En el inicio del 2022, los incendios forestales azotan tres países sudamericanos. En Argentina se calculan 300.000 hectáreas quemadas, y el fuego arrasó con más de 20.000 hectáreas en el litoral de Uruguay y otras 31.000 en Chile.

Entre los más recientes, uno de grandes proporciones avanza sobre un bosque de pinos ubicado en una localidad cercana a la ciudad uruguaya de Atlántida, en el departamento de Canelones. El foco de incendio se desató entre las localidades balnearias del Fortín de Santa Rosa y Villa Argentina, sitios conocidos por su frondosa arboleda, y que en esta época duplican su población por la temporada veraniega austral. Los incendios se hicieron sentir especialmente en el litoral oeste, donde consumieron 22.000 hectáreas en los departamentos de Río Negro y Paysandú (Cronista, 31/12).

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó que el país está en “riesgo muy alto” de tener incendios forestales, según el índice Fire Weather Index (FWI), y por eso el país está pintado todo de rojo. El organismo explicó, mediante un comunicado, que el FWI es un índice basado en observaciones meteorológicas desarrollado en Canadá en 1970 para “estimar el peligro de incendios forestales” (TeleSur, 4/1).

De acuerdo a un reporte de la Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf), las llamas ya afectaron más de 31.000 hectáreas hasta este lunes 3, principalmente en las regiones de La Araucanía, Los Lagos y Ñuble. Los informes dan cuenta de que el fuego ya ha consumido casi cinco veces más territorio que el dañado el año anterior, cuando la afectación alcanzó a poco más de 6.000 hectáreas. La Conaf chilena también insiste en que el 99,7% de los incendios forestales son producidos por la acción humana.

En nuestro país hay 11 provincias arrasadas por el fuego, con muchos focos fuera de control, principalmente en la Patagonia. A sabiendas de que existía este riesgo de incendios en el país, el gobierno no tomó medidas de emergencia: el ajuste es incompatible con el cuidado del ambiente. A su vez, la precarización laboral a la que son expuestos brigadistas que trabajan en la primera línea para combatirlos son una política del Estado.

Los incendios deben tomarse como resultado del saqueo de recursos naturales y tierras, que dejan enormes pasivos ambientales para garantizar el pago de la deuda externa con el Fondo Monetario y los organismos de crédito. Para enfrentar la catástrofe ambiental que genera el fracking, las petroleras en el mar, las quemas intencionales para extensión de la frontera agraria, debemos seguir el camino del Chubutazo: la organización popular e independiente en las calles.