Sólo al cabo de una larga y dura lucha el movimiento obrero logró imponer a las patronales y al Estado la vigencia de contratos colectivos de trabajo. Pero la burguesía argentina nunca ‘bajó los brazos’, porque con uno u otro método siempre procuró distorsionar esta conquista, incluso convertirla en una institución del Estado, y por último liquidarla. Es lo que Menem intenta en la actualidad.

La ‘productividad’

En 1952, el gobierno peronista congeló los salarios por dos años. Cuando finalmente, en 1954, se convocaron las paritarias para contener los reclamos salariales, a pesar de los esfuerzos de la burocracia de la CGT y de los sindicatos, una ola de huelgas ‘salvajes’ anuló los intentos de imponer topes salariales a las discusiones o de introducir en los convenios cláusulas contrarias a los trabajadores. La UOM, por ejemplo, fue a una huelga general durante 17 días al margen de la dirección sindical. La CGT se vio obligada a intervenir diversos gremios (Caucho, Tabaco, Vestido, etc.) y la policía se lanzó a reprimir. Las patronales fracasaron en su intento de imponer “la incorporación de la productividad como forma general de medir el salario”. El gobierno tuvo que presionar a las cámaras patronales para que cedieran frente a los trabajadores.

Habiendo retrocedido frente a la lucha obrera, Perón, la burocracia cegetista y la patronal CGE montaron el “Congreso de la Productividad” (marzo de 1955). Su objetivo era eliminar de los convenios las cláusulas que trababan el incremento de la explotación (categorías, ritmos de trabajo, papel de los delegados, etc). La burguesía pretendía que los salarios fueran fijados por “productividad” (trabajo a destajo, premios a la producción, etc). A pesar de las resoluciones del Congreso, en las fábricas se rechazó la “negociación por empresa”. La incapacidad del gobierno y de la burocracia para ‘disciplinar’ a los trabajadores y los límites que éstos impusieron a la explotación capitalista fue uno de los factores determinantes para que la burguesía industrial se volcara al frente golpista que terminó con el gobierno de Perón.

Bajo la dictadura ‘libertadora’, el interventor militar de la CGT, capitán de navío Patrón Laplacette, declaró: “El gobierno tiene el propósito de llevar a la práctica las conclusiones a las cuales  arribó el Congreso de la Productividad, las cuales el gobierno de Perón se limitó a enunciar sin tomar las medidas apropiadas para asegurar su realización”. Las “medidas apropiadas” consistieron en encarcelar y despedir a las comisiones internas, cuerpos de delegados y activistas. El decreto 2739/56 autorizó a las patronales a firmar “acuerdos individuales de productividad” e introdujo la aplicación de “esquemas de incentivos”. Pero la “resistencia” obrera (grandes huelgas) empantanó esta ofensiva patronal contra la organización sindical de fábrica y los convenios de trabajo.

Recién en 1960, bajo el frondizismo —luego de la derrota de la huelga general de 1959—, las patronales lograron imponer la delimitación del poder de los cuerpos de delegados en las fábricas, la introducción de esquemas de incentivos y la eliminación de cláusulas que trabaran “la productividad”, en la “renovación” de los convenios . Un ejemplo fue la incorporación del artículo 83 al convenio de la UOM, que plantea que “la UOM y/o los delegados de los distintos establecimientos no pueden oponerse a la revisión de los esquemas existentes…”.

El gobierno radical de Illia mantuvo esta tendencia. En mayo de 1966, la UIA, Sociedad Rural, CGE, ACIEL (todas las cámaras patronales) intentaron derogar o modificar la ley 11729 de indemnizaciones por despidos. Un masivo paro general realizado el 7 de junio —que Política Obrera apoyó enérgicamente— derrotó este intento patronal. Tres semanas después triunfaba el golpe de Onganía.

Al ‘Cordobazo’

La burocracia peronista apoyó el golpe de Onganía. Onganía sacó entonces un decreto que imponía el “arbitraje obligatorio” a cargo  del Estado y se anulaba el derecho de huelga luego del fracaso del paro general del 1º de marzo del 67. Onganía, con la complicidad de las direcciones sindicales ‘participacionistas’, suspendió el funcionamiento de las paritarias. Los capitalistas vieron la oportunidad de reglamentar el salario y los ritmos de trabajo a su voluntad.

Esto, claro, hasta el ‘Cordobazo’. Acosado por las huelgas políticas de masas, Levingston y Lanusse se vieron obligados a levantar parcialmente aquella ‘suspensión’.  Sin embargo, decía el semanario Política Obrera,  “Los acuerdos salariales que se han firmado…  constituyen una traición a los trabajadores porque no corresponden a sus aspiraciones, duramente golpeadas por la carestía, ni a sus perspectivas combativas, forjadas en el gran ascenso de masas… Pero no constituyen una derrota, sino una situación provisoria, cuyo desenlace quedará determinado en las próximas luchas…”. La burocracia y Perón negociaban con Lanusse el ‘gran acuerdo nacional’ para buscar una salida ‘institucional’ a la crisis de la dictadura. “Para compensar la brutalidad antipopular de su política salarial, el gobierno se vio obligado a convocar a las paritarias, con toda la intención de descargar en las negociaciones colectivas entre sindicatos y patronales la responsabilidad de los inevitables aumentos…” (PO 25/9/72).   La propuesta del PO: “Paritarios de base elegidos en Asamblea. Anteproyecto de convenio discutido en Asamblea. 50% de aumento. Plan de Lucha único de todo el movimiento obrero” (ídem).

Los burócratas, sin embargo, aceptaron entregar las paritarias. “Sobre el filo del fin de año, el gobierno ha dispuesto un corte a las comisiones paritarias… se dispuso aplicar la conciliación obligatoria llevando el plazo para formalizar los convenios hasta el 29 (de enero)… si para esta fecha no hubiera acuerdo… el ministerio de Trabajo dictaría un laudo fijando oficialmente  el porcentaje de aumentos” (29/12/72). La CGT se incorporaba a un Consejo Económico (Cones) con el gobierno y los patrones. La burocracia, por boca de Rucci, justificaba la entrega de las paritarias y el deterioro salarial de los trabajadores alegando que “si hemos estado tan mal tantos años, podemos esperar 45 días más”. Pero cuando la burocracia quiso retener para su caja el aumento del primer mes, se produjo un enorme estallido popular: “Si los metalúrgicos no tuvieron oportunidad de dar su opinión y su voto en relación a la discusión y aprobación de los convenios de trabajo (porque no fueron convocados a ningún tipo ni clase de asambleas), las movilizaciones a que ha dado lugar la cuestión del descuento son todo un plebiscito de las bases respecto de la conducción sindical” (PO 19/2/73).

Hacia la Huelga General de 1975

Las masas tenían ilusiones políticas de que ‘su’ gobierno peronista recuperara las conquistas y el nivel salarial arrebatados por la dictadura. Por eso, “las entidades empresarias hacen hincapié en la ‘colaboración de los sindicatos’ ”(19/3/73). PO levantaba una plataforma de reivindicaciones en la que figuraba: “derogar todas las cláusulas de ‘productividad’… Por eso planteamos que se DENUNCIEN LAS CONDICIONES DE TRABAJO de los convenios colectivos…”. La burocracia y Perón, en cambio, impusieron la decisión estratégica de un “pacto social”, que postergó  por dos años la convocatoria de las paritarias.

“El pacto social no es simplemente el congelamiento de los salarios y la suspensión de las paritarias. Es el congelamiento de todas las aspiraciones y reivindicaciones de los explotados acumuladas en 18 años de retroceso de las conquistas obreras sobre la base de la integración de la burocracia al Estado”, explicaba PO (2/11/73). “¿Cómo romper este acuerdo? Uniendo nuestro reclamo de paritarias libres, a la convocatoria de un Congreso de Delegados de Fábrica…”. “La denuncia de los convenios. La convocatoria de las paritarias” (PO 12/6/74) se transformará en una consigna central contra el Pacto Social antiobrero.

Como resultado de la crisis política y de la resistencia del movimiento obrero, el gobierno de Isabel-Gómez Morales tuvo que convocar finalmente a paritarias en 1975. “¿Es que el gobierno ha decidido cambiar su orientación? Entendemos que no; se trata de un verdadero esfuerzo de la patronal y los burócratas por ocultar el viejo perro mediante un nuevo collar… por temor a que la formidable crisis social… coloque a millones de trabajadores en pie de lucha… Fracasada la posibilidad de una derrota de frente de los trabajadores, intentan la vía sinuosa, la maniobra combinada con la represión” (PO 5/3/75).

Con paritarios y anteproyectos digitados por la burocracia, con el arbitraje obligatorio como recurso último, el gobierno pretendía “ganar tiempo, descomprimir la poderosa presión obrera y, mediante una severa regimentación, abortar los reclamos de los trabajadores” (ídem). Tempranamente, el PO supo ver que, “justamente por ser el resultado de una poderosa presión obrera que el gobierno busca contener, las paritarias son una oportunidad para que los trabajadores no sólo peleen contra el plan de carestía sino que lo hagan centralizadamente, de conjunto, y para que los activistas no sólo se organicen sino que lo hagan sobre la base de un amplio movimiento de masas —lo que permitirá profundizar el combate por una nueva dirección” (ídem).

El periódico Política Obrera siguió paso a paso en sus páginas el proceso de luchas que culminó, frente a los intentos de Isabel-López Rega-Rodrigo de desconocer las paritarias e imponer un gran ‘ajustazo’, con la huelga general de 1975 .

La democracia es continuación…

La dictadura, ‘lógicamente’, también suspendió las paritarias e inició una política de persecución gremial y de avasallamiento de conquistas. Pero la resistencia obrera nunca desapareció. El reclamo “Por la vigencia de las convenciones colectivas. Inmediata convocatoria a las paritarias”, figuró en todo este período entre las consignas de resistencia. “La huelga de los compañeros de Luz y Fuerza es el primer gran movimiento de resistencia contra la anulación de los convenios estatales…” (14/10/76). A pesar de la persecución (¡30.000 desaparecidos!) y de la pérdida de conquistas, las normas de los convenios colectivos se mantuvieron.

El ascenso de la ‘democracia’ no significó la recuperación de las paritarias. La UCR mantuvo la legislación y el decreto 21307, que confería al Poder Ejecutivo el monopolio de la fijación de salarios, negando el derecho a paritarias libres. Recién en 1988 restableció —por decreto— las negociaciones colectivas. Frente a la inflación creciente, en muchos acuerdos se fijan reajustes salariales ‘indexados’ y los empresarios remarcan los precios. El plan Austral y el ‘australito’ naufragan y comienza la híper.

¿Podrá Menem?

En 6 años de régimen menemista se han avasallado numerosas conquistas. La resistencia de las masas trabajadoras fue múltiple (huelga telefónica, huelgas ferroviarias, santiagueñazos, jujeñazos, etc.), y sigue plenamente vigente, como lo evidencian Tucumán, Neuquén, etc. Las patronales se han planteado ahora la ‘suspensión’ de los convenios colectivos de trabajo y las paritarias, y su derogación lisa y llana.

Durante 40 años, los gobiernos se han estrellado, cada vez que lo intentaron, contra la resistencia de la clase obrera. Ahora, pretenden liquidar el sistema de convenciones colectivas y el régimen de indemnizaciones por despidos en nuevas condiciones políticas y bajo la presión de una descomunal crisis económica.

Este proceso se manifiesta en el ‘convenio’  del Smata con la General Motors, en 1994, y los ‘convenios’ Fiat-Smata, Toyota-Smata, etc. Se trata de ‘convenios’ con fábricas que aún no existen, que se tienen que radicar y cuyos obreros aún no trabajan. Reducen los salarios a la mitad, eliminan las categorías, la jornada laboral de 8 horas, el descanso dominical, reducen las vacaciones, reducen el accionar de los delegados. En Prensa Obrera (5/5/94) denunciábamos: “se trata… de un convenio ‘modelo’ que las restantes patronales automotrices querrán imitar”. Hoy, toda la UIA y las patronales del país quieren que estos no-convenios sean aplicados a toda la industria y la producción, ya no a obreros que aún no existen, sino a toda la clase obrera. Pero cuando se intenta reducir los salarios y avasallar los convenios a los trabajadores en actividad, viene la resistencia, como se evidencia, por ejemplo, en las luchas de los trabajadores de la Uta (Río de la Plata, etc).

La burocracia es un fuerte escollo para la resistencia obrera, no cabe duda. Pero ya en el pasado, cuando el “congreso de la productividad”; o en la ‘libertadora’ o con el ‘desarrollismo’; o en su ‘participacionismo’ con el onganiato;  o en  su acuerdo con López Rega e Isabelita; o en su complicidad en la masacre de los activistas bajo la dictadura, fue sobrepasada por la acción de las masas. La burguesía menemista está incentivando la lucha de clases con sus pretensiones y ataques, los cuales no solucionarán —por otra parte— la crisis del actual régimen. Frente a ello, aprendamos del pasado y respondamos con una lucha de conjunto por la vigencia de los convenios por industria, la convocatoria de paritarios elegidos en asambleas, salarios de convenio de 1.000 pesos como mínimo.

Preparemos la huelga general en defensa de nuestras conquistas y arrastremos a la caída a este régimen, el más antiobrero de la historia nacional.