En un país en que se profundizan las problemáticas socio-ambientales, las fumigaciones con agrotóxicos afectan a una gran cantidad de ciudades, pueblos y barrios. En el partido bonaerense de General Pueyrredón y en zonas aledañas, la práctica criminal de fumigar a escasos metros de distancia de zonas pobladas son cada vez más reiteradas, lo que llevó a organizarse a los vecinos de Sierra de los Padres -barrio residencial ubicado a 15 kilómetros de Mar del Plata. Para adentrarnos entrevistamos a la doctora Nair Pereira, quien además es bióloga del Conicet.

¿Qué es lo que viene aconteciendo en Sierra de los Padres y qué denuncian los vecinos?

Por un lado, lo que estamos denunciando son las fumigaciones ilegales que se están efectuando a escasos 50 metros de las casas. Por el otro, a la burocracia estatal que no atendió el reclamo en los momentos en el que estaba pasando el mosquito fumigando. Todas las presentaciones y denuncias que hicimos a los diferentes organismos correspondientes esperamos que sean tomadas en cuenta, y no termine en una clara inacción de parte de las autoridades municipales y provinciales. Agentes municipales prometieron accionar y hacer cumplir la ley, pero actualmente estamos a la espera que sean cumplidas mediante acciones concretas.

¿Qué respuestas tienen de parte de los responsables?

Por lo general hay una mirada de que la ciudad “avanza” sobre tierras agrícolas, que nos transfiere la responsabilidad a nosotres. Pero en el caso de Sierra de los Padres no es así, sino al revés. El loteo en este barrio tiene más de 70 años. Lo que fue avanzando es un modelo agroindustrial que afecta la vida de los vecinos, por el tipo de prácticas de producción que implican el uso de químicos que afectan la salud humana.

¿Hay del lado de los gobiernos nacionales, provincial y municipales un relato “ambiental” que no se condice con acciones concretas y reales?

Sí, porque el que falla en todo sentido es el Estado como organismo de contralor, y eso es responsabilidad directa de los funcionarios. En el municipio de General Pueyrredón, a través de la Ordenanza 21.296 (de 2013), se creó el “Programa de Desarrollo Sustentable” que redujo la restricción a las fumigaciones respecto de núcleos poblacionales a solo 100 metros, la cual hasta entonces era de 1.000 metros (por Ordenanza 18.740 de 2008). La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires suspendió mediante una cautelar ese y otros artículos de esta ordenanza municipal, y entonces nos preguntamos: ¿por qué los productores nos siguen fumigando a menos de 50 metros? ¿Qué es lo cambió en todos estos años con gobiernos municipales y provinciales de diferentes signos políticos? Absolutamente nada. Es como todo lo que está pasando con otras temáticas que tienen que ver con lo ambiental, como por ejemplo el acuerdo con China para instalar factorías de granjas industriales cerdos.

¿Quién es el principal responsable?

El Estado, sin dudas, y en muchos sentidos. Por la ausencia de controles, por favorecer los intereses de estos sectores concentrados de la economía y contaminantes que no son los mismos intereses que tiene la mayoría de la población. Los proyectos y las normas diseñadas y promulgadas pueden incluso estar bien planteadas en los papeles, pero si no hay un Estado que se ocupe de prevenir, controlar y sanear, estas problemáticas se van a ir profundizando y la crisis ambiental en el país -que es una crisis humanitaria- alcanzará niveles nunca vistos, perjudicando a la flora y fauna y a los sectores sociales más vulnerables.

La reciente reducción en las retenciones a las exportaciones confirman que todo sigue igual: los que contaminan y degradan los suelos son favorecidos con estímulos económicos, mientras la mayoría de los productores familiares tienen enormes dificultades económicas para desarrollar modelos agroecológicos. La “soberanía alimentaria”, tan nombrada, es puro cuento.

Por otro lado en Europa los productos ecológicos tienen muchos sellos y certificaciones que son el resultado de análisis que exigen las normas, pero a todo esto se le pone un precio. Y con tantas certificaciones los productos llegan al consumidor con precios altos, que dejan afuera a la mayoría trabajadora de la posibilidad de poder consumir alimentos sanos. ¿Es equitativo que los productos agroecológicos pasen por tantas certificaciones y los productos que contienen venenos para la salud humana pasen por análisis cuestionables? Es el mundo al revés, tengo que certificar al detalle lo que es sano, mientras que el consumidor no tiene un certificado con respecto a los alimentos que normalmente consumen acerca de si excede o no los límites de agroquímicos. Esta situación no solo desalienta el consumo de alimentos sanos por su precio diferencial, sino que además permite que la agroindustria siga ganando el mercado por su bajo costo y falta de certificaciones sólidas. Todos estos planteos hay que ponerlos sobre la mesa.

¿Cuáles serían las consecuencias si continúa esta desidia en el manejo ambiental?

En este contexto de pandemia de Covid-19, cualquier sustancia que actúe en detrimento del sistema inmunológico es algo que no podemos admitir, y estos químicos utilizados en las fumigaciones lo atacan. Les vecines de Sierras de los Padres que más expuestos están en este momento presentan afecciones respiratorias y alergias en la piel. Lo que me preocupa a futuro, debido a la acumulación crónica de estos químicos en el organismo, es el riesgo potencial de padecer alzhéimer y diferentes tipos de cáncer en los órganos blancos.

Tengamos en cuenta que además de ser disruptores endócrinos, estos productos bloquean vías metabólicas claves como lo son los sistemas de desintoxicación. En un estudio de Uner demostraron que en anfibios los sistemas de defensa, ante la presencia de estos químicos, se anulan en vez de activarse. El otro problema es que el ser humano es muy resiliente, porque acumula a lo largo de los años en el organismo y a partir de los 50 “estalla” todo. A la escala del cuerpo humano los peores efectos vienen más adelante, reduciendo la expectativa de vida. Entonces, lo que hace estar expuesto a estos pesticidas es acelerar este desequilibrio en la homeóstasis entre lo que es todas las sustancias tóxicas que ingerimos y todo lo que nuestro cuerpo puede desintoxicar.

Frente a este trágico panorama, ¿cuál creés que es la salida?

Hay que patear el tablero y cambiar de paradigma. Organizarse para luchar, por la agroecología y en contra de este modelo agroindustrial. Es importante remarcar que esta lucha no está limitada a cuestiones de cercanía, de aquellos que están expuestos a las fumigaciones, sino que también tiene que involucrar a todos los hogares en los que llega a su plato de comida veneno. La mayor parte de la población del municipio tenemos diferentes niveles de glifosato en sangre y orina. Si seguimos ingiriendo estas sustancias, que superan la tasa de desintoxicación de nuestro organismo, vamos a acelerar todas las enfermedades degenerativas celulares y neurodegenerativas. Hay que hacer una fuerte campaña de comunicación y difusión. Concientizar es un aspecto central de la lucha. Tenemos que informar qué consumimos como alimento. Hay que comunicar que por un lado estás pagando por un alimento insano, y por el otro vas a gastar en medicamentos y en enfermedades que esos productos provocan.