Ambiente

20/9/2012|1240

Mendoza: Un acuerdo radical-K

Para garantizar la megaminería

La megaminería contaminante encuentra un fuerte freno a su instalación y explotación en Mendoza gracias a la ley 7.722. Esta ley fue aprobada bajo la presión popular y establece la prohibición de cualquier actividad minera que utilice material contaminante, como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otros. Paco Pérez se la tiene jurada, pero no está solo.


El capital minero está de punta contra la ley desde el día siguiente a su aprobación: existen once pedidos de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia de Mendoza.


Mientras la Corte dilata su tratamiento, las mineras siguen sacando turno para los permisos de exploración, como las cinco mil hectáreas otorgadas a una minera canadiense en Las Heras, y la CNEA presiona por la apertura de dos minas de uranio en San Rafael y Malargüe.


Además, el intendente de Malargüe va a presentar un proyecto de reforma que incluye la eliminación de los certificados de impacto ambiental ante la Legislatura para la aprobación de proyecto, un ablandamiento de la prohibición de las sustancias químicas y la autonomía departamental para decidir sobre determinadas actividades económicas.


La Corte Suprema no resuelve nada y colabora políticamente con el operativo de Paco Pérez, para crear un escenario favorable a la megaminería y quebrar la resistencia popular que se desarrolla a través de asambleas populares.


Se trata de un operativo: no existió ni existe en casi cnico años un solo pronunciamiento del fiscal de Estado sobre la defensa de la ley, y ni siquiera hubo un pronunciamiento de Diputados o el Senado en defensa de una ley promulgada por ellos mismos.


Existe un acuerdo político entre el radicalismo y el peronismo mendocino para aprobar una reforma constitucional que Paco Pérez impulsa desde que asumió. Los diputados del PJ dieron quórum para tratar la ley Petri, que establece un endurecimiento de las penas a los condenados.


La Corte Suprema tiene mayoría radical y varios de sus miembros tienen una afinidad especial con Cleto Cobos. La lucha del capital por depredar, saquear y contaminar la cordillera mendocina ha recreado la alianza kirchnerista-cobista.


La Corte Suprema no se pronuncia por la simple razón de que está a favor de dar por tierra con la ley 7722 y habilitar el camino a la instalación de las mineras.