El 25 de junio de 1912, hace cien años, una asamblea en Alcorta (Santa Fe) en la que participaron entre 300 y 2.000 agricultores arrendatarios, según distintos cronistas, proclamó la huelga general en la región, pidiendo la rebaja de los arrendamientos al 25% de la cosecha, una mayor extensión para pastoreos, libertad para trillar y para desgranar con las máquinas que cada uno deseara, contratos de no menos de cuatro años y cese de los desalojos, salvo por causas "justas y comprobables". Pasó a la historia como "Grito de Alcorta" y es considerado el acto de nacimiento de la Federación Agraria Argentina (FAA), constituida dos meses después.

Los agricultores arrendatarios provenían de varias localidades del sur de Santa Fe y de varias asambleas que habían reclamado infructuosamente estos puntos a los dueños de la tierra. Dos años antes, una rebelión similar en Macachín (La Pampa) había exigido la abolición de los contratos esclavistas, lo que reveló la existencia de un movimiento de lucha nacional que, por otra parte, había tenido una larga incubación. En 1903, uno de los prohombres de la generación del '80 había advertido sobre la elevación de los precios de las tierras urbanas y rurales, las cuales eran "desproporcionados en relación a la capacidad productiva"(1) y la propia Sociedad Rural, tres años más tarde, advertía que se había llegado a una situación límite. De 1881 a 1911, los valores de la tierra habían aumentado en un 218% en las provincias productoras de cereal, lo que fue acompañado por un ascenso en la misma proporción de los arrendamientos y por una tendencia a acortar sus plazos con la idea de aumentar su valor con cada contrato nuevo. El porcentaje de la cosecha entregado a los terratenientes por los aparceros -quienes utilizaban sus propios implementos- se elevó de un promedio del 10/12%, a inicios de la década del '90, al 30% en 1912. No resulta casual que la rebelión se haya producido en el sur de Santa Fe, en el sur de la provincia de Buenos Aires y en La Pampa, centros de la producción (en ascenso) del trigo, el maíz y el lino. Pero el arrendatario era también la pieza clave de la explotación en la zona pastoril, a partir de los cambios producidos por la posibilidad de exportar carne de calidad, lo que planteó para el estanciero la necesidad de roturar la tierra, alambrar los campos, destruir el pasto pampa, sembrar alfalfares o disponer de forraje para animales refinados. La importancia del arrendamiento se mide en una cifra: en 1914, las unidades arrendadas eran el 43,2% del total y en la provincia de Santa Fe, el 55,1%.

La especulación (no sólo) de los terratenientes

La vertiginosa valorización de la tierra estaba dictada por su concentración (en 1912, según datos de la Dirección de Estadística y Economía Rural, el 66,9% de los que aparecen laborando la tierra son "no propietarios") y la feroz especulación promovida por los terratenientes, el Estado y el capital extranjero. En sólo un decenio -1900/1909- se vendieron 81.707.670 hectáreas de las 150 millones que se estimaban útiles en el país para la agricultura y para la ganadería. En este movimiento febril del mercado de tierras jugó todo un papel el crédito del Banco Hipotecario Nacional. Estos tenían una tasa baja y una amortización en bonos, que se vendía si se necesitaba dinero y cotizaban en Bolsa.

¿Quiénes eran sus mayores compradores? Los inversores europeos(2). Este solo dato resulta de por sí la radiografía de la clase terrateniente y de "su" Estado. "El capital argentino, reconocidamente hostil a volcarse en ferrocarriles, puertos, construcción o empresas industriales, se mantuvo concentrado en inversiones en tierra, conservadoras, seguras y muy provechosas. Los bienes raíces proporcionaban un ingreso anual del 10 al 15%, además de la fabulosa valorización del capital, que a veces representaba varios miles por ciento en pocas décadas"(3).  

Los contratos

Para comprender la situación del arrendatario es importante apreciar, fuera de su inaccesibilidad a la tierra, su indefensión absoluta frente a los terratenientes, a los intermediarios, a los "almacenes de ramos generales" y al acopiador, quienes tendían a fundirse en una misma firma y eran, a su vez, dadores de crédito usurario. El Estado no intervenía, salvo en el cobro del papel sellado -cuando había contrato por escrito-, lo que hizo que se aplicaran cláusulas aberrantes, que resultaban comunes -como hacer responsable al arrendatario por la insuficiencia de la cosecha. Los intermediarios o compañías de colonización eran quizá la peor carga: los propietarios solían dar en arriendo grandes extensiones de tierra a estos intermediarios, los que a su vez subalquilaban parcelas a los agricultores y eran un factor de encarecimiento y extorsión -expresado, por ejemplo, en el alquiler de sus propias máquinas. Además, al valor en alza de los arriendos se sumaba su duración (un año en el caso del cultivo de cereales), lo que dejaba a los campesinos a merced de los terratenientes (en una situación aún peor que la del arrendatario en la ganadería, con un contrato que tendía a ser por tres años).

En 1911, debido a la declinación de los precios internacionales y a una feroz sequía, los terratenientes endurecieron aún más las condiciones de los contratos y la oportunidad de una buena cosecha al año siguiente no resolvía la quiebra de centenares de arrendatarios. La única salida fue el llamado a la "huelga general" y a la organización de piquetes para garantizarla, en un grito que "copió" la heroica experiencia de la clase obrera de la época, expresada masivamente en las luchas del Centenario. La rebelión se extendió rápidamente a la provincia de Buenos Aires (con centro en Pergamino) y a Córdoba; y alimentó el temor a un movimiento nacional. En ella participaron propietarios agrícolas afectados por la caída de los precios, así como la suba de costos de mano de obra y de insumos. Al mismo tiempo se abrió un debate en la burguesía, con un ala interesada en que la explotación de los pequeños agricultores no excediese ciertos límites y evitar un escenario de confluencia con el proletariado. Aún declarativamente, el Grito de Alcorta tuvo el apoyo de una vasta red de comerciantes y del Centro de Acopiadores de Cereales, quienes estaban interesados en evitar una ruina en masa de los arrendatarios y su propio quebranto.

El debut de la UCR contra el pueblo

Cuando estalla el Grito de Alcorta en Santa Fe, gobierna la UCR (que ha dejado de lado la abstención luego de sancionarse la Ley Sáenz Peña de voto secreto y obligatorio) y ha ganado sus primeras elecciones en la provincia. El papel de la UCR fue clave en la estrategia que se fijó la burguesía frente al conflicto, el cual consistió en rebajar el valor de los arrendamientos y en ir acordando con cada una de las familias campesinas por separado, para debilitar el frente de lucha y dejar pendiente el resto de los reclamos. Mientras Lisandro de la Torre impulsaba esta política en el seno de la Sociedad Rural, la policía "brava" enviada por la UCR detenía, apaleaba y encerraba a los luchadores de las localidades en huelga. Fue el "debut" temprano del nacionalismo burgués contra una rebelión popular y bajo la dirección del mismísimo Hipólito Irigoyen antes de ser presidente.

En estas condiciones, el movimiento comenzó a declinar hacia agosto y una asamblea resolvió levantarlo sin plantearse una salida de conjunto: "el pronunciamiento fue (sólo) para aquellos pueblos y colonias donde los propietarios y subarrendatarios hubieran aceptado los nuevos contratos"(4). Nacimiento y crisis de la Federación Agraria Casi en paralelo a este desenlace, el 15 de agosto de 1912 se constituyó en Rosario la FAA, sin debatir un programa y sobre la base de un compromiso forzado sobre los estatutos. Antonio Noguera, militante del Partido Socialista, fue designado presidente; pero dos meses después fue depuesto por el Comité Central de la naciente organización, que eligió en su lugar a Francisco Netri y que proclamó que la Federación no militaba ni militaría en partido político alguno -una aproximación a los planteos de colaboración con el gobierno y la ascendente UCR.

Dos años después, los socialistas -a esta altura expulsados de la FAA- constituyeron los Centros de Agricultores Socialistas, cuyo balance del Grito de Alcorta merece ser leído: "fue un movimiento profundamente social donde los arrendatarios -que no eran colonos, pues no tenían tierras de su propiedad- fundaron una institución agraria que paulatinamente perdió su origen para ser conducida por agricultores propietarios muy respetables, pero cuyos intereses no son iguales al de los arrendatarios"(5). El PS, de todos modos, jamás planteó la nacionalización del latifundio y el reparto de la tierra. La perspectiva de J.B. Justo se situaba por entero en el campo de la reforma del Estado oligárquico. En relación con la oligarquía, el programa del PS planteaba un "impuesto directo y progresivo sobre la renta de la tierra"; es decir que planteaba favorecer el desarrollo capitalista del agro, pretendiendo ahorrarse una revolución democrática que expulsara a la clase terrateniente del poder. La acción del PS se remitió al plano estrechamente parlamentario y rehuyó toda acción movilizadora en los centros urbanos. Reivindicó en su momento la sanción de la Ley 11.627 de arrendamientos agrícolas en 1921, que fijó la posibilidad de una prolongación a cuatro años de los contratos, la indemnización por mejoras y otros derechos. Sobre su efectividad habla el Censo Agropecuario Nacional de 1937: el 55% de los agricultores que fueron censados carecían de contratos. Había transcurrido un cuarto de siglo desde el Grito de Alcorta.

Cabe a la Fora el mérito de haber organizado el apoyo de los obreros agrarios y los braceros de máquinas desgranadoras de Alcorta, así como de haber convocado a la gran movilización de apoyo a la huelga del 2 de julio, en la que habló Francisco Bulzani -uno de los dirigentes socialistas luego expulsados- y en la que la Federación Obrera planteó "su apoyo incondicional a los agricultores que reclaman la justicia social y rechazan la inhumana explotación de los terratenientes"(5). La Cora -enrolada en el sindicalismo- declinó intervenir, en tanto el colono viviese "en una condición tan ambigua, en la que no es asalariado ni capitalista".

De ayer a hoy

Un proyecto de la FAA planteando la extensión de los contratos de alquiler de los campos de tres a cinco años duerme el sueño de los justos en el Congreso desde antes de la crisis por la 125. Aunque el problema se presenta como casi idéntico a 1912, es sólo una falsa apariencia. En 1912, los pequeños productores alquilaban la tierra a los grandes terratenientes. Cien años después, los grandes grupos -los pool de siembra o los capitalistas agrícolas- son quienes alquilan la tierra a los propietarios que carecen del capital necesario para realizar cultivos que requieren inversiones importantes. El desarrollo tecnológico de la actividad agraria (semillas, fertilizantes, maquinaria) ha elevado inmensamente el monto mínimo de capital requerido para la actividad. Por otra parte, estos pool (que son asociaciones temporarias de capital) quieren beneficios en el plazo más corto posible, aunque sea a costo de la quiebra del chacarero y de la depredación ambiental. El proyecto de la FAA por contratos "largos" de alquiler quedó parado en el Congreso porque pretende limitar la movilidad del capital financiero en el campo. En ese "entierro" ha jugado y juega un papel determinante el gobierno "nacional y popular" de CFK.