Ambiente

10/3/2021

Sumate a la comisión ambiental del Plenario Nacional de la UJS y la juventud del Polo Obrero

Por la organización independiente de los que enfrentamos el régimen de los depredadores.

El discurso presidencial en la apertura de sesiones legislativas puso de manifiesto que el plan económico del gobierno nacional implica una profundización de la depredación ambiental. Los guiños a las mineras, las cerealeras y las petroleras signan esta orientación.

El 2021 comenzó con el propio Alberto Fernández poniéndose a la cabeza de las negociaciones entre los distintos sectores del PJ chubutense y Cambiemos para lograr los votos necesario para sancionar el proyecto de zonificación minera que impulsa el gobernador Mariano Arcioni. Las masivas movilizaciones y cortes de ruta en Chubut, y acciones en solidaridad en todo el país, permitieron una vez más ponerle un freno a este avance y abrieron una crisis política en las filas oficialistas. Esta lucha despertó otras, como por ejemplo en Bariloche donde se organizan contra la megaminería en Río Negro juntando firmas por una Iniciativa Popular.

Pero el gobierno nacional insiste en la promoción de la megaminería, como garantía de repago de la deuda externa al FMI y el capital financiero internacional. Por eso, después de haber bajado un 50% las retenciones a las exportaciones del sector, ahora impulsa un nuevo Acuerdo Federal Minero que mantenga las regalías en niveles irrisorios y presuntamente flexibilice los controles en el impacto ambiental. Es una alerta que debe ser tomada en serio, siguiendo los métodos de la movilización popular como en Mendoza y Chubut.

El aumento del precio internacional de la soja, por otra parte, es el comodín con que Alberto Fernández pretende pasar la crisis económica. Ello implica que el gobierno está de rodillas ante el gran capital agrario, que es que dispone si liquida o no la cosecha. Se anunció un régimen de estímulos al sector, que incluye la promoción del uso de semillas fertilizadas y los paquetes tecnológicos de los Bayer-Monsanto o Syngenta, con la consecuente aplicación indiscriminada de pesticidas y herbicidas que acarrean daños irreparables en la salud de trabajadores y pobladores.

Este año se cumplen 25 años de una política del avance de la sojización y los cultivos transgénicos, que tuvo entre sus impulsores pioneros al entonces ministro menemista Felipe Solá, el mismo que hoy como canciller negocia la puesta en marcha del acuerdo porcino con China para el desembarco de factoría de granjas industriales de cría de ganado, lo cual es denunciado fundadamente como una fábrica de nuevas pandemias.

Estos mismos intereses son los que explican el cajoneo de la Ley de Humedales en Diputados, a pesar de que ya obtuvo dictamen de comisiones. Ello cuando en plena pandemia Argentina registró uno de los índices de deforestación más altos del mundo. Además, en todo el país se incendiaron más de 1.150.000 hectáreas. El avance sobre los humedales, bosques y montes promovidos por el complejo agroganadero y la especulación inmobiliaria fue respondido con grandes movilizaciones en Rosario, Entre Ríos, Córdoba, Salta y Chaco, entre otras.

En lo que hace a grandes emprendimientos que atentan contra el ambiente y la calidad de vida de la población debemos destacar que en la Ciudad de Buenos Aires el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sigue en silencio tras la audiencia pública más grande de la historia en la que casi el 98% de los participantes repudió la privatización de las tierras de Costanera Norte y la entrega del acceso al río al capital inmobiliario.

En Argentina, una de cada cinco personas no tiene acceso al agua potable. Un tercio de la población carece de cloacas. Continúa la contaminación de los ríos y las sequías e inundaciones provocadas por el avance de la frontera sojero-ganadera, la megaminería y el fracking. Es por eso que la lucha por el acceso al agua potable en las villas se une a la defensa del agua en las provincias que son saqueadas por pulpos multinacionales. Luchamos por la apertura de los libros de las empresas del servicio de agua y el control popular de la obra pública para llevar la red a todos los barrios, así como enfrentamos la depredación y los pasivos ambientales del gran capital que consumen y contaminan millones de litros diarios.

Las autoridades universitarias siguen apostando por su parte a convenios privados con empresas contaminantes, limitando la investigación científica a los intereses que estas persiguen. En este contexto, y cuando fuerza una vuelta a clases en escuelas sin condiciones, el gobierno nacional pretende discutir una ley de educación ambiental. La juventud que se puso a la cabeza en todo el mundo de la defensa del ambiente debe debatir en profundidad qué se debe impartir en las aulas. ¿Puede esta quedar en manos del mismo Ministerio de Ambiente que avala la política depredatoria del gobierno nacional?

La aprobación de la Ley Yolanda con bombos y platillos pretende instalar que el problema es la falta de capacitación de los funcionarios públicos. Es un autoencubrimiento, para ocultar los intereses capitalistas responsables de la depredación. Son los centros de estudiantes, la docencia, las organizaciones ambientales y las asambleas territoriales que están en la primera línea de lucha contra las actividades contaminantes quienes deben elaborar y dictar el contenido de una educación que apunte a la defensa del ambiente.

Ello porque estamos ante un régimen de saqueo del país, que entrega los bienes naturales al capital imperialista mientras condena a la población a la pobreza. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales, sean kirchneristas o macristas, actúan como agentes los intereses de los terratenientes y las empresas multinacionales. La juventud que se organiza en defensa del ambiente y por su futuro debe hacerlo de manera independiente de los partidos de los depredadores y su Estado.

La defensa del ambiente es una tarea ineludible y prioritaria para los jóvenes revolucionarios, porque requiere de la lucha para terminar con este régimen social capitalistas de explotación. Para eso nos disponemos a establecer una agenda nacional de la juventud que permita poner en jaque la política de los gobiernos. Sobre esto debatiremos en la comisión ambiental del Plenario Nacional de la Unión de Juventudes por el Socialismo y la juventud del Polo Obrero. ¡Sumate!