A 30 años de aquella mañana del 10 de septiembre,  cuando a 7 km de la capital provincial, a la vera de la ruta, se encontrara el cuerpo violado, desfigurado y mutilado de María Soledad Morales, el crimen, que conmocionara a la provincia de Catamarca y el país, sigue impune.

En aquellos años, el peronismo gobernaba la provincia a través de Ramón Saadi, cuya familia que detentaba el poder político y económico desde 1983, había estrechado lazos con los sectores empresariales como los Amoaedo-Fortabat y con la iglesia, concediéndole la exigencia, que fuera consagrada en la constitución provincial, de que el gobernador y vice debían profesar el culto católico (aún vigente).

Inmediatamente después de haberse encontrado el cuerpo, comenzaron las campañas de encubrimiento dirigidas desde el gobierno y que abarcaba a todos los organismos del Estado incluida la iglesia, destinadas a proteger a los llamados “hijos del poder”.

Mientras las primeras pesquisas vinculaban a la violación y muerte de María Soledad a jóvenes, hijos de políticos y de familias acomodadas del establishment, que habían participado en la fiesta privada donde fue llevada María Soledad por su novio.  Y que la mutilación del cuerpo y su posterior lavado, para borrar pruebas, involucraban a profesionales de la medicina y a los bomberos. La policía de la provincia, bajo la dirección del poder político y judicial, se empeñó en desprestigiar a María Soledad y perseguir y presionar los testigos, para que cambien sus testimonios.

Es importante resaltar que quien era el máximo referente de la iglesia Católica en la provincia el Obispo Elmer Miani, fue confesor de Luis Tula uno de los condenados.

En el primer juicio oral,queda claro el favoritismo de los jueces, que hicieron caer las pruebas que involucraban directamente a los hijos de familias del poder político.

Como lo dice Ada Rizzardo (mamá de María Soledad), en el segundo juicio oral, donde se condena por violación seguida de muerte a Guillermo Luque y Luis Tula 21 y 9 años respectivamente, “se hizo justicia parcialmente”. Quedaron sin condena los encubridores, aquellos que desde el poder del Estado (gobierno, policía, poder judicial) ocultaron pruebas y silenciaron a testigos.

Las marchas del silencio

El femicidio de María Soledad, impulsó el ímpetu de sus compañeras de colegio, que salieron a reclamar justicia, enfrentándose al gobierno saadista, y sacudiendo el miedo del pueblo catamarqueño, que salió a las calles en las multitudinarias “marchas del silencio”.

Con la presión popular se fue desnudando los entretelones de un gobierno corrupto comprometido con el encubrimiento de la causa y preocupado por mancillar el honor de María Soledad.

Las marchas del silencio que lograron romper con el temor al gobierno que manejaba con mano de hierro, e hicieron hacer tambalear al peronista Ramón Saadi. Menem en 1991, para frenar las movilizaciones populares, ordena la intervención federal de la provincia.

El reclamo en las calles por justicia por María Soledad, sirvió como herramienta para que en todos los casos donde interviene el poder político de turno, para encubrir o dilatar los términos procesales para lograr impunidad, valga como ejemplo el caso del intendente Aybar o el crimen de Diego Pachao, salgan a luz y rompan el cerrojo de poder que pretende defender los partidos políticos que sostienen el régimen capitalista.

El caso María Soledad, comprende lo que hoy conocemos como femicido, término no empleado en la década del noventa, pero claramente se encuentran todos los elementos que hoy comprenden la agravante fijada en el código penal, a la violación y posterior asesinato de Soledad, le siguieron mutilaciones, difamaciones lacerantes a su condición de mujer.

Por ello se puede decir con toda razón que el crimen de María Soledad fue la primer movilización de masas contra un femicidio en la provincia. Como aquel que dio lugar al primer 3J, contó con la movilización popular para reclamar justicia y marcar la responsabilidad del Estado.

Ada Rizzardo fue partícipe de la movilización del 3J, en solidaridad por los derechos y reivindicaciones de las mujeres, y es de destacar también la solidaridad brindada a la madre de Facundo Astudillo Castro, como lo hiciera oportunamente con la madre de Diego Pachao, es importante que quien se parara frente al Estado reclamando justicia de fuerzas los que hoy tienen que denunciar la responsabilidad del Estado, en estos casos de impunidad.

Luego de 30 años del femicidio de María Soledad Morales, y de las marchas del silencio, que terminaron con el gobierno saadista e inauguró los periodos de gobierno del Frente Cívico y Social, la situación no ha cambiado.

Los casos donde el victimario está vinculado con el poder político, la policía o la iglesia,  siguen este entramado de encubrimientos y manipulación de los procesos, con el objetivo de lograr impunidad. Reivindicamos las marchas del silencio, la movilización popular, como vía para vencer los atropellos de un Estado en descomposición, que revictimiza y prioriza la defensa de los poderosos, para sostener su decadencia.

Justicia por María Soledad a 30 años de su femicidio y justicia para todas las víctimas del Estado.