El contraste no puede ser más elocuente. A medida que fue avanzando la política del menemismo, se fue acentuando la polarización social. Un puñado de petroleras se ha quedado con los yacimientos de petróleo y gas y ha acrecentado la producción y exportación (gas a Bolivia), con menos de un tercio del personal existente. Mientras se procesaba la privatización de YPF, la mayoría de los trabajadores pasaba a la condición de desvinculados, con la promesa de que diversas cooperativas de servicio —que formarían con sus indemnizaciones— serían contratadas luego por los nuevos dueños de los yacimientos. Este proceso de ‘tercerización’ fracasó, pues las petroleras prefirieron contratar a trabajadores bolivianos, “más baratos y enmarcados en los nuevos convenios de flexibilización laboral” (La Gaceta, 19/5). Las cooperativas cerraron, y hoy más de 3.000 ‘ypefianos’ engrosan la franja de los desocupados.

Con la privatización del ferrocarril y las racionalizaciones en los municipios ocurrió otro tanto.

Si la comunidad aborigen vivió siempre en la mayor de las miserias, ahora también la población ‘blanca’ fue llevada en forma masiva a una situación de completa degradación; el 65% revista como desocupada o subocupada.

Esto explica que la reivindicación más vital del pliego que ya suma 24 páginas, sea el reclamo del subsidio a los desocupados por 400 pesos más obra social y salario familiar, o 5.000 puestos de trabajo de 3 años de duración mínima, con un salario que no baje de los 400 pesos.