Recientemente, la conducción de Ctera realizó un “Congreso Internacional de Educación Ambiental”. Para darle credibilidad lo convocó para el mismo viernes en que se publicó en Boletín Oficial la Ley 27.621 de Educación Ambiental Integral. O sea, se trató de un evento armado para la campaña electoral.

El congreso contó con exponentes sindicales de la docencia nacional y de la Internacional de Educación, con declamaciones de críticas recurrentes en torno al modelo neoliberal de producción, acusando a la derecha como responsable por todos los conflictos ambientales. La conducción de Ctera se dedicó a atacar de la palabra a quienes niegan la pandemia, aunque lo cierto es que no movió un dedo para garantizar las condiciones sanitarias de trabajo de los educadores.

El festejo por la sanción de dicha ley puso sobre la mesa, sin embargo, evidentes contradicciones. Sonia Alesso, secretaria general de la central, sostuvo que “desnaturalizar los efectos del capitalismo y del neoliberalismo sobre los pueblos, sobre los recursos naturales, es una tarea urgente de las y los docentes”. Pero no dedicó una palabra a apoyar  los docentes que enfrentan causas judiciales por luchar contra la depredación ambiental, como sucede con quienes en Chubut y Andalgalá combaten el avance de la megaminería contaminante o con quienes defienden las sierras de Córdoba de las quemas incentivadas por la especulación inmobiliaria y los agronegocios.

Mientras los dirigentes de Ctera se llenan la boca hablando de derechos humanos le dan la espalda a los luchadores procesados. Es el costo de la integración al gobierno nacional; no se puede estar de los dos lados del mostrador. Otra contradicción es que mientras se entusiasman con que la nueva norma estimule debates acerca de la soberanía alimentaria cada vez más pibes tienen hambre, y el salario y la jubilación mínimas fijadas por el Estado no llegan a cubrir una canasta básica alimentaria.

Otra de las afirmaciones reiteradas durante el congreso fue que la defensa del ambiente requiere de un nuevo modelo, una transición justa “para establecer una plataforma de desarrollo de las Américas”. Pero cabe preguntarse, ¿para quién será justa la transición? E incluso, ¿cómo se compatibiliza eso con el “modelo” oficial, que subsidia el fracking y elimina el IFE, con el objetivo puesto en llegar a un acuerdo con el FMI? La sostenibilidad es equiparada a la sustentabilidad, para rematar los recursos del país en función del pago de la deuda. ¿Qué puede ofrecer este Estado a niños y jóvenes en materia de “formación ciudadana” y el “ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso”, como plantea la ley en cuestión?

La problematización pedagógica de las situaciones ambientales locales y globales lleva más de 25 años de ocurrencia casi intuitiva en las escuelas. Como sucede con la ESI, la educación ambiental enfrenta las contradicciones de propuestas pedagógicas bajadas desde arriba sin deliberación de la propia comunidad educativa. Gráficamente, este congreso se lleva a cabo mientras la dirección de Ctera se opone al desarrollo de asambleas y plenario para defender la educación del recorte presupuestario y la presencialidad sin condiciones seguras.

Por el contrario, una verdadera educación ambiental solo puede ser fruto del debate con docentes y estudiantes que luchan en defensa del agua, contra la contaminación industrial, los agrotóxicos y la deforestación, entre tantas otras causas. La comunidad educativa que participa en asambleas ambientales en los más diversos territorios contrasta con la dirigencia oficialista que no saca ni siquiera un pronunciamiento ante los conflictos socioambientales que proliferan en el país.

Los contenidos de la educación ambiental integral deben ser elaborados e implementados sobre la base de la deliberación de las docencia, el estudiantado y las organizaciones y asambleas que luchan cotidianamente contra la depredación capitalista y el Estado que la ampara.

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