El miedo como arma electoral

Aparentemente, no nos al­canzará la vida para pagar la deuda de gratitud que tenemos con el actual gobierno. Esta deu­da proviene de la bendición que significa la estabilidad moneta­ria. Yo le pregunto a Ud., señor, si alguna vez votó o pidió a sus gobernantes que crearan la inestabilidad monetaria o la hiperinflación. Que los gobiernos manejen la cosa pública con ido­neidad es nuestro derecho. El art. 16 de la Constitución Nacio­nal dice, entre otras cosas: “To­dos los habitantes son igua­les ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra con­dición que la idoneidad


Producto de la falta de ido­neidad de quienes nos goberna­ron y nos gobiernan es el estado actual de las cosas. Por esa falta de idoneidad es que debimos malvender las empresas públi­cas y de servicios, sin que esto signifique que pretendamos vol­ver al Estado empresario. Por esa falta de idoneidad, también, es que tenemos la educación, la salud y la seguridad que tene­mos.


La propaganda oficial dice, o mejor dicho nos pregunta, si queremos volver a la falta de gas, a los cortes de luz o al desastre que eran las comunicaciones y el transporte; esta disyuntiva es algo así como una verdad de perogrullo, es lo mismo que decir “más vale rico y sano que pobre y enfermo”. Pero, ¿cuál es el mérito del gobierno en la mejora de los servicios públicos, si todo fue hecho por el sector privado? ¿Cuál es ahora el rol del Estado, si ni siquiera es efi­ciente a la  hora de controlar las empresas privatizadas? Empre­sas que, en su gran mayoría, son de capitales extranjeros, y como es lógico, las utilidades produc­to del esfuerzo nacional son re­mitidas a sus países de origen.


Privatizar las empresas sig­nificaba, además de la mejora en los servicios, quitar de las espaldas de la población la car­ga del déficit que estas empre­sas producían, y además, la po­sibilidad de recaudar más im­puestos, con lo que mejoraría­mos la salud, la educación, la seguridad, etcétera.


Nada de esto ocurrió, excep­to la mejora de las prestaciones. Pero el dinero producto de las privatizaciones se esfumó, el dé­ficit fiscal no bajó y el gobierno se arrogó para sí la potestad de empobrecer a más del 50% de la población en beneficio de muy pocos intereses, nacionales y transnacionales, haciendo caso omiso a lo expresamente nor­mado en el art. 29 de la Consti­tución Nacional, que dice: “El Congreso Nacional no pue­de conceder al Ejecutivo Nacional, ni las legislaturas provinciales a los goberna­dores de provincia, faculta­des extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o su­premacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o per­sona alguna”. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consien­tan o firmen, la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.