Eficiencia, garantías y Palermo

Señor director de Prensa Obrera:


 


Según información escrita proporcionada por Policía Federal a la Asociación de Abogados de Buenos Aires, el total general de detenidos por haber supuestamente contravenido Edictos policiales fue de 35.350. Esa elevada cifra corresponde al período 01/01/92 al 31/12/92. La discriminación por sexo arroja los siguientes datos: Detenidos masculinos: 24.745. Detenidos femeninos: 10.605. Nivel de instrucción —en general—: primario. Las infracciones imputadas más frecuentes son: Ebriedad, escándalo y desorden. Las absoluciones fueron 1.767 y las apelaciones: 313. Las cifras antedichas ponen de relieve: a) Pese a la prédica vigente, la Policía Federal no sería pasible de la tacha de “insegura”, en la represión contravencional. Se tiene en el año 1992 un promedio diario de detenciones de cien personas y un promedio de 92 condenas diarias, sobre la base de computar todos los días del año. De mantenerse el total informado por el año 1992, a no largo plazo la suma de contraventores detenidos en años anteriores a partir de la fecha en que la Federal aplica los Edictos y en no muchos años más —la tendencia es al incremento de las detenciones— se tendrá un número de detenidos equivalente a la población total de la Capital Federal (unos 3.000.000). Es un récord de detenciones y de condenas diarias inigualable en el mundo; b) La contribución del Congreso de la Nación en el récord obtenido. Este ratificó por gran mayoría en 1984 el Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto-Ley Suprema de la Nación (art. 31 de la Constitución) dispone imperativamente que toda persona aun tratándose de contraventores, debe ser juzgada por un “juez imparcial e independiente”. Ni uno ni otro requisito cumple ni cumplirá en el futuro el Jefe de la Policía Federal. Nuestros legisladores nacionales vienen demorando sin motivo atendible la aprobación del denominado “código contravencional” de la Capital Federal y del proyecto de creación de la Justicia Nacional en lo Contravencional. Este hace efectiva la garantía del Pacto sobre la calidad del juez que debe juzgar contravenciones. Por si ello fuese poco, en fecha reciente, nuestros legisladores en forma unánime han conferido al Jefe de la Policía Federal, el carácter de Juez Contravencional, para que juzgue y sancione a las personas imputadas de “violar” el orden en los espectáculos deportivos. Se preconiza en el mundo la necesidad de un nuevo orden internacional. Si éste debe hacer primar el derecho, ello ratifica la perentoriedad que todas las personas en cualquier parte del mundo deban ser juzgadas con garantías. Las garantías brillan por su ausencia en los juzgamientos contravencionales que hace el Jefe de la Policía Federal. Inclusive para agravar la falta de garantías, el citado Jefe delega responsabilidades en esa materia, en funcionarios de menor jerarquía. Se desconoce si el reclamo actual del embajador norteamericano en Argentina sobre “mayores garantías de seguridad jurídica” incluye o excluye a los que sin garantías sigue juzgando el Jefe de la Policía Federal y a las detenciones masivas de jóvenes durante los fines de semana, tanto en locales bailables, recitales musicales o espectáculos deportivos o cuando a los detenidos no se les hace conocer el derecho a apelar.


Esta conducta omisiva de la autoridad policial explica el escaso número de apelaciones. La Policía Federal desde principios de este año tiene instalado y opera un sistema de video-filmación de partidos de fútbol. Resulta inexplicable que la Policía Federal se hubiera abstenido de utilizar esa técnica en oportunidad de la reciente inauguración en Palermo de la Exposición anual de Ganadería y Agricultura. A ello la obligaba el denominado “deber de diligencia”. Video-filmar las marchas de los jubilados, estudiantes y otras expresiones de protesta es una medida de control de la libertad de expresión que al Estado Nacional le prohíbe al art. 13 del Pacto de San José . Video filmar para la mayor y mejor individualización de los que “organizados” y “convocados” para ello fueron a empujar, insultar y agredir en Palermo a disidentes del Gobierno Nacional, periodistas, fotógrafos, hace a la garantización efectiva de la libertad de expresión, del derecho a la información y a la preservación de la integridad psico-física de los que fueron agredidos. Esos derechos ni se supenden en circunstancias extremas (guerras, situaciones de peligro público). Menos aún por la decisión política de quienes montaron las 3A. Tampoco se conoce a la fecha qué explicación debe darle al país el actual ministro del Interior, en cuanto a las responsabilidades de tal abstención y las consecuencias negativas que ello produjo (impunidad para la mayoría de los agresores). Finalmente debe recordarse que tampoco garantiza “el pleno ejercicio sobre bases igualitarias del derecho a elegir y ser elegido” el funcionario público que pretenda “que el actual modelo es irreversible”.


Buenos Aires, 23 de agosto de 1993.