En la nota anterior caracterizamos que el golpe de 1966 fue el intento de la burguesía de reordenar la sociedad frente al agotamiento del régimen democrático proscriptivo que esta sostenía desde el golpe de 1955, buscando disciplinar e imprimirle una derrota histórica al movimiento obrero.

El conjunto de la burguesía apoyó el golpe, aceptando ver limitada su propia participación política. Confirmando lo afirmado por Carlos Marx en El XVIII Brumario de Luis Bonaparte: “para salvar la bolsa, hay que renunciar a la corona”, prescindiendo ejercer el poder político de manera directa para poder asegurar la reproducción de las relaciones sociales de explotación capitalista.

Para la dictadura instalada el 28 de junio de 1966, que venía a “disciplinar” el país, uno de los objetivos inmediatos era barrer con el clima de debate y protesta política que se venía desarrollando en las universidades. Ocupando el peronismo una posición claramente minoritaria, el papel dirigente de las organizaciones estudiantiles lo cumplían el bloque humanista y el movimiento reformista dirigido por el Partido Comunista, presidencia de la FUA. Las universidades, que habían sido “gorilas” bajo el gobierno peronista derrocado por un golpe en 1955, empezaron a girar bajo la influencia directa de la Revolución Cubana (1959) con el despertar de miles de jóvenes que empezaban a abrazar la lucha antiimperialista bajo las banderas del socialismo. Un poco antes, en 1958, la gran lucha contra el gobierno de Frondizi en torno a la defensa de la universidad laica contra la introducción de la educación “libre” que autorizaba a la educación privada y confesional a otorgar títulos habilitantes, desplazó al movimiento estudiantil hacia la izquierda, hacia los reformistas del PC.

El Partido Comunista –que en un principio se enfrentó a la revolución cubana- no acompañó plenamente este proceso de radicalización. El PC se encontraba en 1963/66 apoyando al gobierno de Illia, pretendiendo que roces circunstanciales con el imperialismo norteamericano convertían a su presidencia en un proceso progresivo. A la hora de que estalla el golpe el 28 de junio de 1966, la dirección de la FUA quedó soldada a la caída del impotente gobierno de Illia. Sacó declaraciones con la defensa de un frente con los Illia democráticos de una burguesía (que masivamente apoyaba el golpe) contra la dictadura “corporativa fascista”.

El movimiento estudiantil era visto como un peligroso potencial aliado del movimiento obrero, descrito por funcionarios y representantes de la burguesía (peronismo inclusive) como un “foco subversivo”. Uno de los principales objetivos del golpe del 66 será desarticular la organización estudiantil.

La Noche de los Bastones Largos

Una de las primeras medidas anunciadas por la dictadura fue el avance sobre la autonomía universitaria. Onganía la veía como que bajo su amparo, usando un margen amplio de libertades, crecía un caldo de cultivo para “el desarrollo del comunismo en la Argentina”.

Sería necesario entonces barrer con el régimen de cogobierno universitario alcanzado en la Reforma del 18, encabezando una verdadera contrarreforma. Aunque el régimen de cogobierno universitario no alterara el contenido burgués del régimen universitario, este también debía someterse al control de las Fuerzas Armadas, terminando rápidamente con la ilusión de algunos sectores que guardaban las expectativas de que la universidad y sus organismos no se vieran afectados por el proceso que atravesaba el país.

Esta tendencia había sido advertida por Política Obrera (antecesora del actual Prensa Obrera) en su tercer número, publicado un día antes del anuncio de la intervención. En el artículo “La situación nacional y el movimiento estudiantil” nuestra corriente advertía sobre la contradicción existente entre la autonomía universitaria y el régimen capitalista, advirtiendo que el desarrollo de la primera dependía necesariamente de los intereses del segundo a la cual estaba sometida. En ese sentido, cuando esta choca con los intereses inmediatos del capital, y los pone potencialmente en peligro, la autonomía es eliminada para avanzar hacia una intervención.

La ley 16.912, sancionada unas semanas después de asumir la dictadura, establecía la intervención de todas las universidades del país, al igual que el fin del régimen del cogobierno universitario, quedando así anulada la autonomía universitaria, como así también los centros de estudiantes y cualquier forma de actividad política. Pero el objetivo no era eliminar (aunque sí caucionar) el aspecto académico de la autonomía, sino particularmente el régimen de libertades que permitía el desarrollo de una creciente radicalización del estudiantado. Esto se evidenciará con la eliminación del Ministerio de Educación para pasar a convertirse en una subsecretaría dependiente del Ministerio del Interior, siendo nombrado para dicho cargo el abogado católico Gelly y Obes. La Universidad se transformaba en un problema de carácter policial.

Un día después del decreto, el 28 de julio, la Policía Federal (intervenida por los militares) ingresaría a la fuerza a la Facultad de Exactas de la UBA, desalojando violentamente a más de 150 estudiantes, docentes y trabajadores no docentes. Esa noche los hizo pasar por una doble fila policial que con “bastones largos” los molieron a palos. Muchos de esos estudiantes fueron luego suspendidos por 6 meses imposibilitados de cursar. Se trato del “operativo escarmiento”.

Pero la dictadura nombró interventores a las autoridades universitarias vigentes, solo que liberándolas de los derechos de autonomía y cogobierno y proscribiendo el funcionamiento de los centros de estudiantes. Onganía quería ganar el apoyo de un sector. Pero la represión fue tan feroz que -a excepción de las universidades de Cuyo, del Sur y el decano de la Facultad de Derecho de la UBA Marco Aurelio Risolia que apoyarían tanto a la dictadura como a su intervención- el resto de las autoridades universitarias de todas las universidades del país renunció a sus cargos en repudio a lo sucedido. Lo que sería acompañado por centenares de profesores que emigro del país destruyéndose toda la estructura científica de la Argentina.

La “isla democrática”

La FUA, dirigida por el PC, se guiaba por la tesis votada en su V Congreso, en donde definía a la Universidad como una “isla democrática”, desligando al movimiento estudiantil del conjunto de la imposición de la reacción en toda la vida nacional. No se dio una política para romper el aislamiento y enfrentar el ataque de la dictadura sobre la universidad con apoyo popular. Busco este apoyo en los viejos partidos burgueses que se proclamaban democráticos y en la burocracia sindical que, sin embargo, se colocaban detrás de la dictadura. A su tiempo en 1967/8, criticando esta concepción, se producía la ruptura en masa de la Federación Juvenil Comunista, dando lugar a lo que luego se transformaría en el PCR.

La represión ejercida por el jefe de la Federal en Exactas (y en menor medida en otras facultades de la UBA: Filosofía, Ingeniería, Arquitectura) aceleró el proceso de radicalización del estudiantado y fue llevando a la clase media al campo de una oposición a la dictadura. Esto fue analizado en Política Obrera en su número 4, inmediatamente posterior al hecho. La FUA convocó a una movilización en repudio a la intervención, lo que sería rápidamente respondido por la dictadura con su ilegalización. En próximos meses, las clases en la universidad se retomaran bajo una estricta vigilancia del régimen, con controles en los ingresos, mediante la infiltración de policías de civil, como así también por la coordinación con grupos paramilitares de derecha que hacían de delatores. Intentos de tomas de Medicina y Exactas, mal preparadas y en soledad, fueron reprimidas por el gobierno.

Al interior de la izquierda, se gestaba un debate. Política Obrera llamaba a enfrentar la intervención, bajo la consigna de una Asamblea Constituyente. ligando de esa manera la lucha de estudiantes y trabajadores en defensa de sus libertades democráticas y sobre los destinos del país. El PC caracterizaba que era un gobierno fascista y buscaba un frente por un gobierno de coalición democrática. Pero no encontraba ningún sector de la burguesía capaz de acompañarlo. En lugar de volcar -como hace el fascismo- a la clase media contra el movimiento obrero, la dictadura la alejaba y creaba las condiciones para que se uniera a él, en una lucha común contra ella. El PRT, la corriente dirigida por Nahuel Moreno (que había recientemente terminado con su entrismo oportunista en el peronismo), llamaba al movimiento estudiantil a evitar la confrontación directa con la dictadura. Acusaba al PC de ultraizquierdista. Caracterizando que el movimiento estudiantil no iba a responder por una etapa. Pero se equivocó. Hubo luchas como la ocupación de Exactas que se perdieron pero abren un camino de resistencia. Pocas semanas después estallaban las grandes luchas estudiantiles en el interior del país, particularmente en Córdoba.

El asesinato del estudiante Pampillón

Las movilizaciones y radicalización del movimiento estudiantil cordobés se darían en el marco del clima de tensión de les trabajadores con la dictadura y las patronales. A unos meses de consolidado el golpe, distintas patronales, sobre todo automotrices, habían anunciado recortes en sus plantas, dando pie a un plan de lucha resuelto por los cuerpos de delegados (gran parte de ellos antiburocráticos) obligando al sindicato Smata a intervenir. Confluyeron los dos movimientos de lucha, el de los obreros metalmecánicos y el de los estudiantes universitarios.

Les estudiantes cordobeses estaban actives acompañando a les trabajadores automotrices contra los despidos, a la par que denunciaban la intervención universitaria. Estas acciones fueron brutalmente reprimidas, teniendo un número creciente de detenides en cada movilización, aunque sin lograr apaciguar el movimiento.

En septiembre, les estudiantes cordobeses estaban atravesando una huelga por tiempo indeterminado. Su dirección estaba integrada por sectores católicos, que habían empezado a radicalizarse, chocando con las autoridades eclesiásticas.

El 12 de septiembre fue asesinado Santiago Pampillón. Este, además de ser estudiante de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Nacional de Córdoba, era operario en IKA-Renault, fábrica en lucha contra los despidos. Su asesinato, no se dio en el medio de un tumulto, sino en el marco de una cacería de la policía, que una vez dispersada la movilización ingresaba a los bares, barrios y departamentos en las que se escondían les estudiantes a les que tenía identificados. Pampillón fue sacado a la fuerza de una confitería y fusilado frente a la resistencia que ofreció a ser detenido. Esta práctica era muy común, haciendo más que frecuentes los choques entre estudiantes y policías en los barrios estudiantiles, el famoso Barrio Clínicas de Córdoba, donde se constituyeron barricadas contra el accionar represivo, con apoyo de sectores de la población.

Este asesinato generó movilizaciones en todo el país para exigir justicia. Un paro general de repudio convocado por la FUA fue fuertemente cumplido. El PRT, sin embargo, con su teoría de no ir a aventuras, no lo había impulsado. La facultad de Farmacia, que en aquel entonces dirigían, no lo impulsa. Tiempo más tarde en su periódico se autocritican de esta mala caracterización. El peronismo no apoya esta esforzada lucha de resistencia de los estudiantes porteños primero y los del interior y Córdoba después. Taccone, secretario general de Luz y Fuerza, declaró que la Universidad no puede vivir en un mundo aparte, que tiene que incorporarse al proceso de la “revolución argentina” (de la dictadura). La CGT sacó una declaración con el mismo tono. La burocracia estaba fuertemente asentada en el apoyo a la dictadura. El movimiento estudiantil quedó aislado del movimiento obrero por parte del peronismo político y sindical. No logró revertir el repliegue general que estaba atravesando. Ensoberbecida, lejos de frenarse, la dictadura continuó avanzando sobre la universidad, interviniendo unos días después Apuba, el sindicato de les trabajadores no docentes de la UBA. Evidenciaba que venía a realizar un “ajuste” en toda la línea contra los estudiantes, la clase obrera y todos los sectores explotados de la sociedad.

El plan educativo de la dictadura para la Universidad

En primer lugar, como lo señalan los números de Política Obrera posteriores al golpe, la dictadura se proponía destruir al movimiento estudiantil cada vez más radicalizado, a partir de su simpatía por el proceso de las luchas antiimperialistas de la región. Antes del golpe, en 1965, la invasión yanqui contra un levantamiento militar-popular en la República Dominicana originó importantes manifestaciones -en gran medida de estudiantes- que se oponían al envió de tropas argentinas, que es lo que reclamaban los Onganía y los mandos militares. El gobierno de Illia, presionado por una marea popular, no se animó finalmente a enviar destacamentos militares aliados a los marines. También se notaba su tendencia a confluir con las luchas que desarrollaba el movimiento obrero. La dictadura no confiaba que las camarillas liberales y cientificistas, que dirigían la Universidad, fueran capaces de terminar con el proceso de radicalización que se venía desarrollando a partir de los centros de estudiantes. En ese sentido, la liquidación del régimen del cogobierno universitario, y la autonomía, fue el costo que tuvieron que pagar las camarillas universitarias en esta ofensiva del capital: era necesario terminar con la organización de todos los centros y organizaciones estudiantiles.

Al interior del movimiento estudiantil, se generó un debate sobre cómo enfrentar esta situación. Un sector de estudiantes y profesores universitarios defendía una Universidad despolitizada con centro en la la libertad académica, es decir, el derecho a dar contenidos e investigar libremente, algo que, esperaban, sería permitido por la dictadura. ¡Con controles! porque la camarilla eclesiástica reaccionaria al frente de la “secretaría” desconfiaba de los “contenidos” de las nuevas carreras (Psicología, Sociología, etc.) e iba a meter mano en su análisis ideológico.

Opuesta a esta, un ala revolucionaria del movimiento estudiantil, dentro de la cual se posicionaba Política Obrera, denunciaba el carácter reaccionario de este eventual acuerdo y de su inevitable fracaso. No habría “democracia” en la Universidad, mientras hubiera dictadura y falta de derechos democráticos en todo el país. La lucha por la autonomía universitaria y el cogobierno exigía la libertad de organización de les estudiantes en sus propios organismos independientes. Lo que significaba, en definitiva, unir esta lucha a la del derrocamiento de la dictadura y la convocatoria a una Asamblea Constituyente soberana. Política Obrera no negaba, por el contrario promovía, el frente único con sectores liberales que rechazaban la intervención en defensa de los derechos autonómicos de la Universidad. Aunque consideraba esencial desarrollar una política de discusión y delimitación de este espacio. Se estaban sentando las bases del surgimiento de un fuerte movimiento de lucha antidictatorial, que haría su eclosión con el Cordobazo. Y sentando las bases para el desarrollo de una fuerte Tendencia Estudiantil Socialista Revolucionaria (cuestión que analizaremos en una próxima nota).

El disciplinamiento del movimiento estudiantil, tenía para la dictadura otro interés de fondo. En el quinto número de Política Obrera se afirmaba que Onganía buscaba consolidar el dominio el capital financiero y los monopolios en la universidad, que se había venido desarrollando desde el golpe gorila de 1955, a través de las corrientes “cientificistas” y la penetración de las Fundaciones imperialistas que determinaban prioridades de desarrollo universitario, afines a sus intereses. La liquidación de toda forma de resistencia democrática respondía no solo al interés “defensivo” de un régimen que se veía amenazado por la nueva ola revolucionaria que amenazaba con desarrollarse en la región. Sino que también buscaba consolidar una verdadera ofensiva sobre la clase obrera y las clases medias, aumentando la tasa de explotación sobre la base de barrer con sus conquistas históricas. La destrucción del movimiento estudiantil pretendía imponer una “modernización” las carreras, cambiando sus planes de estudios, reducir la matrícula universitaria y disciplinar a les futures profesionales de las grandes empresas multinacionales.

Guiándose por un diagnóstico de la OCDE, el régimen militar afirmaba que la mano de obra argentina asistía a una sobrecalificación. Esto quiere decir que el mercado laboral argentino era incapaz de absorber a les profesionales que se formaban en su sistema educativo. La salida que buscó darle la dictadura a este problema no era más que una confesión de partes del estado de descomposición en la que se encuentra el capital. Lejos de proponerse desarrollar las fuerzas productivas en función de absorber el capital humano al servicio de ese proceso, la burguesía reconoce su incapacidad de continuar cumpliendo un papel progresivo en el desarrollo de la humanidad: procediendo a una descalificación de la mano de obra también en el plano profesional (carreras cortas, especialidades, etc.) para abaratar sus costos, y aumentar la tasa de ganancia del capital.

En lo que se expondrá más claramente en el proyecto de reforma educativa elaborado en el año 1967, la dictadura buscará avanzar a un proceso de descentralización educativa, a la par de reducir la matrícula universitaria, como así también la cantidad de años de condición obligatoria en los colegios secundarios, forzando una integración acelerada al mercado laboral y ampliando la oferta de mano de obra existente. Al mismo tiempo, generaría un proceso de degradación de los títulos en todos los niveles, generando títulos intermedios, dándole una expresión formal a la desvalorización de la mano de obra. Si bien la dictadura de Onganía no significó un salto en calidad al proceso de privatización iniciado por la presidencia de Arturo Frondizi, sí sentó las bases para su consolidación posterior.

Influenciado por este proceso, en el año 1967 tendrá lugar la creación de la Tendencia Estudiantil Revolucionaria Socialista (Ters) con un reagrupamiento importante en secundarios y las facultades de Filosofía y Letras, Económicas y Medicinas antecesora de la Unión de Juventudes por el Socialismo, creada en el año 71.

Para les lectores que provengan del ámbito de la militancia estudiantil, será llamativa la existencia de enormes puntos en común de la lucha de nuestro movimiento actualmente: las reformas de Onganía tuvieron su continuidad bajo todos los gobiernos posteriores, buscando adaptar nuestros planes de estudio a las necesidades de un capital cada vez más degradado. La UJS, hoy, se nutre de la condensación de una experiencia histórica que puede resumirse en palabras de Pablo Rieznik: “educación y socialismo se reclaman mutuamente porque educación y capitalismo se han vuelto incompatibles”.