El pasado 11 de septiembre, el gobierno provincial sanjuanino, publicaba a través de su medio oficial, la aprobación de un nuevo proyecto minero, que tendrá como sede el centro oeste de Iglesia, en la frontera con Chile, llamado “Proyecto La Ortiga”. El contrato de este proyecto será con Del Carmen S.A. por el valor de un monto de inversión de U$ 6.500.000 por el período de cinco años, dividido en cuatro fases.

La nueva capitulación de la violación a nuestros recursos naturales, fue presentada por el presidente del Instituto Provincial de exploraciones y explotaciones mineras (IPEEM), Ing Eduardo Machuca, como una “celebración”, “con la premisa de que las concesiones mineras son para trabajarlas. La exploración es una parte importante, pero debemos entender que estos proyectos maduros o semi maduros deben pasar rápidamente a la etapa de explotación” (SiSanJuan, 11/9).
Estos proyectos de extracción y de explotación, son presentados por el gobierno provincial como la única salida económica posible, denotando una política extorsiva del gobierno provincial y municipal. Presentado como una alternativa de trabajo para los sanjuaninos, solo genera contaminación y pobreza: ya el año pasado los números arrojaban el aumento del 35% de pobreza en San Juan y un crecimiento del 6.3% de indigencia (Tiempo de San Juan, 14/7).

Este modelo extractivista fue reivindicado por Alberto Fernández reiteradas veces, como un modelo de progreso y se materializó efectivamente con el nombramiento de Alberto Hensel en su gabinete como Secretario de Minería. Así, puso el broche de oro a las políticas ambientales que iban a ir dirigidas para las provincias que ya tenían historia con la minería contaminante: Hensel, que ya tiene un largo trayecto con el lobby extractivista, sanjuanino y del riñón uñaquista. Mientras éste formaba parte de la secretaria de gobierno de la provincia de San Juan, Barrick Gold reconoció haber derramado miles de litros de solución cianurada en los ríos de la provincia, escenario que fue denunciado por los propios vecinos ante el silencio del gobierno provincial, convirtiéndose en uno de los mayores accidentes mineros en el país. Inclusive, el pasado 11 de septiembre se cumplían cinco años del primer derrame de la mina Veladero, proyecto de extracción de plata y oro en la misma localidad donde se realizará el Proyecto La Ortiga.

Exigimos la inmediata prohibición del Proyecto La Ortiga. Es necesaria una organización colectiva con un programa político que motorice el control obrero y de las comunidades afectadas para la exploración de formas no contaminantes para el uso de nuestros recursos. Reclamamos evaluaciones de impacto ambiental bajo fiscalización de representantes de los trabajadores y vecinos de las poblaciones afectadas.
San Juan no se toca, y nuestros recursos naturales tampoco.