El gobierno nacional ha dado a conocer su intención de continuar con la construcción de la Villa Turística en el corazón del Parque Nacional Iguazú, avanzando con licitaciones de una primera etapa que se iniciará a fines de marzo, tal como se puede leer en el diario Primera Edición (13/3). La movilización de los vecinos y organizaciones ecologistas de Iguazú había frenado –transitoriamente- esta iniciativa, de la que se tuvo noticia por primera vez en noviembre de 2018.

Política de Estado

La Villa Turística en el Parque Nacional Iguazú no es una política aislada. El plan Belgrano tenía previsto como único objetivo para Misiones la ampliación y remodelación del aeropuerto de Iguazú destinado al turismo internacional. Además, el gobierno nacional modificó en 2016 el Plan de Gestión 2017-2023 del Parque Nacional Iguazú. En este nuevo plan, se zonifica el parque argumentando que era necesario para “atender con mayor profundidad nuestros compromisos ambientales y administrativos”  y a la vez implementar “un plan de uso público renovado”. El puntapié inicial del nuevo plan se dio durante la gestión kirchnerista en 2014 y Cambiemos decidió continuarlo. En su elaboración participaron el conjunto de las Fuerzas Armadas y de seguridad instaladas en Misiones, empresarios, y alguna cooperativa de transportes.

Destrucción de los Parques

El Plan de Gestión propone dividir el mismo en tres zonas: las intocables y destinadas a la conservación, las que ya están “manchadas” por la acción del hombre. Esta división justificaría la introducción de la Villa Turística argumentando que el costo ambiental sería bajo o nulo.

La zonificación obedecería a la necesidad de establecer “las demandas de usufructo, actuales o potenciales, que plantea la sociedad sobre el Área Protegida y sus partes”. Esta norma demuestra que la única zona que interesa es la de remate. En el mismo documento se reconoce la falta de personal idóneo para el desarrollo de la tarea de conservación, prevención de la caza, el saqueo de la madera y otras actividades. Naturalmente falta el personal para investigar lo que sucede en las zonas de amortiguamiento y de conservación, pero eso no es lo importante, lo único que importa es la zona que se puede explotar.

Antecedentes

La liquidación del Parque Nacional Iguazú tiene como antecedente la creación de 600 hectáreas bajo los gobiernos provincial de la Renovación y nacional de los K en cuya zona se construyeron hoteles que adquirieron los lotes a precio vil y luego hicieron negocios con su venta, como el caso de la cadena de hoteles de lujo Hilton. Es una zona privilegiada lista a ser cercada en breve y en ella están enclavadas cinco de las comunidades indígenas de la provincia. Aunque para estos hoteles se construyó un ducto de agua potable de enormes dimensiones, los habitantes de las aldeas de la misma zona carecen de agua potable y se abastecen en las canillas de algún hotel que les permite acceder con baldes.

La discriminación no es sólo para las comunidades indígenas. El 70% de la población de Puerto Iguazú no tiene acceso al agua potable y quienes trabajan en el circuito turístico deben hacerlo en condiciones de precariedad, con bajos salarios y muchas veces bajo la modalidad de pasantías ejecutada desde el Estado que ha creado un instituto de educación que provee de mano de obra gratuita. El acceso al parque nacional lo administra un conjunto de empresas ligadas al gobierno provincial bajo la forma de una Unión Transitoria de Empresas (UTE), y cuya recaudación anual resolvería en un solo año todos los problemas de infraestructura básica de Puerto Iguazú.

Vemos aquí que ningún beneficio de estas privatizaciones roza siquiera a algún habitante de Iguazú.

Lucha política

La lucha por impedir la construcción de la villa es una cuestión nacional ya que el plan que se denomina Oportunidades Naturales se ejecutará en todos los parques nacionales; el de Iguazú es el más grande y de mayor número de visitas. Semejante operación no se puede ejecutar sin el visto bueno del ministerio de Ecología, es decir, de Sergio Bergman.

Los Renovadores locales habían encabezado la movilización en contra de la construcción de la Villa Turística y se conoce la supuesta oposición del candidato a gobernador oficialista Oscar Herrera Ahuad, sin embargo no se conoce públicamente cuál es la posición de los dos líderes del partido que gobierna la provincia: Maurice Closs y Carlos Rovira. La aparición de la nueva Villa Turística pondría en jaque un negocio ya armado con una empresa francesa para montar un camping en la Reserva de Usos Múltiples Caburei, colindante con el Parque, y a la vez quitaría turistas con euros y dólares a los hoteles del complejo de las 600 hectáreas. En síntesis, la oposición Renovadora es -o era- un problema de negocios.

El anuncio de avanzar con las licitaciones es casi simultáneo con la designación del ministro de turismo de Misiones, José María Arrúa, en el Consejo Federal de Turismo y es un indicio de que algunos de los hoy beneficiarios de las 600 has y/o la empresa francesa serían copartícipes de la villa a construir.

Es urgente la tarea de organizar una lucha nacional en contra de la destrucción de los parques nacionales convocando a las agrupaciones ambientalistas y a la población denunciando el significado de destrucción del medio ambiente en beneficio de las empresas de turismo.

Proponemos para Puerto Iguazú movilizar para la estatización de la UTE que controla el acceso del Parque para financiar el mantenimiento del parque y la contratación del personal necesario para las tareas de cuidado y prevención, además de impuestos progresivos a las empresas de turismo que no pagan un céntimo.