia política

No hay ambiente saludable con contaminación ambiental: la consigna de erradicación de la planta sin la pérdida de los puestos de trabajo y la apertura de los libros de la empresa está a la orden del día. Se trata de exigir el cese de la producción contaminante, la erradicación de la planta de barrio San Antonio y su encuadramiento en la actividad productiva que corresponde, garantizando los puestos de trabajo fuera del barrio. Porta Hnos deberá responder por los daños causado ante la eventualidad de cierre por quiebra y esto es una posibilidad que surge ante un llamado a concurso de acreedores realizado durante julio del presente año.

También es necesario sacar conclusiones de esta lucha que no terminó, para impulsar una batalla ambiental de conjunto. Los mecanismos administrativos muestran su límite para obtener respuestas favorables frente al daño ambiental. Son laberintos judiciales interminables y las respuestas obtenidas postergan los reclamos de los denunciantes muestran una marcada tolerancia hacia los explotadores, con ninguneos a la forma de organización de los afectados y represión, cuando ésta toma cuerpo a través de marchas, cortes de ruta o bloqueo a portones.

Urge unificar las luchas ambientales provinciales de las cuales la de V.U.D.A.S. es emblemática, para imponer al Estado provincial una agenda que priorice las innumerables cuestiones ambientales en conflicto: por fumigaciones, por contaminación cloacal, por avance sobre el bosque nativo, etc.

Vamos un fallo que efectivice el cese el deterioro ambiental y exija resarcimiento para las víctimas: que al daño lo paguen quienes lo generaron y se enriquecieron con su explotación.

Levantemos este programa de independencia de clase para que triunfe la lucha de VUDAS.