Agrotécnica Fueguina lleva 17 años al frente del servicio de recolección y disposición final de los residuos. Por estos días alcanzó una nueva renovación del contrato, a pesar de las denuncias en su contra.

El pasado 6 de octubre el Partido Obrero presentó en la Justicia una denuncia penal contra el intendente Gustavo Sáenz (Frente Renovador), su predecesor, Miguel Isa (PJ), funcionarios provinciales y contra la empresa, por el delito de contaminación. Entre los incumplimientos, figura la presencia de microbasurales en varios puntos de la ciudad, la ausencia de barrera forestal y la proliferación de mosquitos (¡dengue!) y alimañas, que se multiplican a partir de la falta de cobertura y compactación de la basura (como correspondería a un relleno sanitario).

La separación en origen y el tratamiento diferenciado de los residuos también son serias obligaciones contractuales incumplidas por Agrotécnica Fueguina. Una de las pruebas más nefastas es que llegan al vertedero los desechos fosforados de la tabacalera Massalin Particulares, los químicos de la Curtiembre Arlei, los desechos de aceite de la usina TermoAndes, las pilas de consumo masivo de la ciudad sin tratamiento previo, entre otros. Los líquidos producidos por la descomposición de la basura penetran hasta las napas de la ciudad, transportando en su recorrido metales pesados y ácidos volátiles al río Arenales y al dique Cabra Corral, una reserva hídrica central de la provincia. La contaminación en el aire produce enfermedades dérmicas y respiratorias a los vecinos de la zona, además de olores nauseabundos.

Todo esto debe investigarse.

Operativo encubrimiento

       Sáenz  y sus concejales han salido a afirmar que la recolección domiciliaria es buena, pero que la empresa no realiza bien la disposición final. Saénz separa artificialmente dos tareas complementarias para justificar la prórroga del contrato del servicio de recolección.

El intendente emplazó a la empresa a presentar en 30 días un proyecto de mejora del vertedero. Con esta maniobra, intenta justificar la continuidad del negocio de la empresa y su propia complicidad, ya que sus concejales impidieron que se ejecutara la auditoría impuesta por la bancada de nueve miembros del Partido Obrero en el 2015, lo que hubiera expuesto a la contaminadora.

       El massismo continúa con el método montado por el PJ durante 12 años: el vaciamiento municipal y la consecuente tercerización a empresas privadas de los servicios públicos. Por eso mantiene la base contractual de un millón de pesos por día y una cláusula leonina que actualiza en forma automática los montos ante los aumentos inflacionarios, cosa que no pasa con el sueldo de los trabajadores municipales.

Una salida de los trabajadores

Mientras prosigue el vaciamiento municipal, los trabajadores de Tránsito y Cementerios vienen luchando por reequipamiento, infraestructura edilicia, materiales de trabajo, indumentaria y reparación de rodados.

Los vecinos y trabajadores debemos sacar conclusiones sobre esta nueva estafa: la continuidad de este sistema es insostenible.

El Partido Obrero presentará estas conclusiones a los movimientos ambientalistas y a los científicos y estudiantes de la Universidad preocupados por cuidar el medio ambiente y la salud de la población, para sumar nuevas denuncias y organizar una campaña de largo alcance, hasta que los contaminadores paguen y se vayan.

Sólo un servicio público bajo control de los trabajadores y los vecinos puede empezar a revertir este cuadro de contaminación, corruptelas y sobreprecios.