En junio, la empresa canadiense Uranio del Sur SA inició un expediente para comenzar tareas de cateo en casi diez mil hectáreas en el departamento de Tilcara, en vistas a la explotación de uranio.

En agosto, más de 3.000 personas marcharon desde Juella hasta Tilcara para exigir que se prohíba la instalación de la mina. La guardia de la jueza de Minas agredió a los manifestantes.

Las organizaciones de la provincia exige la prohibición de la minería a cielo abierto. El poder político defiende a los contaminadores. La jueza Durruty declaró que “en Jujuy la minería que se practica es totalmente ecológica”. La propaganda oficial presenta a Jujuy como “capital nacional de la minería”.

Los vecinos de Abra Pampa anunciaron que una pueblada tomaría pacíficamente los organismos oficiales, como inicio de otras medidas de protesta si no eran escuchados. La contaminación de plomo de la empresa Metal Huasi causó la muerte de varios bebés prematuros; son 234 los niños contaminados con plomo en su sangre, el 81% de la población infantil.

El yacimiento de uranio en El Amarillo (entre Juella y la quebrada de Yacoraite) podría provocar en Tilcara la misma contaminación con plomo que en Abra Pampa.

A partir del rechazo de explotaciones de uranio en la Quebrada de Humahuaca, encabezado por comunidades originarias y vecinos de la región, la Legislatura provincial analizó proyectos para limitar, e incluso prohibir la minería a cielo abierto en toda la provincia. Tilcara hizo punta con una ordenanza municipal que prohíbe este tipo de explotaciones en todo el departamento. Pero el gobernador Walter Barrionuevo aprobó un importante plan minero para todo Jujuy.

Los proyectos mineros que se instalaron en la provincia, dejaron zonas contaminadas y comunidades empobrecidas debido a las escasas posibilidades de desarrollo agrícola ganadero. Cuando estos emprendimientos cerraron en los ‘90, dejaron a miles de trabajadores sin empleo, con graves enfermedades y muchos no recibieron indemnización.