Durante la última semana ocurrieron dos eventos significativos que involucran a la multinacional minera Barrick Gold. Primero fue secuestrado por contrabando un avión del pulpo canadiense en el aeropuerto mendocino El Plumerillo. A los pocos días, viajaron a San Juan el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Minería, Alberto Hensel, para emprender una recorrida por la mina Veladero en un gesto de respaldo a la empresa, y de defensa del “modelo” megaminero en respuesta a la jornada de manifestaciones que se desarrolló en todo el país en rechazo a la zonificación minera en Chubut.

En la recorrida por Veladero, la mina más grande del país que es operada por la canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold, los funcionarios nacionales fueron acompañados por el ministro de Minería sanjuanino Carlos Astudillo. La delegación fue recibida en el campamento Los Amarillos por el intendente de Iglesia, el departamento del noroeste sanjuanino donde está situada la mina.

Kulfas celebró la “tecnología avanzada” con la que se trabaja en la operación minera a cielo abierto, y habló de un “modelo minero seguro” y de “minería inclusiva y sustentable”. Pretende encubrir que la mina tuvo cinco derrames de agua cianurada desde 2015 y contaminó la cuenca del río Jáchal. Actualmente las localidades aledañas de Tamberías, Bella Vista y La Colonia (departamento de Jáchal) no tienen agua potable, y en diciembre cuando sus pobladores protestaron fueron reprimidos.

El ministro de Desarrollo Productivo también se refirió a la creación de puestos de trabajo seguros, pero lo cierto es que no hay fuentes de empleo genuino en ninguno de los dos departamentos. El Matadero Municipal de Jáchal tendría que haberse inaugurado en 2010 y todavía no funciona. La planta procesadora de pulpa de membrillo y fábrica de dulce de membrillo debía inaugurarse en 2012 pero todavía no se instaló ni una paila. Es tal la desocupación que los municipios deben encubrirla con 2.000 contratos basura, mientras hay otros 300 contratos precarios del gobierno provincial en la zona. Los pobladores de Iglesia cortaron reiteradas veces la ruta a la mina Veladero para reclamar puestos de trabajo, ya que hace 20 años prometían que erradicaría el desempleo de la región.

El comunicado oficial afirma además que “San Juan está mostrando que es punta en el desarrollo de la actividad de proveedores mineros de todo el país”. ¿Se referirá a la empresa del exgobernador José Luis Gioja, que le provee los áridos a la mina? Hensel, por su parte, destacó los esfuerzos para ampliar el valle de lixiviación y extender así la vida útil del emprendimiento, pero lo que realmente sucedió fue que el endicamiento del anterior valle ya había ocasionado derrames de agua de proceso y la empresa avanzó sobre otro sitio más arriba, sobre un área supuestamente protegida por la Ley de Glaciares.

Quien aprovechó la ocasión para atacar las movilizaciones que en cuarenta puntos del país rechazaron la ofensiva por habilitar la megaminería en Chubut fue el sacerdote Rómulo Cámpora de la Iglesia Santo Domingo, quien expresó que “la minería es una posibilidad de progreso (…). Siempre ha habido respeto a la comunidad”. La Asamblea Jáchal No se Toca le respondió inmediatamente, señalando que “la mina Veladero no hizo ni siquiera las audiencias públicas antes de comenzar. No se respetó a la comunidad en 2003. Luego se generaron los derrames de cianuro y mercurio, que siempre el gobierno y Veladero ocultaron hasta que no les quedó otra opción que confirmarlos. Se le negó dos veces a la comunidad de Jáchal la consulta popular por las fuentes de agua. El ocultamiento de la contaminación con mercurio de las fuentes de agua no es respetar a la comunidad. Es ir en contra de la salud y la vida de esa comunidad”.

El modelo de saqueo minero, del cual la Barrick es un fiel exponente, solo beneficia a pulpos multinacionales en función de magras regalías y retenciones que colaboren al repago de la deuda externa de la nación y las provincias. Es decir que esta depredación ambiental y social es parte del programa fondomonetarista del gobierno de Alberto Fernández. La tarea del movimiento en defensa del ambiente es seguir librando esta pelea en las calles.