Correo de lectores
30/10/1997|562
El miedo como arma electoral
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Aparentemente, no nos alcanzará la vida para pagar la deuda de gratitud que tenemos con el actual gobierno. Esta deuda proviene de la bendición que significa la estabilidad monetaria. Yo le pregunto a Ud., señor, si alguna vez votó o pidió a sus gobernantes que crearan la inestabilidad monetaria o la hiperinflación. Que los gobiernos manejen la cosa pública con idoneidad es nuestro derecho. El art. 16 de la Constitución Nacional dice, entre otras cosas: “Todos los habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad
Producto de la falta de idoneidad de quienes nos gobernaron y nos gobiernan es el estado actual de las cosas. Por esa falta de idoneidad es que debimos malvender las empresas públicas y de servicios, sin que esto signifique que pretendamos volver al Estado empresario. Por esa falta de idoneidad, también, es que tenemos la educación, la salud y la seguridad que tenemos.
La propaganda oficial dice, o mejor dicho nos pregunta, si queremos volver a la falta de gas, a los cortes de luz o al desastre que eran las comunicaciones y el transporte; esta disyuntiva es algo así como una verdad de perogrullo, es lo mismo que decir “más vale rico y sano que pobre y enfermo”. Pero, ¿cuál es el mérito del gobierno en la mejora de los servicios públicos, si todo fue hecho por el sector privado? ¿Cuál es ahora el rol del Estado, si ni siquiera es eficiente a la hora de controlar las empresas privatizadas? Empresas que, en su gran mayoría, son de capitales extranjeros, y como es lógico, las utilidades producto del esfuerzo nacional son remitidas a sus países de origen.
Privatizar las empresas significaba, además de la mejora en los servicios, quitar de las espaldas de la población la carga del déficit que estas empresas producían, y además, la posibilidad de recaudar más impuestos, con lo que mejoraríamos la salud, la educación, la seguridad, etcétera.
Nada de esto ocurrió, excepto la mejora de las prestaciones. Pero el dinero producto de las privatizaciones se esfumó, el déficit fiscal no bajó y el gobierno se arrogó para sí la potestad de empobrecer a más del 50% de la población en beneficio de muy pocos intereses, nacionales y transnacionales, haciendo caso omiso a lo expresamente normado en el art. 29 de la Constitución Nacional, que dice: “El Congreso Nacional no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna”. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.