El 3 de septiembre se dio a conocer una medida cautelar del Juzgado Federal Nº2 de San Nicolás, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzzo, que indica la prohibición de fumigar tierras a menos de mil metros del casco urbano del conjunto del distrito por medios terrestres, y a menos de tres mil si fuera una fumigación aérea. Este fallo tuvo lugar luego de dar por probados los efectos terriblemente nocivos que los agroquímicos producen sobre los vecinos, tanto de forma directa como a través del agua contaminada.

Las bases del fallo

La resolución judicial viene a ampliar, haciendo extensiva a todo el municipio, una medida precautoria dictada por el mismo juez en el mes de abril, la cual planteaba suspender las fumigaciones cercanas a 3 barrios del distrito. El proceso judicial puso de manifiesto la sumisión del intendente Javier Martínez (Cambiemos) a las multinacionales proveedoras de semillas y biocidas como Bayer-Monsanto y Syngenta.

La causa tomó como primer elemento un estudio a cargo de científicos del Conicet y del INTA, quienes indican que tanto el agua como los vecinos de Pergamino tenían niveles insalubres de sustancias contaminantes, y verificaba la existencia de enfermedades endócrinas, cáncer e incluso alteraciones a nivel genético (genotoxicidad). Sin embargo, desde la intendencia se impulsó un nuevo estudio a cargo de la Autoridad del Agua, un órgano del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que arrojó como resultados niveles aptos de presencia de químicos. Hizo falta un tercer estudio, a cargo de equipos dependientes de la Corte Suprema de la Nación, para dar por válidos los resultados de los técnicos del CONICET y el INTA.

En la actualidad, no existe en la legislación argentina una escala de parámetros para determinar la contaminación producto de estas prácticas en cuanto a su presencia en los organismos, lo que constituye otro favor a los monopolios agroquímicos, por lo que la querella y la fiscalía tomaron las normativas vigentes en la Unión Europea. La ausencia de normativas que restrinjan el uso de agrotóxicos deja la regulación a merced de los municipios, cuya recaudación suele depender de los impuestos a los grandes pulpos del capital agrario.

Los vecinos de Pergamino vienen denunciando todo tipo de perjuicios a su salud provocados por el uso indiscriminados de herbicidas, lo que ha llevado a situaciones extremas. Es el caso de la familia de Sabrina Ortiz, una de las referentes de la organización Madres de Barrios Fumigados y querellante en la causa. Sus dos hijos y su marido se encuentran contaminados con una presencia de partículas de agroquímicos en sus organismos que supera hasta en 120 veces los niveles saludables. Esto les ha generado daños a su salud hasta a niveles celulares y todo tipo de enfermedades (Infocielo, 5/8). Estas situaciones se repiten a lo largo y a lo ancho del país.

La complicidad del gobierno

El macrismo ha operado como un agente directo de las multinacionales ligadas a este negocio. En su gobierno se ha impulsado una ley de semillas que implica la obligatoriedad de los productores de comprar semillas patentadas ante cada siembra, a las mismas empresas que producen los agroquímicos necesarios para el rendimiento de esas mismas semillas modificadas. Es decir un negocio redondo. Los funcionarios minimizaron cada vez que abrieron la boca los efectos para la salud de la utilización de estos productos. El intendente de Pergamino negó que el glifosato contamine el agua, a tono con Macri  que cuestionó en abril a la justicia de Entre Ríos por poner límites a la utilización de agrotóxicos, declarando que eran inocuos y que no había que poner en peligro el agronegocio.

Reforcemos la lucha

Si bien la medida cautelar tiene sus límites, porque contempla el casco urbano de Pergamino pero no el conjunto de los parajes o escuelas rurales, constituye un importante triunfo de los vecinos que se organizan y pelean en defensa de su propia vida. Sin embargo, cámaras empresarias del sector así como el propio ejecutivo municipal ya anunciaron que apelarán el fallo en defensa de sus ganancias, lo que plantea reforzar la organización y la movilización.

El accionar de los pooles de siembre se ampara, como dijimos, en la falta de una normativa general que impida la contaminación de las poblaciones y el avance en la destrucción de los ecosistemas. En este sentido, desde el Partido Obrero colocamos a disposición del conjunto de los movimientos de lucha ambientales de la provincia el proyecto de ley presentado por la bancada del Frente de Izquierda en la Legislatura. El proyecto plantea límites de 3.000 y 4.800 metros para fumigaciones terrestres y aéreas, respectivamente, así como la constitución de comités de vecinos, trabajadores y profesionales para garantizar el desarrollo saludable de la producción agrícola. Esta iniciativa pretende ser parte de las herramientas de lucha de un movimiento que debe involucrar al conjunto de los trabajadores, para terminar con un régimen de capitalistas que embolsan sus ganancias a costa de la salud de las personas.

Numerosas organizaciones están convocando, para la semana del 20 al 27 de septiembre, una huelga internacional contra el cambio climático. La medida, con justeza, apunta a golpear a los capitalistas con reclamos contra la depredación ambiental, atendiendo que ahí radica la base de esta problemática. Será una gran oportunidad para dar nuevo impulso a la pelea contra los pulpos de los agrotóxicos que envenenan a la población.