Según todos los diarios, los 25.000 vendedores de las 21 AFJP habían afiliado al 18 de mayo a unas 50.000 personas. Esto es, al 0,5% de los 10.000.000 de trabajadores en relación de dependencia y autónomos. Para esta fecha, las AFJP esperaban tener como mínimo 1.000.000 de afiliados.

Pero de esas 50.000 afiliaciones, más de la mitad corresponderían a la AFJP del Banco Nación y a la del Banco Provincia (Orígenes), es decir, a Administradoras con fuerte presencia estatal. Las afiliaciones al Nación se deberían a la garantía en dólares, que luego el gobierno derogó por decreto, y que ahora mantiene una garantía en pesos.

Lo que más mide el fracaso de la “jubilación privada”, sin embargo, es el abucheo que sufren los vendedores en las puertas de las fábricas y el masivo boicot a las reuniones que organizan las patronales con los promotores de las AFJP dentro de las empresas. La larga fila de autónomos que se forma frente a las delegaciones del ANSES, desesperados por entregar el formulario de opción al régimen estatal, retrata la catástrofe sufrida por los privatistas y el gobierno. Cuando miles de personas están dispuestas a 4 ó 5 horas de cola para permanecer en el régimen estatal (en tanto que la afiliación a una AFJP no requiere ningún esfuerzo y hasta existen vendedores que ofrecen compartir la comisión a cambio de la afiliación), ello significa que la consigna de NO SE AFILIE A NINGUNA AFJP, QUEDESE EN LA ESTATAL se ha transformado en una decisión colectiva.

El fracaso de la “jubilación privada” explica la crisis en el Ministerio de Trabajo, en la Superintendencia de AFJP y en las propias Administradoras. Y que todos están buscando un chivo expiatorio. Un sector del Partido Justicialista, vinculado a Alberto Kohan y al ex-ministro Enrique Rodríguez, pide la cabeza del Superintendente Murolo, que responde a Cavallo, a las AFJP y al propio embajador norteamericano (ver PO Nº 416).

Operación rescate

Esta crisis ha motivado un vasto operativo de rescate. Para sorpresa de muchos, entre los que no nos contamos, la iniciativa recayó sobre la oposición que hasta las vísperas de la crisis no había abierto la boca o, como en el caso de Graciela Fernández Meijide y Chacho Alvarez, decían que había que quedarse para ver y luego pasarse a la privada (El PC está organizando la AFJP Previsol).

Ahora, ante la crisis Pino Solanas, el Chacho Alvarez, Graciela Fernández Meijide, Héctor Polino, Alfredo Bravo y Enrique Llopis han presentado un proyecto de ley “para ampliar en 180 días el plazo para optar” (El Cronista, 17/5), es decir para optar por la privada, a la que nadie va.

Este pedido de ampliación del plazo de opción coincide con la posición de la mayoría de las AFJP. Los gerentes generales de las AFJP Arauca, Futura, Patrimonio, Prorenta, Savia y Anticipar se manifestaron en favor de ampliar el plazo de opción (entrevistas en El Cronista, 17/5).

Desde antes, un sector de la burocracia sindical (Zanola, Camioneros, UTPBA, CTERA) estuvo llamando a permanecer en el régimen estatal durante algunos meses y decidir más adelante. En el caso de Zanola, Camioneros y posiblemente la UTPBA, ello se debe a que están armando sus AFJP (se llamarían Solidaridad, Más Vida, etc.) y no quieren que la gente vaya a la competencia. CTERA está en una posición más cómoda, porque los docentes en su amplia mayoría pertenecen a las Cajas provinciales, que no están adheridas al nuevo régimen nacional. Pero su posición de permanecer en el Estado, sólo por ahora, indica que deja las puertas abiertas para cambiar de  posición si los docentes provinciales llegan a ser transferidos al sistema nacional.

El tema jubilatorio es emblemático del carácter político más general del Frente Grande, como recurso de salvataje de las iniciativas perdidas y las políticas fracasadas del menemismo.

Los radicales y el bordonismo tambén quieren recauchutar la ley (que los jubilados puedan trabajar, que se incorpore la jubilación por edad avanzada, que se baje la prestación básica universal —PBU— y la prestación compensatoria —PC—, para reducir el déficit en que incurriría el sistema público como consecuencia de la pérdida de los aportes que se pasen a la privada). A cambio de ello y de aceptar el decreto que derogó la rentabilidad en dólares del Banco Nación, habría una mejora en la prestación adicional por permanencia, considerando los últimos 10 años con aportes.

Hay que reforzar la campaña

Hay que reforzar la campaña para que se entreguen los formularios a fin de quedarse en el régimen estatal y echar a los vendedores de las empresas, puertas de fábrica y plazas. Reclamemos la derogación de la ley de la “jubilación privada”,  y el establecimiento de un único sistema previsional estatal, con aporte exclusivo de los patrones, con el 82% móvil, y administrado y controlado por los trabajadores y jubilados.