Durante estos primeros días se comenzó a conocer y discutir el proyecto de Ley de Educación Superior del gobierno, más conocido como el “robo del título”. Conocer este proyecto tiene que abrir los ojos del estudiantado —así también los docentes— acerca de la envergadura del ataque que representa y a dónde apunta.

Art. 31: “Los títulos con reconocimiento oficial que expidan las instituciones universitarias acreditarán la formación académica recibida. Para el EJERCICIO (de la profesión) … será necesario, además del título, la correspondiente habilitación profesional, como requisito indispensable…”

Art. 32: “La habilitación para el ejercicio de las profesiones estará a cargo del Consejo Nacional de Habilitación Profesional. El Poder Ejecutivo… establecerá los requisitos que deberán cumplirse para obtener la habilitación”.

En pocas palabras: el título que hasta ahora obteníamos como resultado de completar la carrera, ahora dependerá de requisitos que decretará el gobierno y que aplicará un Consejo elegido también por el gobierno (PEN). De esta forma nos roban el título, ¿y qué pasará con el estudiante recibido, pero sin título? Se transformarán en mano de obra barata. Por ejemplo: médicos trabajando de enfermeros, ingenieros trabajando como técnicos. El resultado es la descalificación de las posibilidades laborales y profesionales.

Pero hay más.

Art. 24: “Para ingresar… debe cumplir con los requisitos del sistema de admisión que adoptará la forma de cursos de nivelación.”

Art. 25: “Las normas sobre regularidad… establecerán que los alumnos aprueben 2 materias por año.”

Al robo del título se suma el limitacionismo, cursos y exámenes de ingreso, más medidas para dejar estudiantes fuera de la Universidad (la regularidad es actualmente 1 materia por año). La demostración de ésto está en Medicina: 3.000 estudiantes sin poder cursar por un decretazo del decano sobre correlativas y regularidad. Frutos Ortiz es la avanzada del menemismo en la UNLP.

Los artículos 17 y 18 establecen que “las universidades… pueden ser intervenidas por el Congreso (¿Santiago?) y el Poder Ejecutivo” y que “la fuerza pública” puede ingresar en ellas con orden de un juez.

Sumemos también entonces la anulación de la autonomía y la amenaza represiva.

El art. 46 consagra la “Autarquía Financiera” de las Universidades Nacionales. Esto significa que las universidades se financiarán por sí mismas… cobrando el arancel y privatizándose. El Estado se lava las manos, finalmente, del sostenimiento de la Universidad, destinando esos recursos a… financiar a las privadas, lo que plantea la propia Ley en el art. 50: “las universidades privadas estarán exentas de impuestos por decreto del PEN, el que podrá también acordar la contribución económica del Estado”.

En definitiva, el Proyecto es un recetario completo de ataques contra la Universidad Pública, contra todas las conquistas históricas: ingreso irrestricto, gratuidad, autonomía, título, etc.. Se trata de un engendro más del gobierno menemista que tiene que ir a parar al tacho de la basura.

La Secretaría de Derechos Humanos se coloca al servicio de preparar y desarrollar una lucha a fondo, llevando estas denuncias hasta el último estudiante, promoviendo la discusión y las asambleas, para poner en la calle al estudiantado hasta derrotar la Ley.