La crisis peronista sigue su danza, mientras crecen las opiniones de que las elecciones de marzo no tendrán lugar y que Duhalde acabará postulándose en octubre de 2003 luego de renunciar en el previo mes de mayo. Menem resumió bien el escenario de la convocatoria electoral en un artículo para La Nación (2/11): es, dijo, “un festival de nulidades constitucionales y repugnancias normativas”. Más aún: es “un escenario legalmente insolvente”. Viniendo del puntero del pacto de Olivos y de alguien que gobernó a fuerza de decretos de necesidad y urgencia y mejicaneadas, no se puede negar el realismo de la descripción.

La impasse de la interna peronista y la incertidumbre sobre la convocatoria electoral vuelven a encender los faroles de la crisis política general. Por de pronto, el FMI, el Tesoro de los Estados Unidos y el Grupo de los 7 habían condicionado las negociaciones financieras a la certeza de una rápido desenlace electoral. Pretendían que los candidatos, como ocurrió en Brasil, le dieran su aval a los acuerdos que se lleguen con el FMI. Duhalde, sospechosamente, ofreció en cambio el aval del Congreso de la Nación, lo que le fue rechazado.

En el curso de la semana que pasó, quedó por otra parte redondamente claro que la disputa política en el peronismo encierra otra tan feroz a nivel de los empresarios. Los apoyos a Menem en la conferencia de la UIA, relata La Nación (2/11), provocaron los rechazos del sector metalúrgico y de Techint. Para el comentarista económico del mismo diario, “la división es por el tipo de cambio” (3/11). Dice que “a los bancos privados, por ejemplo, les convendría que el tipo de cambio real se reduzca, mientras que muchos empresarios nucleados en la UIA no quieren que el peso se aprecie”. Pone a los primeros con Menem y a los segundos con Duhalde; incluso clasifica a López Murphy entre los defensores de la burguesía beneficiada por la pesificación (2/11), lo cual prueba el alcance de la influencia de Techint. El propio Menem, en una respuesta a Morales Solá – que había atribuido la crisis política a rivalidades personales – , puso en claro, en el citado artículo en La Nación, que él representa a los bancos y a las empresas de servicios contra los pesificadores.

Esta simplificación de las divisiones en la burguesía se da en el contexto de fuertes limitaciones para salir del derrumbe capitalista. Carlos Pérez, de la Fundación Capital, que tiene sus hombres en el gobierno de Duhalde, resumió el llamado “veranito” del siguiente modo: “Quedan por resolver, en lo monetario, el corralito y el corralón; en el frente financiero la reestructuración bancaria…; también hace falta reestructurar la deuda pública, revisar el tema tarifario y el del endeudamiento privado” (La Nación, 3/11). Dejó en el tintero que la inversión ha caído de un 20% al 10% del PBI, el que a su vez se redujo en un 60% en dólares. Es decir que la inversión pasó de 60.000 millones de dólares, en 1999, a 12.000 millones en el corriente año. Ese monto no cubre la amortización del capital, lo que da una descapitalización de 25.000 millones de dólares al año.

De todos modos, el gobierno ha compensado a los bancos con títulos públicos por las pérdidas patrimoniales derivadas de la pesificación y del canje de la deuda provincial, por 30.500 millones de dólares y 25.200 millones de pesos, esto según el suplemento Cash de Página/12 (3/11). A esto habrá que sumarle la deuda que acumulan las provincias por unos 8.000 millones de pesos por la emisión de las cuasi-monedas que deberán alguna vez ser rescatadas. Sin embargo, los títulos públicos que alegremente emite el gobierno no valen prácticamente nada hasta que una renegociación de la deuda externa no reestablezca el valor de conjunto de la deuda argentina. Pero la verdad es que la deuda es impagable y que la burguesía argentina aspira a obtener una quita del 50% al 70% en el capital y en los intereses. A cambio de esto la banca acreedora reclama el remate de los bancos públicos y un control completo del proceso financiero argentino, incluido el control de las empresas argentinas endeudadas. En la medida en que esta crisis de la deuda externa siga pendiente, las compensaciones del Estado a los bancos no resuelven la crisis del crédito y seguirán obligando al Banco Central a emitir moneda para subsidiar a la banca privada. Por qué se llama veranito a este gigantesco empantanamiento hay que preguntárselo a los vendedores de fantasías.

Ante esta situación límite, el gobierno se aferra a las reservas que aún conserva el Banco Central. Dice que no quiere pagar con ellas un vencimiento de 850 millones de dólares que debe al Banco Mundial. Sin embargo, le ha pagado esta semana 180 millones al FMI para mantener en curso las negociaciones. El problema es que de aquí al fin del mandato de Duhalde se deberán pagar 16.000 millones de dólares; si Argentina cayera en default también en estos pagos toda su política de rescate a los banqueros se iría al diablo, porque los bonos argentinos pasarían a ser papel pintado. De modo que Lavagna está buscando el camino menos doloroso de someterse al FMI, de ninguna manera pretende defender intereses nacionales. Mientras hace gestos en contrario está preparando el tarifazo.

Pero el epicentro de la crisis no es Argentina, sino precisamente los que quieren imponerle la salida. Roberto Lavagna le contó a Morales Solá “que el FMI decidió en sigilo hace unos diez días bajar raudamente su exposición en Argentina y en América Latina en general” (La Nación, 3/11). Así como un default de Argentina con el Banco Mundial podría reducir la calidad internacional de éste, tampoco el FMI tiene los recursos para asistir a 80 países siniestrados, y mucho menos cuando, por la situación mundial en su conjunto, ello sería tirar el dinero por el inodoro.

Un tarifazo, una mayor crisis fiscal con las provincias y una retención de divisas por parte de los exportadores, alcanzarían para inflamar la ya calentísima situación política. Desatarían, por de pronto, toda clase de conspiraciones. Las divisiones del bloque peronista en el Congreso le ponen otro límite a la capacidad de Duhalde para gobernar. La cuestión del poder no ha sido aplazada ni mucho menos resuelta. Sigue en pie la necesidad de preparar el Argentinazo número dos para imponer una Constituyente con poder.