03/11/2020
Aniversarios

La Unidad Popular, a 50 años de la asunción de Salvador Allende como presidente chileno

Un balance del frente popular desde la rebelión popular en curso.

Luego del triunfo de la Unidad Popular de Chile en las elecciones del 4 de septiembre de 1970, Allende asumió la presidencia el 4 de noviembre de ese año. El 37% alcanzado por la Unidad Popular contra el 27% de la Democracia Cristiana y el 34% del derechista Partido Nacional hizo que el parlamento tuviera que tomar la decisión sobre la designación de Allende como presidente. La democracia cristiana dio su voto a Allende, circunstancia que le permitió a la Unidad Popular asumir el gobierno en noviembre de 1970.Esto obedeció a que Radomiro Tomic, su candidato, desarrolló una campaña de ribetes “izquierdistas” que despertó ilusiones en sectores de votantes juveniles . Un voto contrario a la asunción de Allende hubiese provocado una ruptura de una considerable parte de los mismos para pasarse a las filas de la izquierda. Al mismo tiempo Allende declaró que el suyo no iba a ser un gobierno obrero y campesino, marxista, y que era partidario de la vía pacífica (parlamentaria) al socialismo. En rigor, se trataba de un gobierno de frente popular, de colaboración de clases de partidos obreros reformistas con la burguesía, con partidos burgueses en su seno como el partido radical.  La función de esta colaboración para las direcciones reformistas y la burguesía era limitar y estrangular toda iniciativa independiente y revolucionaria de la clase obrera y de las masas oprimidas en su conjunto.

El ascenso de Allende a la presidencia estimuló la acción de las masas de la ciudad y el campo. Se desarrollaron ocupaciones de fundos y fábricas, que precipitaron contra sus planes, a Allende y el gobierno de la Unidad Popular, a un proceso de estatizaciones. Las mismas tenían lugar en el cuadro de un pacto con la Democracia Cristiana y las fuerzas armadas. La Unidad Popular no solo respetó la integridad de los altos mandos militares, sino que les otorgó un rol cada vez más relevante en la política nacional, llegando a controlar muchos aspectos del país bajo el gobierno de Allende. En definitiva, Chile vivió una nueva constatación de la naturaleza del frente popular de instrumento de defensa del Estado capitalista. Bajo la presión de las masas tomar medidas radicales, pero conserva lo fundamental, que es el aparato represivo como garante del control de la sociedad por las clases dominantes.

La CUT y los cordones industriales

El período que abarcó el gobierno de la Unidad Popular se caracterizó por la agudización de los choques entre explotadores y explotados que se fue radicalizando hasta el golpe de septiembre  de 1973.En el transcurso de esos años la Unidad Popular jugó el rol de desmovilización y desmoralización de las masas explotadas. La CUT (Central Única de Trabajadores Chilenos) dirigida por el Partido Comunista estalinista se dedicó a estrangular toda iniciativa de lucha de los sindicatos de empresa que nucleaba la central obrera, como así también las iniciativas generales de los trabajadores. En octubre de 1972 las patronales de camioneros iniciaron un lockout patronal, cuya función era crear el caos económico mediante el desabastecimiento de mercancías. El trasfondo era promover un golpe contra la Unidad Popular, que no lograba transformarse en la vía para contener la insurgencia obrera. Al no encontrar en la CUT burocrática un canal para enfrentar la ofensiva golpista de la huelga patronal, la clase obrera chilena desde Concepción a Santiago organizó los llamados cordones industriales, una suerte de consejos obreros que unificaban a la clase obrera superando las barreras gremiales. En el país trasandino la clase obrera estaba protagonizando un salto político cualitativo que se generalizaba aceleradamente. Se trataba de una ruptura estratégica con la política de la Unidad Popular. Ya se comenzaba a gestar el golpe, pavimentado por la política de la misma Unidad Popular. En efecto, el parlamento chileno con el voto de la misma ella votó una ley de Control y Requisa de Armas que fue ejecutada con toda eficacia por parte de las fuerzas armadas contra la clase obrera. Los militares ingresaban en las fábricas con “ la ley” y las armas en la mano actuando en forma violenta contra los trabajadores organizados en los cordones industriales.

Las fuerzas armadas

Dos meses antes del golpe, las fuerzas armadas chilenas atravesaban una crisis en su interior entre la tropa y la sub oficialidad de un lado y el alto mando golpista del otro. Esta crisis también abarcaba a sectores de la oficialidad allendista, como es el caso del General Carlos Prats González. La solidez del ascenso obrero, puesto de manifiesto en la organización de los cordones industriales impactó en las fuerzas armadas. Los acontecimientos mencionados del mes de octubre, impulsaron al General Prats a denunciar la naturaleza de la ofensiva burguesa apoyado por una fracción de los altos mandos ganados al allendismo, y con más claridad aun el período de los preparativos golpistas abiertos. Cabe señalar que dos meses antes de la consumación del golpe del 11 de septiembre se inicia un proceso de persecución represiva contra la tropa y algunos suboficiales, que denunciaban los aprestos sediciosos. Esta persecución incluyó torturas, de cuya existencia estaba enterado el gobierno que lo mantuvo bajo un manto de silencio. Tales acontecimientos tenían lugar en las bases navales de Talcahuano y Valparaiso, en las que existía un fuerte sentimiento antigolpista. Existía la posibilidad de que se produjera una escisión en las fuerzas armadas, frustrando las posibilidades de éxito del golpe, y al mismo tiempo la posibilidad de abrir un curso hacia el triunfo de una revolución obrera. Esto no ocurrió porque Allende cedió ante la presión golpista, preservando la unidad de las mismas. Tanto el presidente como el Partido Comunista (de gran peso en el gobierno de la Unidad Popular) hicieron la vista gorda frente a la depuración de los mandos militares allendistas. Esa conducta la justificaron en nombre de que lo contrario podía precipitar un estallido subversivo. Se montó un operativo consistente en la presencia de las esposas de los militares golpistas en el domicilio del entonces comandante en jefe, general Prats demandándole la renuncia. Allende, frente a esto no actuó,  y de esta forma les cedió el control del país a los militares. Esto , combinado con el allanamiento de las fábricas para requisar armas al activismo obrero completó el cuadro. La creciente indisciplina en los cuarteles hizo temer a la burguesía y a los militares golpistas encabezados por Pinochet a que ésta creciese y pudiera empalmar con las luchas obreras.

Allende ayudó a pavimentar al golpe a partir de destacar el carácter patriótico de las fuerzas armadas y del propio nombramiento de Pinochet como su comandante en jefe, al tiempo que reivindicaban (él y el Partido Comunista) a los uniformados como guardianes de la constitución. En definitiva, las razones últimas del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 corresponde atribuirlas  a la imposibilidad del gobierno de la Unidad Popular de imponerle a las masas la regimentación y su sometimiento al parlamentarismo  y al orden capitalista apelando a su autoridad. La burguesía, entonces debió recurrir al golpe y al aniquilamiento físico de la vanguardia obrera y juvenil para hacer desaparecer todo vestigio de  acción política o sindical e imponer a sangre y fuego las demandas del gran capital y del imperialismo. Cabe añadir que le cabe una gran responsabilidad en la preparación y ejecución del golpe a todos los partidos burgueses, incluida la Democracia Cristiana. Una vez más el golpe del 11 de septiembre vino a ratificar que los frentes populares son la antesala del fascismo. La ausencia de una dirección revolucionaria, un partido obrero revolucionario que interviniera en la crisis chilena fue determinante en el desenlace trágico y la derrota de la clase obrera.

La dictadura encabezada por Pinochet desató una fuerte ofensiva antiobrera: impuso contratos temporarios de trabajo, el libre despido, se suprimieron los convenios colectivos de trabajo, privatizó las jubilaciones y pensiones a través de las AFP, impuso la municipalización, descentralización y privatización de la educación y la salud, con su consecuente ataque a las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores, privatizó empresas públicas con similares consecuencias para sus trabajadores y no vaciló en depredar los recursos naturales. No obstante, aún bajo las condiciones de terror impuestas por la dictadura (cárcel, desapariciones, asesinatos y torturas) entre 1979 y 1981 se desenvolvieron algunas manifestaciones de lucha sindical, que decrecieron entre 1982 y 1985, período caracterizado por la recesión, y reaparecieron  a partir de este último año. En ese período se desarrollaron luchas por parte de los obreros del cobre y del carbón, en la metalúrgica Madeco, y en las textiles Victoria, Panal, Sumar Nylon y Vinex, que incluían reclamos de trabajadores subcontratados en una etapa en la que se produjo una fuerte desindustrialización.

 La transición: pinochetismo sin Pinochet

Siete años después del golpe Pinochet diseñó una estrategia tendiente a su perpetuación. Durante 1980 sanciona una reforma constitucional que prolongaba la presidencia del dictador hasta marzo de 1989. Parte de ese entramado fue la convocatoria a un referéndum en 1988. La pretensión de Pinochet, mediante el mismo era poner a consideración la previsión de un nuevo mandato para el dictador hasta marzo de 1997.Si el voto le resultaba desfavorable, de todos modos, continuaría en la presidencia hasta la fecha mencionada más arriba (1989) en que se realizarían elecciones  para designar presidente. Cabe destacar, que en el transcurso del período que iba desde 1988 hasta la sunción del mando por parte del nuevo presidente que sucedería a Pinochet, éste creó los estatutos de autonomía, mediante los cuales continuaría controlando instituciones del estado burgués fundamentales. En todas estas instituciones actuarían directores elegidos por Pinochet, sin intervención del nuevo Poder Ejecutivo. Tal es el caso del Banco Central, una palanca fundamental en el terreno monetario, crediticio y del comercio exterior. Lo mismo tuvo lugar con los medios de información a partir de la creación del Consejo Nacional de Televisión, y algo fundamental: el poder ejecutivo no tendría ninguna incidencia en el nombramiento de los altos mandos militares ni de sus relevos. Un dato por demás relevante esta constituido por la existencia de senadores vitalicios, que siempre le garantizaban la mayoría al pinochetismo, aun siendo una minoría electoral.

El referéndum de diciembre de 1989 dio lugar a la formación de la Concertación por el No integrada por la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Partido por la Democracia. El antecedente de esta Concertación fue un frente político formado en 1983 llamado Alianza Democrática entre los mismos partidos, en previsión de un deterioro de la dictadura cuya finalidad iba a ser su continuidad bajo una fachada democrática. El referéndum dio la victoria al No con un 56% contra un 44% para el Sí. Pinochet perdió la posibilidad de una prolongación de su mandato, paro como hemos visto, sostuvo el control de instituciones fundamentales. Las elecciones de 1989 dieron la victoria a esta Concertación colocando en la presidencia a Patricio Ailwyn. Durante el período que va desde 1990 en que asume Ailwyn hasta 2020 han gobernado en su mayoría representantes de la Concertación integrada por demócratas cristianos y socialistas( Ailwyn, Eduardo Frei hijo, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet durante dos mandatos).La derecha, con Piñera como presidente, ha ocupado la presidencia en dos oportunidades.

En el transcurso de estas décadas, excepto la supresión de los senadores vitalicios en 2003, se ha mantenido la misma legislación del pinochetismo. La acción represiva brutal del cuerpo de carabineros contra las luchas de los mapuches, por los derechos de las mujeres y contra las huelgas obreras se ha sostenido de forma implacable. De esto han sido responsables la Concertación y el pinochetista Piñera. Se ha aplicado celosamente la ley antiterrorista, se han duplicado las penas, se han presentado testigos anónimos contra los luchadores obreros, se ha ejecutado la detención por sospecha, se ha sostenido la legislación anti obrera del pinochetismo, se ha sostenido el Código laboral de 1979 que conculca las viejas conquistas obreras.

No son 30 pesos, son 30 años

Lo dicho explica la enorme y gloriosa rebelión popular iniciada el 18 de octubre de 2019,  que objetivamente se dirige a liquidar al pinochetismo y su rémora democratizante cuya expresión es la Concertación Democrática. El plebiscito reciente propinó una paliza al gobierno de Piñera y al pinochetismo en las urnas, pero ahora comenzará un largo proceso de elecciones, plebiscitos y referendos sobre la constitución, preservando a un gobierno criminal y cuestionado por la enorme mayoría popular, y al régimen político de conjunto que lo sostiene. Piñera y la Concertación pretende tomar oxigeno a partir de esta maniobra con él en el gobierno. Pero los acontecimientos inmediatos y posteriores al plebiscito revelaron el renacer de la rebelión popular. Está claro que las viejas demandas obreras y populares están a la orden del día, son perentorias y no deben esperar un proceso electoral.

Ni los pinochetistas, ni la Concertación, un acuerdo entre quienes fueron fervientes golpistas en el 73 (Democracia Cristiana) y quienes pavimentaron el camino al mismo ( Partido Socialista y Partido Comunista) abrirán un porvenir victorioso a la clase obrera, los pueblos originarios, las mujeres y la juventud. Son el camino de la derrota. En el marco de las grandes rebeliones populares de América Latina y Estados Unidos, de las grandes huelgas y rebeliones obreras y populares en todos los continentes, la clase obrera chilena y sus masas oprimidas deben abrirse un camino independiente de la clase capitalista. La construcción de un partido obrero socialista y revolucionario en Chile es de vital importancia para el triunfo de sus reivindicaciones y demandas sobre la base de un gobierno de trabajadores que destruya el estado capitalista y sus instituciones.

 

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