En 1990, el 70% de los presos recluidos en cárceles de la provincia de Buenos Aires pasaron por institutos correccionales (La Nación, 24/5/90) cuando fueron menores. Este dato nos revela la política de las instituciones correccionales de desintegrar socialmente (la casi nula integración) a los sectores sometidos a las condiciones más miserables; la prueba es que el 90% de los que caen en estas instituciones pertenecen a sectores marginales: villas miserias, barrios pobres, etc.

Es contradictorio creer que estas instituciones van a recuperar a un menor sin modificar la raíz del problema, la miseria, por más proyectos y profesionales (sicólogos y asistentes, etc.) que manoseen la conciencia de los chicos, mal alimentados y con necesidades particulares —que lo integran socialmente— insatisfechas, además con un gran impulso a la desesperación (sicológica y biológica) que los ha hecho susceptibles de delinquir. Las instituciones resumen su tarea en ofrecer un lugar de desarrollo a esa misma forma de subsistencia, sencillamente porque el menor vuelve a la miseria (villa o barrio) y vuelve a buscar una salida a esa situación. Este proceso queda asegurado por la intervención del juez, agente del gobierno, que interponiéndose sobre los padres y la condición social, arbitra la vida del menor hasta los 18 años. O sea, hasta dejarlo totalmente desintegrado, social y familiarmente.

En los últimos años, la cantidad de delitos cometidos por menores aumentó un 50% (Clarín, 12/9) en la provincia de Buenos Aires. Esto se explica por el ataque a las condiciones de vida que lleva a cabo el gobierno, donde la caridad (calmante leve pero no la cura) no da abasto y donde el gobierno fomenta el delito con los menores que salen de los correccionales.

El subsecretario de Infancia, Familia y Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Norberto Liwsky, gastará 20 millones de dólares en remodelar los cuarenta institutos (Clarín, 26/9). La misma consta en construir cúpulas con capacidad para 6 personas, lo que significa la eliminación de los pabellones, que tienen capacidad para entre 30 y 50 personas. Esto significa una mayor contención ante los corrientes motines, que tuvieron su debut con el operativo al Aráoz Moreno (Prensa Obrera, 28/10). También retrata una política más general del gobierno de ajustar el carácter represivo de sus instituciones como consecuencia de los desbordes sociales, concientes e inconcientes, que se renuevan contra el hambre y la miseria del capitalismo.

El secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Pettigiani, ex juez, quien dota de un poderoso aparato represivo a la policía de la provincia, dice: la familia y la escuela no les ponen límites a los jóvenes, por lo que se los tiene que poner la policía o una bala de ella (Clarín, 12/9). Pero no son límites, son métodos que hacen al conjunto de la cirugía estatal. Lo demuestra la declaración del Director Nacional del Consejo del Menor, Atilio Alvarez, quien dice: la respuesta institucional frente a los chicos que piden y a los adolescentes de la calle es la represión. En la comisaría los etiquetan y en los Institutos los forman. O sea, convertir a esos chicos, que ponen en evidencia que este mundo no es para todos, en delincuentes. De esta manera, aceleran su desintegración humana.

Perspectiva

Frente a esta encrucijada planeada por criminales, el Partido Obrero es la única organización revolucionaria, conciente, que puede llenar de inmunidad a estos sectores y sacar de esta trampa mortal a los chicos. Por eso planteo la discusión:

* Abajo los institutos correccionales

* Fuera las manos de los jueces

* Por las escuelas-fábrica para los chicos

* Juicio y castigo a todos los responsables

* Mayoría de edad para los chicos

* Subsidio estatal y plan de viviendas para los villeros y sectores en igual o peor condición.

 

(Mar del Plata)