Toda la provincia de Neuquén y el norte de la Patagonia en general sufren desde hace más de una década un proceso de sequía en aumento. De modo que toda la zona ha perdido humedad en sus suelos y forestación desde hace años. Por lo tanto la tendencia a incendios “difíciles”, sobre todo durante la temporada estival, que es de grandes vientos, no es una situación imprevisible. Todo lo contrario.

Este proceso ha repercutido desde hace años en la disminución del volumen de los ríos y arroyos que nacen en la cordillera. Un informe de Cammesa de junio del presente año indica que los caudales medios mensuales de ríos como el Neuquén, Limay, Collón Cura, están a la mitad de sus caudales históricos. El incendio que arrasa miles de hectáreas en la zona de Quillén (vecina a la ciudad de Aluminé en el centro de la provincia), no es otra cosa que una tragedia anunciada.
Pero a estas razones climáticas debe sumarse el agravamiento de la situación por la política de quienes gestionan los recursos del Estado y colocan el lucro y los intereses capitalistas como único objetivo, retaceando partidas con destino a los sectores de la clase trabajadora y populares, o retaceando el uso de partidas presupuestarias en haras de una subejecución que les permita redireccionarlas a subsidios empresarios o negociados varios.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, ha dicho a los cuatro vientos que el incendio en la zona de Quillén, que lleva desvastado el 80% del bosque nativo de esa zona, es “el más difícil y complejo que nos ha tocado enfrentar” (Diario 7 Lagos, 25/12), en un intento de justificar la escasa reacción oficial en volcar los recursos necesarios desde el inicio mismo, especulando que alguna causa climática detuviera las llamas. Que como dijimos, encuentran una vegetación de pastizales, arbustiva y arbórea padeciendo un largo período de sequía.
En el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo y aprobado para el año 2022, la partida “manejo del fuego” del ministerio de Ambiente, tiene asignada una partida de $ 349.000.000 (un 80% superior al año 2021). Es decir, se pretendió curar en salud en vista de las duras críticas por lo ocurrido hace un año (diciembre del 2020) en la zona de Loncopue cuando a pesar del extraordinario y riesgoso trabajo del personal, fue una circunstancial lluvia la que terminó con las llamas que arrasaron 12.000 has.

En esa ocasión el Secretario de Ambiente, Jorge Lara, también trató de eludir sus responsabilidades diciendo que era el “incendio más grande del año”. Cada vez se renuevan las excusas, pero cada año miles de hectáreas y vida silvestre se consumen por la política oficial.

Este año había mayor presupuesto, pero la política oficial de desidia la puso de relieve el propio intendente de la ciudad de Aluminé, Gabriel Alamo, quien afirmó: “quizás con más medios aéreos desde el primer día se podría haber atacado de otra manera el fuego”.

He aquí la madre del borrego: se especula no tener que usar el recurso hasta que es tarde, y luego se lleva a los brigadistas hasta la extenuación cuando el incendio se vuelve incontrolable, incluso al nivel de operar aviones y helicópteros hidrantes bajo fuertes ráfagas de viento, lo cual ha causado la caída de un helicóptero y la muerte de sus dos tripulantes días atrás. Este es un esquema que se reproduce año a año. Se pretende subejecutar este tipo de partidas para sobre ejecutar las destinadas al empresariado y los pagos usurarios de deuda.

La gestión capitalista del Estado es un factor más del agravamiento en la destrucción de la naturaleza. En este caso por los incendios que afectan a zonas de los más bellos paisajes cordilleranos.