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29 de julio de 2005 | #910

Aborto terapéutico

Por Dr. Angel F. Di Paola
(abogado y ex presidente de la Comisión de DD.HH. de la Asociación de Abogados de Buenos Aires)

Sr. Director de Prensa Obrera:

El reciente caso de “aborto terapéutico”, fallado el 27/6 por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (por mayoría resolvió que no es necesaria la previa autorización judicial), merece las siguientes reflexiones:

a) El pedido de autorización judicial, consecuencia de requerimientos médicos previos a la paciente, debió haber sido rechazado “in límine”, es decir, sin sustentación alguna, por el Tribunal de Familia Nº 2 de Lomas de Zamora, que intervino en primer lugar.

b) De haberse dispuesto por la Justicia que era necesaria la previa “autorización judicial” a la realización del aborto terapéutico, los jueces se hubiesen constituido en “legisladores”, violando así con ello tanto la Constitución Nacional como la provincial. Esto pone de relieve la ignorancia inexcusable de los que cuestionan la decisión mayoritaria de la Corte Provincial y que, con total carencia de límites, consideran que “los jueces de la Corte que han votado a favor de la indicación terapéutica han asumido una grave responsabilidad ética y jurídica. Que Dios y la patria se lo demanden” (ver opinión del arzobispo de La Plata —Héctor Aguer— en La Nación, pág. 20 del 2/7).

c) Argentina, desde el 5/9/84, se comprometió como Estado, al igual que todas las provincias que la integran, a mejorar “la protección judicial” (art. 25 de la CADH). El tiempo perdido entre el inicio del trámite en primera instancia, hasta su conclusión, es un claro ejemplo de “desprotección judicial”. Es un uso y costumbre, habitual, al que recurren integrantes del Poder Judicial, de distintos fueros y jurisdicciones. Si dicho tiempo perdido agravase la ya deteriorada integridad psicofísica de la paciente, el Estado provincial deberá ser demandado judicialmente y resarcir tal agravamiento, y, en menor grado, existe también responsabilidad de los profesionales médicos que, “por temor” o por cualquier otra causa no aceptable, exigieron una “previa autorización judicial”, requisito inexistente en la normativa legal. Aun no mediando, en el Código Penal, lo que se conoce como “aborto terapéutico”, el aborto reclamado es admisible, con fundamento en el derecho a la “integralidad personal no suspendible de la paciente” y no continuar siendo sometida a “tratos crueles, degradantes e inhumanos”, derecho cuya existencia ocultan, de mala fe, los denominados “antiabortistas”.

e) En el trámite judicial, se designó un tutor “ad litem” y se designó un defensor de Menores e Incapaces. En uno y otro caso violaron la clara prescripción de la CADH. El o los niños a proteger eran los “hijos vivos, una niña de 13 años y un varón de 5, nacidos en partos prematuros”, y no el niño por nacer. Ello así resulta de los arts. 17, 19 y 32 de la misma Convención. El primero establece claramente que es “la familia la que debe ser protegida por el Estado”, obligación también a cargo de esos funcionarios públicos, remunerados por toda la sociedad y no por sectas religiosas.

f) La defensora de la paciente debió haber intimado que la Dirección del Hospital y los médicos que aconsejaron el “aborto terapéutico” lo cumplieran en plazo perentorio, con igual intimación al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y notificación de su existencia al Consejo Federal de Salud. De continuar la negativa profesional, promover, patrocinando a la afectada, un “recurso de protección judicial sencillo y expeditivo” (art. 25 de la CADH) y denunciar penalmente al director del Hospital, médicos y máximas autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Por el contrario, la defensora fue parte integrante de la “desprotección judicial”.

 

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